Ley 316: advierten que cambios permitirían desmontes en zonas protegidas de los ríos de Santa Cruz

La modificación de las normas que regulan el uso del suelo en Santa Cruz podría abrir la puerta a desmontes en áreas que anteriormente tenían protección especial. La advertencia fue realizada por el ingeniero Luis Alberto Castro, exsecretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de la Gobernación cruceña, quien cuestionó los alcances de la Ley Departamental 316 y sostuvo que los cambios introducidos no corrigieron sus disposiciones más controvertidas.

En una entrevista con el programa Desayuno Informado, de Asuntos Centrales, Castro explicó que el problema está relacionado con las restricciones para intervenir terrenos próximos a los ríos y otras zonas ambientalmente sensibles. A su juicio, la modificación de una palabra en la normativa puede tener consecuencias importantes: donde antes estaba expresamente prohibido desmontar, ahora se establece que la actividad es limitada.

La preocupación alcanza a las riberas de los ríos Piraí, Grande y Yapacaní, además del cordón ecológico de Santa Cruz.

El cambio de «prohibido» a «limitado» que genera preocupación

Castro recordó que el Plan de Uso del Suelo (PLUS) contempla seis categorías de clasificación territorial. Una de las más sensibles corresponde a las tierras de uso restringido, donde se encuentran áreas cercanas a los principales ríos del departamento.

Según explicó, estas zonas deberían conservar entre uno y cinco kilómetros de cobertura boscosa en sus márgenes, dependiendo de sus características. La normativa establecía que el desmonte estaba prohibido en esa categoría.

Sin embargo, cuestionó que la Ley Departamental 316 incorporara estudios de aptitud de suelos y modificara el alcance de las restricciones. El principal problema, según su interpretación, fue sustituir la prohibición expresa por una condición de uso limitado.

«Donde dice prohibido, bajo ningún concepto se puede cambiar», sostuvo durante la entrevista.

Para el ingeniero, esta modificación abre la posibilidad de justificar desmontes mediante estudios técnicos, incluso en espacios que originalmente debían permanecer protegidos.

También advirtió que una disposición de este tipo podría entrar en conflicto con la normativa de mayor jerarquía que establece las categorías de uso del suelo.

La Ley 393 y una corrección que, según Castro, no resolvió el problema

Durante la conversación, Castro explicó que realizó gestiones ante la Asamblea Legislativa Departamental para corregir las disposiciones cuestionadas.

Recordó que, junto con la entonces presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Katia Quiroga, impulsó reuniones y planteamientos durante aproximadamente un año.

Ese proceso derivó en la aprobación de la Ley Departamental 393, presentada como una corrección de la Ley 316.

Sin embargo, considera que el resultado fue insuficiente. Según su explicación, la nueva norma menciona las modificaciones en su exposición de motivos, pero no introduce los cambios correspondientes en el cuerpo legal.

«Solamente en los enunciados que se llaman exposición de motivos menciona el caso de una corrección, pero en el cuerpo, en la ley, todo sigue igual», cuestionó.

Esta situación, sostiene, habría permitido que continúen autorizándose desmontes bajo una interpretación de la normativa que considera equivocada.

Su principal preocupación apunta a que las autorizaciones emitidas por las instituciones competentes puedan consolidar intervenciones difíciles de revertir posteriormente.

El cordón ecológico y las riberas del Piraí están en riesgo

Uno de los puntos más delicados de la denuncia es la posibilidad de que los cambios normativos faciliten intervenciones en el cordón ecológico de Santa Cruz.

Castro mencionó desmontes de entre 40 y 50 hectáreas en esa zona y advirtió que la Ley 316 podría utilizarse como argumento para justificar nuevas intervenciones.

También cuestionó el papel de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), a la que atribuyó responsabilidad por permitir desmontes y no actuar con la suficiente firmeza frente a las invasiones de áreas protegidas.

En su criterio, existe una confusión entre las competencias de las instituciones. Recordó que la ABT tiene funciones de fiscalización y control forestal, mientras que la regulación del uso del suelo corresponde a las entidades autónomas, de acuerdo con el marco constitucional.

Por ello, considera necesario revisar las autorizaciones concedidas y determinar si se ajustan a las disposiciones legales vigentes.

La advertencia ante el fenómeno de El Niño y el riesgo de inundaciones

Más allá de la discusión jurídica, Castro alertó sobre las consecuencias ambientales que podrían producirse si continúan los desmontes en las riberas de los ríos.

Advirtió que la eliminación de la cobertura vegetal reduce las barreras naturales que protegen a las poblaciones frente a las crecidas y desbordes.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, que podría generar condiciones climáticas adversas y episodios de lluvias intensas.

«Estamos dando lugar a destruir las protecciones que tienen no solamente Santa Cruz, sino otras ciudades y otros espacios territoriales», manifestó.

Los bosques ribereños cumplen una función importante en la protección de los suelos, la regulación del agua y la conservación de los ecosistemas. Su deterioro puede incrementar la vulnerabilidad de las comunidades cercanas a los ríos.

Ante este escenario, Castro anunció que buscaría apoyo de especialistas para cuantificar, mediante imágenes satelitales, la superficie desmontada en áreas que anteriormente estaban sujetas a prohibiciones.

Castro pide respuestas a la Asamblea y a las instituciones cruceñas

El ingeniero aseguró que ya hizo llegar sus observaciones a la Asamblea Legislativa Departamental, al Comité pro Santa Cruz y a otras instituciones relacionadas con la protección territorial.

Sin embargo, afirmó que no recibió respuestas satisfactorias y decidió llevar la denuncia a los medios de comunicación para generar atención pública.

También cuestionó la falta de compromiso de algunos sectores que, en su opinión, priorizan intereses particulares por encima de la protección de los recursos naturales.

«Dejemos de ser cruceños de septiembre», expresó, al criticar que la defensa de Santa Cruz se limite a discursos y celebraciones, mientras se descuidan problemas que afectan directamente al territorio y a la población.

Para Castro, la discusión sobre la Ley 316 no puede reducirse a un asunto administrativo o técnico. Está en juego la protección de las fuentes de agua, los bosques y las zonas que funcionan como barreras naturales frente a las inundaciones.

La advertencia plantea un desafío para las autoridades departamentales: revisar el alcance de las leyes 316 y 393, aclarar las competencias institucionales y garantizar que las autorizaciones de desmonte respeten las restricciones ambientales.

La pregunta de fondo es si Santa Cruz está protegiendo su territorio para las próximas generaciones o si está permitiendo que decisiones de corto plazo comprometan sus recursos naturales y la seguridad de sus habitantes.