El Ministerio de Educación ha emitido la Resolución 0001/2026, que regula la gestión escolar de este año. Entre sus disposiciones, el punto más crítico es la restricción de edad para el ingreso a primero de primaria: solo podrán inscribirse los niños que tengan seis años cumplidos al 31 de marzo. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable que el Gobierno parece ignorar: ¿Qué pasará con los niños excluidos por esta decisión y quién asumirá el costo de su permanencia en el sistema inicial?
Hablemos de números, que en este caso son rostros. En Bolivia nacen aproximadamente entre 240,000 y 250,000 niños al año; es decir, unos 20,000 por mes. El grupo afectado por esta norma son los niños que cumplen seis años entre el 1 de abril y el 31 de diciembre. Hablamos de 180,000 niños que, por un tema de calendario, se ven obligados a repetir el Kínder.
No es una cifra menor. Esta decisión no solo afecta el desarrollo cronológico del estudiante, sino que impacta directamente en el bolsillo de las familias bolivianas. Cuando el Estado implementa una norma con un impacto económico tan nítido —como obligar a pagar un año extra de mensualidades, material escolar y uniformes—, es imperativo que existan políticas de compensación.
¿Tiene el Ministerio de Educación un plan para estos padres? ¿O será el ciudadano, que ya soporta una crisis asfixiante, quien deba cargar sobre sus espaldas un año más de gastos no planificados?
Es necesario aclarar que no cuestiono el sustento pedagógico de la medida; es probable que la madurez cognitiva deba priorizarse. Sin embargo, la norma carece de contenido social. Las medidas educativas no se quedan encerradas en el aula; se trasladan al hogar y alteran la economía doméstica.
Para las familias con menos recursos, la falta de flexibilidad laboral significa que, si el niño no avanza de curso o requiere cuidados adicionales, un adulto debe dejar de trabajar o invertir en cuidados externos. Esto genera una pérdida neta de ingresos que golpea a ciudadanos con bolsillos ya diezmados.
Desde el punto de vista de las políticas públicas, el Estado debe ser coherente. Si el objetivo es mejorar la calidad educativa, pero el método empobrece a la familia, el resultado social es negativo. Lanzar una reforma ignorando la realidad económica es, en términos llanos, una visión incompleta e irresponsable de la equidad social.
Dado que este retraso escolar implica un año de gastos imprevistos, el Estado debería otorgar el Bono Juancito Pinto reforzado para todos los niños obligados a permanecer en el nivel inicial, sin distinguir entre educación pública o privada. En esta situación, todos enfrentan la misma pérdida económica.
En la Bolivia de 2026, una buena intención pedagógica no puede convertirse en un castigo económico. Una reforma educativa exitosa solo es posible si va de la mano con una política de protección social real.
