La Policía Boliviana aclaró hoy detalles sobre el cierre de comisarías que “operaban de manera irregular, sin autorización institucional o abiertas para extorsionar a la ciudadanía”, en el marco del Memorándum Circular N.º 82 y medidas recientes impulsadas por el nuevo comandante general, Mirko Sokol, enviada el sábado.
La institución destacó que las comisarías oficiales departamentales continuarán operando con normalidad y que todos los servicios oficiales futuros serán comunicados únicamente a través de los canales institucionales.
Medidas concretas
El cierre busca “evitar abusos, proteger a la ciudadanía y asegurar la transparencia del servicio policial”. Entre las acciones adoptadas se incluyen:
- Clausura inmediata de todas las comisarías no autorizadas o con actividad irregular.
- Cese de operaciones de las comisarías de tránsito a nivel nacional, tradicionalmente denunciadas por supuestas prácticas de cohecho.
- Elaboración de inventarios de bienes asignados a cada unidad, incluyendo mobiliario, equipos, vehículos y armamento.
- Reubicación del personal policial y administrativo afectado.
- Creación de oficinas de atención al público centralizadas en las Direcciones Departamentales de Tránsito, para mantener los servicios bajo un nuevo esquema institucional.
Contexto: ofensiva contra la corrupción
El comandante Sokol emitió un memorándum que prohíbe “solicitar, exigir, aceptar o insinuar la entrega de dinero, dádivas o beneficios” por parte de la ciudadanía, reforzando la lucha contra la corrupción y los cobros ilegales que se habrían registrado en dependencias no oficiales.
Importancia de la reestructuración
Durante años, diversas denuncias señalaron que algunas comisarías funcionaban como “puntos clandestinos” en barrios o municipios alejados, donde ciudadanos habrían sido víctimas de extorsión y malos tratos. La medida busca institucionalizar el servicio policial, mejorar la transparencia y recuperar la confianza de la población.
El cierre de las comisarías de tránsito y la prohibición estricta de cobros buscan centralizar los trámites, reducir la discrecionalidad y garantizar mayor control interno.
Riesgos y desafíos
Reubicación del personal: Es clave reasignar adecuadamente a los funcionarios, evitando desprotección en zonas periféricas.
Acceso ciudadano a servicios: La centralización debe garantizar cobertura en áreas rurales y alejadas.
Transparencia sostenible: La eliminación de prácticas irregulares requiere controles internos, supervisión ciudadana y rendición de cuentas constante.
Próximos pasos
La Policía comunicará por sus canales institucionales cualquier habilitación de nuevos servicios. Organizaciones ciudadanas y medios estarán atentos para verificar que la reestructuración no sea solo simbólica, sino que represente una transformación institucional real.
Para muchos bolivianos, el anuncio es un paso hacia la recuperación de legitimidad de la fuerza policial, con un servicio seguro, confiable y libre de abusos.
