La crisis hizo que la economía sea el foco principal de todos los candidatos. La justicia es bien diagnosticada, pero no tiene una hoja de ruta clara. Hay coincidencias en salud y educación.
Bolivia se encamina a las elecciones presidenciales de 2025 en medio de una crisis que no se veía desde la década de los 80. Las comparaciones con aquel periodo de hiperinflación y tensiones políticas no son gratuitas: la economía tambalea, la justicia se ha convertido en un terreno de descrédito generalizado y las instituciones públicas parecen incapaces de responder a las demandas ciudadanas. A esto se suma un deterioro en los servicios de salud y una educación que no logra adaptarse a los desafíos del presente.
En este escenario, los planes de gobierno se presentan como hojas de ruta en dos direcciones opuestas. Por un lado, los candidatos de corte liberal apuestan por reducir drásticamente el tamaño del Estado, retirándolo de la producción y limitando su rol en la prestación de servicios. Del otro, los postulantes que provienen o se inspiran en el Movimiento Al Socialismo defienden un Estado fuerte, presente en los sectores estratégicos y con empresas públicas como motores de la economía.
Economía: Diagnóstico común, recetas divergentes
El consenso está en el diagnóstico: la economía está en crisis. El déficit fiscal ronda el 12% del PIB, el dólar paralelo casi duplica la cotización oficial y la escasez de carburantes —especialmente diésel— paraliza la producción y eleva los costos de transporte. El economista Gonzalo Chávez describe el momento como una “estanflación”: inflación elevada en un contexto de crecimiento mínimo. En 2024, el PIB creció apenas 0,7% y la inflación bordea el 17%.
Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga representan el ala más liberal. Ambos proponen medidas de shock: cierre de empresas estatales deficitarias, reducción drástica del gasto público y contratación de créditos externos con organismos multilaterales para inyectar dólares a la economía. Doria Medina promete estabilizar la situación en 100 días; Quiroga asegura que su plan internacional permitiría obtener recursos frescos antes de que termine el año. Entre las medidas más controversiales figura la eliminación de la subvención a los combustibles, con matices en la velocidad de aplicación. Rodrigo Paz se basa en una redistribución de recursos para que las regiones reciban el 50% del total.
En el lado estatista, los candidatos ligados al MAS proponen reforzar el control estatal sobre las exportaciones, aumentar la regulación en sectores clave y mantener a las empresas públicas como eje de la producción. No obstante, admiten que se requieren recortes en gastos improductivos.
Justicia: Todos saben qué, pocos saben cómo
Los programas reconocen la politización del sistema, la corrupción de consorcios entre jueces, fiscales y abogados, la retardación de causas y el insuficiente presupuesto del Órgano Judicial. Sin embargo, las propuestas son vagas o generales.
Doria Medina rompe la inercia proponiendo eliminar el Tribunal Constitucional, mientras que Carlos Eduardo del Castillo plantea la creación de un ente colegiado para supervisar la administración de justicia. La mayoría coincide en agilizar procesos, transparentar la elección de autoridades judiciales y reforzar el presupuesto.
Salud: Digitalizar para acercar
Los programas convergen en la idea de digitalizar la salud. Esto incluye permitir que las fichas para consultas médicas se gestionen en línea, reducir colas y tiempos de espera, y unificar la información de los pacientes en una historia clínica digital accesible en todo el país.
Rodrigo Paz Pereira vincula su plan a un nuevo pacto fiscal 50%-50% para redistribuir recursos y que la gestión de la salud recaiga en gobiernos departamentales y municipales.
Educación: Calidad y pertinencia
Doria Medina propone retomar la participación de Bolivia en mediciones internacionales para evaluar la calidad del aprendizaje, mientras que Quiroga defiende que el currículo escolar se adapte a las particularidades y necesidades de cada región. Hay también menciones a la modernización de la infraestructura educativa, la incorporación de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de la formación docente como pilares para mejorar el sistema.
Del papel a la realidad
En todos los casos, los planes de gobierno son ambiciosos y, en muchos puntos, coinciden en los diagnósticos. Sin embargo, persiste un patrón que la política boliviana conoce bien: la abundancia de objetivos sin la claridad de los medios para alcanzarlos.
