Europa atraviesa tensiones y Francia suele aparecer como ejemplo de una sociedad fracturada. Algunos analistas atribuyen parte del malestar a dificultades de integración migratoria y al agotamiento de políticas de bienestar que consideran insostenibles. Pero reducir los problemas europeos a esas causas simplifica una realidad compleja. Mientras los gobiernos discuten sus crisis internas, otro incendio amenaza la estabilidad: las guerras y las decisiones de Donald Trump, cuyos costos cruzan fronteras.
Trump protagoniza una política exterior imprevisible, en la que amenazas, negociaciones y fuerza militar se alternan según la conveniencia. Su segundo mandato no es una continuación del de Joe Biden: su política hacia Ucrania y Rusia ha cambiado de tono. Pero la intervención estadounidense en Venezuela y la guerra contra Irán han añadido preguntas sobre los objetivos estratégicos y económicos de Washington.
Como dice mi padre, detrás de cada guerra suelen existir motivos económicos, aunque ningún conflicto se explique por una sola causa. Basta seguir el petróleo y el gas para identificar intereses que crecen durante la confrontación. La guerra de Ucrania alteró el mercado energético europeo y aceleró la búsqueda de proveedores. Estados Unidos y Noruega ampliaron oportunidades comerciales, pero eso no demuestra que Washington provocara el conflicto para desplazar a Rusia.
Venezuela representa una disputa directa por los recursos. La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y los acuerdos posteriores sobre el petróleo colocaron bajo presión el destino de una de las mayores reservas del planeta: 303.221 millones de barriles, según la OPEP. Esa cifra no significa que todo el crudo pueda extraerse de inmediato; hacen falta inversiones e infraestructura. Pero cuando una intervención coincide con acceso a recursos estratégicos, las preguntas son inevitables.
Llamar colonia a Venezuela es una condena política, no una descripción jurídica. La cuestión es quién decide las condiciones de explotación, qué ingresos quedan en el país y cuánto margen conserva la población para decidir sobre su riqueza. Chevron mantiene operaciones venezolanas, mientras ExxonMobil y ConocoPhillips arrastran disputas con Caracas. Las petroleras no tienen garantizado el negocio, pero el crudo sigue siendo pieza central de la presión diplomática.
La industria armamentística se beneficia del aumento de la incertidumbre. Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman y General Dynamics, junto con Rheinmetall, BAE Systems, Leonardo, Thales y Saab, abastecen a gobiernos que refuerzan sus arsenales. La cifra de 4,77 billones de dólares en cinco años requiere precisar qué ventas y periodos comprende antes de compararse con 90 años de producción boliviana. El negocio es amplio, pero la denuncia debe apoyarse en números comparables.
El asunto se vuelve más delicado cuando aparecen inversiones relacionadas con el presidente y su familia. Investigaciones financieras identificaron acciones de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips entre inversiones vinculadas a Trump. CNBC calculó que sus principales inversiones energéticas aumentaron entre 1,5 y 4,4 millones de dólares durante los primeros seis meses de la guerra con Irán. El informe no encontró pruebas de operaciones con información privilegiada ni de que esas tenencias determinaran la política oficial.
Esa salvedad no elimina el problema ético: lo vuelve más preciso. Las inversiones no demuestran corrupción, pero la superposición entre intereses privados y decisiones públicas exige transparencia y controles independientes. También deben documentarse los vínculos de Donald Jr. y Eric Trump con fondos y compañías tecnológicas de defensa, y cualquier relación con contratos del Pentágono. No hace falta proclamar culpabilidad para exigir que la presidencia no se convierta en ventaja comercial para su entorno.
Los perjudicados son mucho más numerosos que los posibles beneficiarios. Cuando se encarece el petróleo, suben los costos del diésel, el transporte, la agricultura, los fertilizantes y los alimentos. El efecto varía según impuestos, subsidios y tipo de cambio; por eso, afirmar que el diésel sudamericano pasó de un dólar a 1,53 por litro exige fuente y fechas comparables. Pero la lógica es clara: la energía cara presiona los presupuestos familiares y empresariales.
Bolivia es vulnerable por su dependencia de combustibles importados y el costo fiscal de abastecer el mercado. Cada incremento internacional puede presionar las divisas, las cuentas públicas y la logística. El transportista afronta mayores gastos; el productor paga más por maquinaria y distribución; el comerciante decide cuánto trasladar al consumidor. Quienes no participan en decisiones militares terminan asumiendo parte de sus consecuencias.
El pragmatismo de Trump quedó expuesto al negociar compras de diésel ruso. Tras presionar a Europa para reducir su dependencia de Moscú, Washington busca suministros rusos para aliviar los precios internos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Reuters informó el 23 de octubre que un buque con 40.000 toneladas de diésel ruso se dirige a Nueva York. El cargamento no garantiza rebajas, pero evidencia la contradicción.
No se puede asegurar que Trump reanudará las hostilidades después de las elecciones ni que el resultado legislativo lo frenará. Son escenarios, no hechos. Los aranceles, la incertidumbre militar y los cambios de política dificultan la planificación. Las alianzas con Europa, Reino Unido, Japón y Corea del Sur no pueden sostenerse sobre amenazas. La confianza se deteriora cuando los socios desconocen si serán aliados, clientes o blancos de presión.
Trump, el Nerón del siglo XXI, simboliza un poder dispuesto a incendiar equilibrios y trasladar costos a otros. No hace falta demostrar que cada guerra enriquece a petroleras o fabricantes de armas para cuestionar sus consecuencias. Mientras algunas empresas amplían mercados y contratos, millones afrontan combustibles y alimentos caros, además de presupuestos públicos presionados. La pregunta es: ¿quién obtiene beneficios y quién paga la destrucción?
