En estos días, en los que vivimos un ecocidio en nuestra región, llegó a mis manos una investigación de OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief), cuyo título despertó mi interés: “A fuego y mercurio. Crisis ecológica y desigualdades en Bolivia”.
Los informes de esta confederación internacional —formada por 19 ONG—, se elaboran para compartir resultados de estudios dirigidos a contribuir al debate público e intercambiar ideas sobre políticas y prácticas para combatir las desigualdades. OXFAM realiza labores humanitarias en 90 países y su lema es: “trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento”.
En la presentación del trabajo, los investigadores señalan que: “la crisis ecológica en Bolivia constituye uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo, no solo por sus devastadores efectos ambientales, sino sobre todo por su profunda interrelación con las persistentes desigualdades socioeconómicas y culturales”.
Como se ha dicho siempre, Bolivia —un país rico en biodiversidad y recursos naturales—, enfrenta una paradoja inquietante: mientras que su marco normativo promueve el desarrollo sostenible y la armonía con la naturaleza, la realidad es que tan solo enunciar estos principios es insuficiente. “La expansión de actividades extractivas, como la minería y la agroindustria, ha exacerbado los problemas ambientales, generando un ciclo de pobreza y vulnerabilidad que parece inquebrantable. Este modelo de desarrollo extractivista no solo degrada el medio ambiente, sino que perpetúa las desigualdades estructurales, afectando la salud, los ingresos y la seguridad alimentaria de las poblaciones más desfavorecidas”.
Un hallazgo particular de esta investigación es “la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres de las comunidades que viven en la primera línea de la degradación ambiental”. Estas mujeres asumen tanto las labores domésticas como la provisión de recursos para sus familias, mientras lidian con los impactos del cambio climático y la falta de apoyo estatal.
Se dice que nuestro país tiene un “exceso” de leyes que, no solo no se cumplen, sino que, en algunos casos están en contrarruta de los grandes postulados con los que llegó el actual gobierno. Supuestamente, tenemos un marco constitucional y normativo avanzado que promueve el “Vivir Bien”, en armonía con la naturaleza. Sin embargo, hay una notable brecha entre los principios declarados y su implementación efectiva, lo que evidencia la necesidad de superar varios obstáculos, resistencias y desafíos.
Lo que estamos viviendo en estos meses, con niveles de contaminación insoportables e insalubres, es producto de una acelerada y creciente pérdida de bosques y ecosistemas no forestales. Los agronegocios, impulsados por la expansión agrícola y ganadera, así como por el negocio de la tierra —donde los “interculturales” del partido de gobierno, son los protagonistas— están provocando una crisis ambiental y climática de magnitudes alarmantes con serias repercusiones socioeconómicas y ecológicas.
El propio Estado fomenta esta expansión mediante subsidios —gasolina y diésel—, créditos y privilegios para los involucrados. Solo como un dato, de los muchos que aparecen: “entre 2018 y 2022, la expansión agrícola y pecuaria fue responsable del 97% de la deforestación” (Mapbiomas Bolivia, 2024). Según OXFAM: “contrario a la percepción común, las empresas y propietarios de terrenos medianos son los mayores contribuyentes a los incendios forestales y la deforestación, no las comunidades indígenas o campesinas”.
“La minería aurífera en Bolivia, aunque es una fuente significativa de ingresos, tiene un impacto negativo considerable en el medio ambiente y la salud de las comunidades locales. La contaminación por mercurio y la deforestación son problemas graves que requieren atención urgente. Las políticas fiscales y de subvenciones favorecen desproporcionadamente al sector cooperativo, resultando en una baja contribución fiscal y perpetuando las desigualdades sociales y económicas”, señala la investigación.
“A fuego y mercurio. Crisis ecológica y desigualdades en Bolivia” es un informe que merece un análisis crítico y exhaustivo para enriquecer el debate público y, después que las lluvias apaguen el fuego, se puedan replantear políticas públicas que nos permitan avanzar hacia un desarrollo —verdaderamente—, sostenible y equitativo, limitando el extractivismo y promoviendo la participación inclusiva de las comunidades, que ahora sufren por las devastaciones del fuego y la toxicidad del mercurio.
