El Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) suscribieron un acuerdo para la pacificación y recuperación del país que establece compromisos en materia de derechos humanos, política económica, combustibles, pensiones, medio ambiente y control social. Entre los puntos incluidos en el documento figuran la realización de una auditoría internacional por la denominada “gasolina basura”, la conformación de una comisión para gestionar la liberación de detenidos y la revisión de procesos vinculados al conflicto. El acuerdo fija un plazo máximo de 90 días para el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Table Of Content
- Comisión para detenidos y garantías para las organizaciones sociales
- Auditoría internacional por la “gasolina basura”
- Defensa de empresas públicas y recursos estratégicos
- Investigación de casos y mecanismos de fiscalización
- Socialización de normas y participación
- Pensiones, empleo y canasta familiar
- Medio ambiente y política exterior
- Plazo máximo de 90 días
Comisión para detenidos y garantías para las organizaciones sociales
En el capítulo referido a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación, el Gobierno se comprometió a no apoyar ni promover normas que criminalicen la protesta y a no realizar persecución política, judicial o mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas. Asimismo, el documento reconoce el rol de la COB y garantiza el respeto a su estructura orgánica y al fuero sindical.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se conformó una comisión legal integrada por representantes del Órgano Ejecutivo y de la Central Obrera Boliviana, con el apoyo del Ministerio Público en el marco de sus competencias. Esta instancia tendrá la tarea de gestionar la liberación de personas detenidas y revisar los procesos relacionados con los conflictos.
El texto también establece el rechazo a toda forma de racismo, discriminación o estigmatización contra pueblos indígenas, comunidades campesinas, trabajadores y otros sectores de la población.
Auditoría internacional por la “gasolina basura”
En materia de hidrocarburos, el Gobierno asumió el compromiso de garantizar el abastecimiento de combustibles, mantener los estándares de calidad, preservar la sostenibilidad de la política interna de precios e impulsar el incremento de la producción nacional.
El acuerdo también señala que el Ejecutivo presentará un informe detallado sobre los resarcimientos y compensaciones por daños y perjuicios ocasionados por la denominada “gasolina basura”.
Además, se realizará una auditoría técnica y financiera externa independiente a cargo de una empresa auditora internacional, con el objetivo de identificar responsabilidades en la adquisición de ese combustible.
De manera paralela, se instalará una mesa técnica con participación de los sectores afectados, especialmente del transporte, para verificar la calidad del combustible, evaluar los daños reportados y analizar las medidas que correspondan.
Defensa de empresas públicas y recursos estratégicos
Otro de los ejes del acuerdo está vinculado a la soberanía económica y la defensa de empresas públicas. El Gobierno ratificó que no impulsará la privatización de empresas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado.
Asimismo, reafirmó su compromiso de realizar gestiones e inversiones en el sector productivo minero asalariado y de otorgar garantías jurídicas y sociales a las empresas públicas, privadas y autogestionarias consideradas estratégicas.
Respecto al financiamiento externo, el documento establece que toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales deberá desarrollarse conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del país.
El acuerdo también contempla la instalación inmediata de una mesa técnica para abordar la distribución de recursos y el pacto fiscal dentro del marco constitucional y del régimen autonómico.
Investigación de casos y mecanismos de fiscalización
En el apartado referido a transparencia e investigación soberana, el Gobierno manifestó que no permitirá injerencia extranjera y respaldará la conformación de una comisión especial mixta legislativa para investigar el caso denominado “narco maderas” o droga incautada en Chile.
Asimismo, dejó constancia de que el caso denominado “narco maletas” ya cuenta con una comisión especial de investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la que se brindará cooperación institucional dentro del marco legal correspondiente.
Socialización de normas y participación
El documento establece que el Gobierno promoverá mecanismos de socialización, participación y consulta antes de aprobar normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial.
Asimismo, señala que cuando las medidas involucren directamente a pueblos indígena originario campesinos se aplicarán los mecanismos de consulta previstos por la Constitución y la normativa vigente.
Pensiones, empleo y canasta familiar
El acuerdo incorpora medidas orientadas a la protección de la canasta familiar, el fortalecimiento de la producción nacional, la mejora del abastecimiento de productos esenciales, la preservación del empleo y la protección del salario real.
Además, el Gobierno se comprometió a conformar de manera inmediata una comisión técnica para revisar la Ley Nº 065 de Pensiones, considerando criterios de sostenibilidad financiera, estudios actuariales, fuentes de financiamiento y protección de los trabajadores.
De igual forma, se instalarán mesas de trabajo para abordar el pliego petitorio de la COB y las demandas sectoriales específicas en temas laborales, productivos, sociales y de seguridad social.
Medio ambiente y política exterior
El acuerdo prevé la conformación de una mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa relacionada con áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales y protección ambiental.
También establece el compromiso de no autorizar actividades que vulneren áreas protegidas o derechos colectivos reconocidos por la Constitución y de garantizar que las actividades económicas se desarrollen conforme a la normativa ambiental vigente.
En política internacional, el Gobierno ratificó una política exterior basada en la paz, la soberanía, la independencia nacional, la integración de los pueblos y la defensa de los intereses de Bolivia.
Plazo máximo de 90 días
Como disposición final, el documento establece que todos los puntos acordados deberán ejecutarse en tiempos y plazos oportunos que no excedan los 90 días. El cumplimiento de ese cronograma forma parte de los compromisos suscritos entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana en el marco del acuerdo de pacificación.
