El abogado Guido Calcina presentó el miércoles 4 de noviembre una denuncia penal ante la Fiscalía de La Paz contra el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y la primera dama, María Elena “Bibi” Urquidi, a raíz de la difusión de grabaciones atribuidas al exasesor presidencial Fernando Cerimedo.
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La acción legal plantea investigar tres presuntos delitos: tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo y nombramientos ilegales. El denunciante entregó los audios como elementos de prueba y solicitó que el Ministerio Público disponga pericias técnicas para establecer su autenticidad, identificar las voces y determinar el origen de las comunicaciones.
Calcina sostiene que las conversaciones difundidas públicamente contienen referencias a posibles intervenciones en decisiones gubernamentales, designaciones en instituciones estatales y asuntos relacionados con empresas estratégicas. Sin embargo, el contenido de las grabaciones y la eventual existencia de delitos todavía deben ser esclarecidos por las autoridades.
La presentación de una denuncia no implica que las personas mencionadas sean culpables ni que los hechos denunciados estén probados.
¿Qué delitos busca investigar el abogado Guido Calcina?
La denuncia identifica tres figuras penales. La primera es el tráfico de influencias, que apunta a la posible utilización de relaciones o vínculos para incidir indebidamente en decisiones de autoridades o funcionarios.
La segunda corresponde a beneficios en razón del cargo, mientras que la tercera es nombramientos ilegales, relacionada con eventuales designaciones que no se ajusten a los requisitos o procedimientos establecidos.
Según Calcina, las grabaciones ameritan una investigación sobre posibles influencias en decisiones del Ejecutivo y en la asignación de cargos dentro de empresas e instituciones públicas.
El abogado pidió que la Fiscalía examine el contenido completo de los registros y no se limite a los fragmentos que circularon en medios de comunicación y redes sociales. La investigación deberá establecer si las conversaciones corresponden a las personas señaladas, en qué contexto se produjeron y si reflejan acciones concretas que puedan tener relevancia penal.
Calcina pide pericias del IDIF y triangulación de llamadas
Uno de los principales requerimientos de la denuncia es que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realice el desdoblamiento y análisis técnico de las grabaciones.
El objetivo es examinar los archivos, establecer si fueron editados o alterados y determinar si las voces corresponden efectivamente a las personas a las que se atribuyen las conversaciones.
Calcina también solicitó que se requiera información a las empresas telefónicas para realizar una triangulación de llamadas. Con ese procedimiento busca establecer registros de comunicación y aportar elementos que permitan reconstruir los contactos entre las personas mencionadas.
El abogado afirmó que, según verificaciones que atribuye a empresas privadas, los audios no habrían sido generados mediante inteligencia artificial. No obstante, esa declaración no reemplaza una pericia oficial ni demuestra por sí sola que las grabaciones sean auténticas en su integridad.
La verificación técnica deberá establecer no solo si las voces son humanas, sino también si los archivos conservan su contenido original, si existen cortes o modificaciones y si es posible identificar a quienes participaron en las conversaciones.
¿Qué temas aparecen en los audios atribuidos a Cerimedo?
Las grabaciones difundidas en las últimas semanas fueron atribuidas a conversaciones de Fernando Cerimedo con distintas autoridades y personas vinculadas al Gobierno.
Entre los asuntos mencionados en los fragmentos divulgados figuran posibles designaciones en empresas estratégicas como YPFB, licitaciones y provisión de kits de conversión a gas natural vehicular (GNV), comercialización de urea y diferencias entre autoridades del Ejecutivo.
Uno de los registros difundidos el 27 de octubre fue atribuido a una conversación entre Cerimedo y la primera dama, María Elena Urquidi. En ese audio se haría referencia a desacuerdos con el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, relacionados con licitaciones y designaciones.
También circularon grabaciones atribuidas a conversaciones con el ministro Mauricio Zamora y otras autoridades. Sin embargo, la atribución de las voces y el contexto de los fragmentos deben ser establecidos mediante procedimientos técnicos y otras evidencias.
Por ahora, la difusión de esos registros no permite concluir que las decisiones mencionadas se hayan ejecutado ni que se hayan cometido delitos. Esa es precisamente una de las cuestiones que la denuncia pide esclarecer.
No es la primera denuncia relacionada con los audios
El caso ya había llegado al Ministerio Público el 1 de septiembre, cuando el vicepresidente Edmand Lara presentó una denuncia contra Fernando Cerimedo y María Elena Urquidi por seis presuntos delitos.
Aquella acción se basó en otro audio, atribuido a una conversación sobre posibles cambios en la Policía Boliviana y la salida del entonces comandante general Mirko Sokol.
La denuncia de Lara incluyó presuntos delitos de tráfico de influencias con agravante, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, organización criminal, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Su equipo jurídico también solicitó una pericia fonética para verificar las voces.
El 30 de octubre, Lara volvió a cuestionar la falta de avances públicos sobre el contenido de las grabaciones y afirmó que había entregado audios y documentación a la Fiscalía.
La nueva denuncia de Calcina amplía el frente de acciones legales relacionadas con las conversaciones atribuidas a Cerimedo, pero plantea delitos y personas denunciadas en términos distintos a los de la acción presentada por el vicepresidente.
¿Qué falta esclarecer en la investigación?
El avance del caso dependerá de las diligencias que disponga el Ministerio Público y de los resultados de las pericias solicitadas. Entre los principales puntos pendientes están:
- Autenticidad: establecer si los archivos corresponden a grabaciones originales y si fueron modificados.
- Identidad de las voces: determinar quiénes participaron en cada conversación.
- Contexto: reconstruir las comunicaciones completas y evitar conclusiones basadas únicamente en fragmentos.
- Registros telefónicos: verificar si existen llamadas entre las personas mencionadas y cuándo se produjeron.
- Hechos concretos: establecer si hubo intervenciones en nombramientos, beneficios relacionados con cargos o influencia indebida en decisiones públicas.
La Fiscalía deberá determinar qué elementos pueden incorporarse legalmente a la investigación y si existen indicios suficientes para establecer responsabilidades.
La denuncia de Guido Calcina coloca nuevamente bajo escrutinio las grabaciones atribuidas a Fernando Cerimedo y las presuntas conversaciones con integrantes del Ejecutivo. Por ahora, las acusaciones deben mantenerse en el terreno de las hipótesis denunciadas: la autenticidad de los audios, el contexto de las conversaciones y la existencia de posibles delitos siguen sujetos a verificación.
