La situación judicial del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo se complica tras la presentación de una nueva denuncia penal en su contra por parte del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
La acción fue formalizada por el abogado Martín Camacho, quien lo acusa de secuestro, tortura, vejámenes y delitos de corrupción vinculados al operativo policial de diciembre de 2022, cuando el entonces ministro dirigió el traslado de Camacho desde Santa Cruz a La Paz por el caso denominado “Golpe de Estado”.
El jurista informó que en la querella se solicitó la aprehensión inmediata de Del Castillo, al considerar que existen “suficientes elementos de probabilidad de autoría” y un “alto riesgo de fuga”, tomando en cuenta los recientes intentos del exministro de abandonar el país desde el aeropuerto de Viru Viru. Sostuvo que el operativo de 2022 constituyó un secuestro porque se habría ejecutado sin orden previa ni respeto al debido proceso, extremos que, según la denuncia, vulneraron derechos y garantías constitucionales del gobernador cruceño.
Medios nacionales reportan que la denuncia también incluye tipos penales vinculados a corrupción pública, como resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, al atribuir a Del Castillo el uso abusivo de su cargo para ordenar el operativo. Paralelamente, el exministro enfrenta otro proceso por presunta obstrucción a la labor policial, a raíz del incidente registrado cuando intentó salir del país, hecho que para la defensa de Camacho refuerza el argumento de peligro de fuga.
