El país enfrenta una nueva polémica vinculado a la calidad del combustible: denuncias crecientes apuntan a que gasolinas y diésel con composiciones adulteradas o por debajo de los estándares técnicos están circulando libremente en Bolivia. Gremios automotrices, colegios de ingenieros mecánicos, transportistas y organismos estatales han entrado en pugna pública para determinar culpabilidades, responsabilidades y posibles sanciones. En el ojo del huracán está Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y actores que podrían estar mezclando combustible en plantas como la de Senkata, en El Alto.
Según el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz, encabezado por su presidente Miguel Bonilla, aproximadamente el 60 % de los vehículos que ingresan a talleres presentan fallas atribuibles a daños en inyectores, bombas de combustible, pérdida de potencia o deterioro de catalizadores, todos síntomas comunes de una calidad deficiente del carburante. En paralelo, la Asociación de Transporte Libre de La Paz ha reportado que sus afiliados experimentan fallas en sensores, sistemas de inyección y otros daños que atribuyen a la presencia de un octanaje bajo o exceso de etanol en la gasolina.
Transportistas a escala nacional también han alzado la voz. Lucio Gómez, máximo dirigente de Choferes de Bolivia, dijo en entrevista con Unitel que han recibido denuncias de todos los departamentos sobre combustible defectuoso. Gómez anunció que tomarán muestras de carburante de distintos surtidores para que laboratorios universitarios analicen su composición: “vamos a cuantificar cuántos casos están en los talleres” y no descartó que el diésel también esté afectado.
La Cámara Automotor de Bolivia, a través de su presidente Jhonny Salvatierra, también ha advertido que la mala calidad del combustible pone en riesgo la operatividad del parque automotor formal. Salvatierra advirtió que empresas automotrices internacionales han evaluado retirar modelos del mercado boliviano debido a que el combustible local no permite garantizar el funcionamiento adecuado.
Uno de los episodios más graves que alimenta esta crisis es la aprehensión de Félix Cruz, ex gerente de logística de YPFB, quien fue detenido el 7 de febrero de este año durante un aparente acto de mezcla de combustible en la planta de Senkata, El Alto. Según fuentes policiales y fiscales, el procedimiento buscaba capturar evidencia de adulteración dentro de esa infraestructura clave del sistema de distribución.
El trasfondo de este escándalo conecta de manera directa con el caso Botrading, pues ambos revelan fallas o irregularidades en los mecanismos de importación, transporte y distribución de combustible. Mientras el caso Botrading pone sobre la mesa cuestionamientos de contratos, precios y responsabilidades institucionales, el drama de la mala calidad trasciende hacia daños materiales concretos, que afectan bolsillos ciudadanos y la seguridad técnica de vehículos.
En el último año se registraron varias denuncias públicas sobre combustible defectuoso en Bolivia. El 6 de febrero de 2025, choferes de El Alto reclamaron que en un surtidor de la carretera a Viacha se estaba vendiendo diésel adulterado, asegurando incluso que parecía aceite de soya. Poco después, el 8 de marzo de 2025, el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz advirtió que numerosos vehículos estaban sufriendo fallas por la mala calidad de los combustibles, lo que generó preocupación en los gremios automotrices. El 19 de marzo de 2025, el alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció que el diésel de YPFB estaba mezclado con agua, señalando que al menos diez maquinarias pesadas del municipio quedaron dañadas. Finalmente, el 24 de septiembre de 2025, choferes paceños acusaron a YPFB de vender gasolina en mal estado, lo que habría afectado a más de setenta vehículos.
