Paraguay destituye a Santiago Peña: Esteban Caballero explica la crisis política y la llegada de Pedro Alliana
El analista paraguayo Esteban Caballero explica las disputas internas del Partido Colorado, el juicio político contra Peña y los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno de Pedro Alliana.
La crisis política en Paraguay abrió un escenario de incertidumbre sobre el futuro del presidente Santiago Peña, su posible salida del cargo y el mecanismo constitucional para definir a su sucesor. El conflicto también expone las disputas internas dentro del Partido Colorado, especialmente entre los sectores vinculados al cartismo y al peñismo.
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En una entrevista con Asuntos Centrales, el analista político paraguayo Esteban Caballero explicó que el proceso todavía dependía de las decisiones del Congreso. Según detalló, la Cámara de Diputados debía definir si aceptaba la renuncia presentada por Peña o si continuaba el procedimiento de juicio político.
La sesión bicameral había sido levantada sin una decisión definitiva, por lo que el escenario permanecía abierto.
La renuncia de Santiago Peña y el juicio político
Caballero señaló que la renuncia presidencial tenía implicaciones políticas que iban más allá de una salida anticipada del Gobierno. A su juicio, Peña buscaba evitar un juicio político público en el que se debatieran las acusaciones presentadas en su contra.
Sin embargo, si el Congreso rechazaba la renuncia, el mandatario continuaría formalmente en funciones y tendría que enfrentar el proceso de juicio político.
El analista explicó que, en Paraguay, la renuncia presidencial debe ser aceptada para que el mandatario deje oficialmente el cargo. Por tanto, su presentación no significa automáticamente que se active la sucesión constitucional.
También indicó que un juicio político podría resolverse en pocos días, debido a que su desenlace depende principalmente de las decisiones y los votos de los legisladores.
Pedro Alliana y la sucesión presidencial
En caso de producirse una vacancia en la Presidencia, el vicepresidente Pedro Alliana sería el primero en la línea de sucesión, de acuerdo con la explicación de Caballero.
Este escenario permitiría al Partido Colorado mantener el Gobierno y reorganizar el gabinete para completar el actual periodo presidencial, previsto hasta 2028.
Además, el vicepresidente tendría que ser reemplazado mediante el mecanismo de elección parlamentaria correspondiente.
Caballero sostuvo que esta alternativa formaba parte de los cálculos de un sector del oficialismo, particularmente del movimiento Honor Colorado, vinculado al expresidente Horacio Cartes.
No obstante, las diferencias dentro del propio partido dificultaban alcanzar una posición unificada sobre la salida de Peña.
La disputa entre Horacio Cartes y Santiago Peña
Para Caballero, uno de los factores centrales de la crisis es el enfrentamiento entre los sectores del cartismo y el peñismo.
El analista recordó que Cartes había impulsado la candidatura presidencial de Pedro Alliana y planteado incluso quién podría acompañarlo en una futura fórmula electoral.
Sin embargo, Alliana puso límites a esa iniciativa al considerar que todavía no era el momento de definir una candidatura vicepresidencial.
La reacción de Cartes fue retirar su respaldo político, pero varios dirigentes colorados continuaron apoyando a Alliana. Entre ellos estaba el propio Santiago Peña.
Ese episodio contribuyó a la aparición de un sector identificado como peñismo, que comenzó a marcar diferencias con el liderazgo de Cartes.
Según Caballero, la crisis actual reactivó esas tensiones. El expresidente habría vuelto a respaldar una salida política que podía terminar con la continuidad de Peña, mientras se abría nuevamente la posibilidad de que Alliana asumiera un papel central.
El analista considera que el oficialismo busca reorganizarse y llegar a las elecciones de 2028 con una nueva figura política, después del desgaste de la actual administración.
La crisis bancaria y el funcionamiento de las instituciones
Otro elemento determinante es la crisis bancaria y sus consecuencias sociales y políticas. Caballero mencionó los escándalos, las denuncias de corrupción y las movilizaciones de ahorristas y pensionados como factores que aumentaron la presión sobre el Gobierno.
En ese contexto, consideró que la discusión no debería limitarse a la renuncia presidencial, sino también a la necesidad de establecer responsabilidades por los hechos investigados.
Durante la entrevista, también se comparó la situación paraguaya con la realidad institucional de Bolivia, particularmente por la rapidez de las actuaciones judiciales y legislativas.
Caballero rechazó que Paraguay esté atravesando necesariamente una crisis institucional. En su interpretación, se trata de una crisis política que está siendo procesada mediante los mecanismos establecidos en la Constitución.
El analista destacó que las instituciones continúan funcionando y que el Congreso está cumpliendo su papel en la discusión sobre la continuidad presidencial.
Sin embargo, también cuestionó el comportamiento del Partido Colorado. Recordó que durante buena parte de la gestión de Peña el Congreso había respaldado al mandatario y no había mostrado el mismo nivel de exigencia sobre asuntos relacionados con conflictos de intereses y supervisión de su patrimonio.
Por ello, consideró que la posición acusatoria asumida ahora por algunos sectores oficialistas también responde a cálculos políticos y puede tener un componente de oportunismo.
Una crisis que redefine el escenario político paraguayo
La salida de Santiago Peña, la posible sucesión de Pedro Alliana y las disputas entre los principales liderazgos del Partido Colorado configuran un momento decisivo para la política paraguaya.
Para Caballero, el desenlace dependerá de las decisiones del Congreso y de la capacidad del oficialismo para resolver sus diferencias internas sin apartarse de los procedimientos constitucionales.
La crisis también deja en evidencia el impacto político de los escándalos financieros y la pérdida de credibilidad del Gobierno.
Más allá de quién ocupe la Presidencia, el desafío será recuperar la confianza ciudadana, esclarecer las responsabilidades y garantizar que las instituciones puedan actuar sin protección ni privilegios para quienes ejercen el poder.
