Los mercados y ferias populares de nuestras ciudades han vivido, a lo largo de la última década, una sucesión de incendios que debería llevarnos a una reflexión profunda, no solo como ciudades locales, sino como país que aún no termina de incorporar la cultura de la prevención y la protección financiera frente a este tipo de riesgos. En distintas regiones de Bolivia se registraron, en los últimos años, más de una decena de siniestros de gran magnitud en centros de abastecimiento o comercios, dejando una constante dolorosa: pérdidas millonarias para vendedores que ven desaparecer en cuestión de horas el esfuerzo de toda una vida.
Detrás de cada uno de estos episodios hay algo más que infraestructura destruida. Hay familias que dependían de un puesto de pocos metros cuadrados para sostener su economía, hay créditos que quedan pendientes de pago sin el capital de trabajo que los respaldaba, y hay un tejido económico popular que, siniestro tras siniestro, se ve obligado a reconstruirse desde cero.
Las causas son repetitivas en distintos centros de abasto del país: conexiones eléctricas precarias, ausencia de sistemas de detección, manejo de mercadería como juegos pirotécnicos y que no tienen un debido control, infraestructuras improvisadas y la falta de una cultura preventiva que todavía no logra instalarse con la fuerza necesaria entre comerciantes, administradores y autoridades.
Frente a este panorama, cabe preguntarnos: ¿qué estamos haciendo, como sociedad, para que el patrimonio de miles de familias no dependa exclusivamente de que el fuego no llegue?, la respuesta no está solo en la normativa ni en la fiscalización municipal, aunque ambas son indispensables. Está también en la posibilidad de contar con herramientas financieras que permitan a las y los comerciantes proteger su capital de trabajo frente a un riesgo que, lamentablemente, se viene escuchando desde hace años.
En distintos países de la región, la protección patrimonial de mercados populares forma parte activa de la política pública y del ecosistema asegurador. Municipios, gremios y compañías de seguros trabajan de manera articulada para diseñar coberturas colectivas y accesibles, ajustadas a la realidad de quienes venden ropa, alimentos, electrodomésticos, productos o insumos en espacios reducidos y de alta concentración comercial. Ese modelo no elimina el riesgo de incendio, pero sí evita que un siniestro se traduzca en la pérdida total del patrimonio de una familia.
Un seguro contra incendios para comerciantes de mercados y ferias no debería entenderse como un gasto adicional, sino como una inversión mínima frente a una pérdida potencialmente irreversible. Con esquemas colectivos, negociados junto a federaciones, asociaciones gremiales o gobiernos municipales, es perfectamente viable construir una cultura de aseguramiento masivo en estos espacios, con primas accesibles y adaptadas a la capacidad económica de cada vendedor.
Además, la relación entre asegurador y asegurado no debería limitarse a indemnizar tras el siniestro: mediante inspecciones y peritajes periódicos, las aseguradoras pueden convertirse en aliadas activas en la reducción del riesgo, incentivando mejoras en instalaciones eléctricas y espacios seguros a cambio de mejores condiciones de póliza.
Desde la experiencia en seguros creemos que este es un momento oportuno para impulsar ese debate a nivel nacional, no desde la coyuntura ni desde el dolor de quienes hoy enfrentan pérdidas en distintas ciudades del país, sino desde una mirada de futuro compartida entre autoridades, gremios y sector asegurador. Los procesos de evaluación y fiscalización que distintos gobiernos municipales vienen impulsando son una oportunidad para articular, junto al sector privado, esquemas de protección financiera que acompañen cualquier plan de prevención estructural.
Los incendios en los mercados no son una fatalidad del destino, son, en gran medida, un riesgo conocido y gestionable. Ya sabemos las causas, ya sabemos el costo humano y económico de no actuar. Lo que falta es la decisión colectiva: de las autoridades para exigir condiciones seguras, de los dirigentes gremiales para adoptarlas, y del sector asegurador para acercar soluciones reales y accesibles a quienes más lo necesitan. Proteger el patrimonio de miles de familias comerciantes no es solo posible: es, hoy más que nunca, una tarea impostergable, sin importar en qué ciudad de Bolivia se encuentren.
