Las víctimas del caso Hotel Las Américas presentaron este martes una denuncia penal contra 153 personas ante la Fiscalía de Santa Cruz, en una nueva acción judicial vinculada al operativo policial ocurrido en abril de 2009. Entre los denunciados figuran exautoridades del gobierno de Evo Morales, además de fiscales, jueces, policías y exintegrantes de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC).
Table Of Content
La denuncia fue presentada por Juan Carlos Guedes Bruno y David Sejas López, ambos vinculados en su momento a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes sostienen que cuentan con documentación y elementos de prueba para impulsar una investigación sobre los hechos ocurridos hace 17 años.
El memorial atribuye a los denunciados, según la acusación presentada, posibles responsabilidades por delitos como asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad, lesiones y resoluciones contrarias a las leyes, entre otros.
Exautoridades y funcionarios entre los denunciados
La lista incluye a exautoridades del Gobierno de Morales, entre ellas David Choquehuanca, Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Sacha Llorenti, Alfredo Rada y Héctor Arce Zaconeta, además de exfiscales generales y otros funcionarios vinculados al proceso.
También figuran los exfiscales generales Mario Uribe, Ramiro Guerrero y Juan Lanchipa, así como Marcelo Soza, quien estuvo a cargo de la investigación fiscal del caso Hotel Las Américas.
Entre los denunciados también aparecen exdiputados, exfuncionarios públicos, policías y otros operadores de justicia. Guedes sostuvo que, a partir de la documentación obtenida, se identificaron posibles responsabilidades en distintos grados de participación.
La denuncia deberá ser analizada por el Ministerio Público, que tendrá que determinar las actuaciones que correspondan dentro de la investigación.
Las víctimas cuestionan cumplimiento de recomendaciones de la CIDH
David Sejas señaló que durante el gobierno de Luis Arce no se atendieron, según su denuncia, las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con las víctimas del caso.
El Estado boliviano recibió en septiembre de 2022 cuatro directrices vinculadas al caso. Estas contemplan medidas de reparación para las víctimas, atención y rehabilitación física y psicológica, investigación y juzgamiento de los responsables, además de reformas destinadas a evitar la repetición de hechos similares.
Los denunciantes sostienen que la nueva acción penal busca reactivar la investigación sobre las responsabilidades relacionadas con el operativo y los hechos posteriores.
Un caso que se remonta a 2009
El caso Hotel Las Américas se originó en abril de 2009, después del atentado con explosivos contra la residencia del entonces cardenal Julio Terrazas en Santa Cruz de la Sierra.
La madrugada del 16 de abril de ese año, efectivos de la UTARC ingresaron al Hotel Las Américas, ubicado en las inmediaciones de la plaza 24 de Septiembre. El operativo terminó con la muerte de Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosy y Michael Dwyer, mientras Mario Tadic y Elöd Tóásó sobrevivieron y fueron detenidos.
El entonces presidente Evo Morales confirmó desde Venezuela que había ordenado el operativo y sostuvo que la acción permitió desarticular un supuesto grupo que pretendía atentar contra su Gobierno y promover la separación del país. Esa fue la versión oficial sostenida por las autoridades de entonces.
Posteriormente, la Fiscalía inició un proceso contra decenas de personas vinculadas al denominado caso terrorismo. La investigación estuvo a cargo del fiscal Marcelo Soza, quien posteriormente salió del país y fue condenado por un caso de extorsión.
El proceso judicial se inició en 2012 y se prolongó durante años, con acusados que permanecieron en Bolivia y otros que abandonaron el país y solicitaron refugio en el extranjero.
La nueva denuncia presentada en Santa Cruz vuelve a poner el caso Hotel Las Américas en el ámbito judicial, esta vez a partir de la acción promovida por dos de las víctimas, que buscan que se investigue la responsabilidad de las 153 personas incluidas en el memorial.
