Con una resolución reciente, la justicia impuso una condena de 8 años de prisión al exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero, por autorizar sin aval legislativo un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la emergencia sanitaria de 2020. La sentencia también declaró en rebeldía a los exejecutivos del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes Ortiz y Walter Erik Guzmán Tordoya, mientras absolvió a cinco directores del BCB involucrados en el caso.
En abril de 2020, el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez gestionó un préstamo de 327 millones de dólares del FMI, sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que fue considerado una violación del artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Se observó que se realizó mediante el mecanismo de Derechos Especiales de Giro (DEG), lo que implicó un costo financiero adicional aproximado de 24,3 millones de dólares, entre comisiones, intereses y variaciones cambiarias.
Desde 2021, varias instancias del Estado activaron investigaciones. Parada fue citado como investigado en abril de ese año y sostuvo que actuó conforme a leyes aprobadas por la Asamblea, acogiéndose al marco legal existente. Pero la Contraloría General del Estado identificó su responsabilidad, junto a otras 24 exautoridades, incluyendo ejecutivos del BCB, por su participación en este proceso irregular.
En septiembre de 2025, la defensa alegó que el procedimiento se trataba de un tratamiento de Derechos Especiales de Giro y no un crédito externo, lo cual, en su criterio, eximía a Parada de responsabilización penal.
La corte concluyó que Parada incurrió en delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Por ello, fue sentenciado a 8 años de cárcel. Además, Guillermo Aponte y Walter Guzmán fueron declarados en rebeldía por no responder al proceso judicial. A su vez, fueron absueltos cinco directores del BCB, aunque los nombres específicos no han sido revelados públicamente.
La defensa de Parada denunció que el proceso adolece por tener irregularidades y metodología equivocada, y que se pretende condenar sin considerar el uso apropiado de los DEG como instrumento financiero excepcional.
Este fallo marca un precedente relevante en la justicia boliviana sobre la utilización de recursos internacionales sin respaldo legislativo. La sentencia no solo implica una sanción penal para Parada, sino también un llamado de atención jurídico a la administración de recursos públicos durante situaciones de emergencia.
