Abel Loma cuestiona la estrategia de seguridad en Bolivia: “Las unidades élite son un parche”

El abogado y analista de seguridad Abel Loma advirtió que Bolivia necesita una estrategia nacional para enfrentar el avance del crimen organizado y el narcotráfico. Durante una entrevista con Desayuno Informado, de Asuntos Centrales, cuestionó que el Gobierno priorice el despliegue de unidades policiales de élite sin presentar un plan integral de seguridad ciudadana.

Loma sostuvo que las amenazas denunciadas por el presidente Rodrigo Paz y otras autoridades reflejan la gravedad del escenario de seguridad que atraviesa el país. A su juicio, la presencia de organizaciones criminales transnacionales y los indicios de posibles vínculos con instituciones estatales exigen acciones inmediatas y coordinadas.

“Me parece como una especie de parche”, afirmó al referirse al despliegue de efectivos especiales en Santa Cruz. Aunque consideró positiva la creación de estos grupos, señaló que deben formar parte de una estrategia más amplia, con recursos, investigación financiera y presencia policial permanente en los barrios.

Abel Loma pide un plan nacional de seguridad ciudadana

Para el analista, la respuesta frente al crimen organizado no puede limitarse a Santa Cruz, pese a que considera que ese departamento concentra algunos de los problemas más graves. También mencionó hechos de violencia y ajustes de cuentas reportados en Pando, Beni y Cochabamba.

Loma reclamó un plan nacional que establezca objetivos, responsabilidades y medidas específicas para las distintas regiones. Propuso que el Gobierno complemente las unidades tácticas con acciones de prevención, fortalecimiento de la investigación criminal y recuperación de la presencia policial en las calles.

“Se debe trabajar en un plan inmediato, un plan integral”, insistió.

El abogado considera que el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana deben asumir un papel central en la coordinación de esta política. En su criterio, la ausencia de una estrategia pública de largo alcance deja al país expuesto a respuestas fragmentadas frente a una criminalidad que opera más allá de las fronteras departamentales.

Advierte sobre una posible penetración del crimen organizado en instituciones

Durante la entrevista, Loma se refirió a las declaraciones oficiales sobre la presunta penetración del crimen organizado en distintas instituciones del Estado. Sostuvo que las denuncias sobre posibles vínculos con la Policía y el Ministerio Público justifican investigaciones rigurosas y controles internos.

El analista también mencionó al Órgano Judicial y expresó preocupación por la posibilidad de que redes criminales busquen influir en otras instancias estatales. Sus afirmaciones corresponden a su valoración del escenario y no constituyen, por sí mismas, una confirmación de que todas las instituciones estén comprometidas.

Loma pidió revisar el desempeño de fiscales que hayan tenido a su cargo casos sensibles de corrupción y narcotráfico, además de fortalecer los mecanismos para investigar posibles irregularidades dentro del sistema judicial.

“¿Quién investiga a los fiscales? ¿Quién investiga a los jueces?”, planteó, al cuestionar la capacidad de control sobre quienes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar delitos.

También consideró que los cambios de autoridades en el Ministerio Público deberían estar acompañados de medidas concretas para detectar y desarticular posibles redes de protección. En su evaluación, la designación de nuevas autoridades no garantiza por sí sola una transformación institucional.

Cuestiona la respuesta frente al caso del exfiscal Mariaca

Loma también se refirió a la situación judicial del exfiscal general del Estado Roger Mariaca y a las declaraciones de su abogado defensor sobre un recurso relacionado con la legalidad de su aprehensión.

El analista sostuvo que la resolución judicial mencionada durante la entrevista no implicaba automáticamente que se modificara la detención preventiva de Mariaca. Según su interpretación, la sala penal pidió que la resolución del juez estuviera mejor fundamentada, manteniendo vigente la medida cautelar.

Por ello, cuestionó las declaraciones que, a su juicio, podían dar a entender que el recurso tendría consecuencias inmediatas sobre la situación procesal del exfiscal.

La interpretación de Loma debe distinguirse del contenido oficial de la resolución judicial. El alcance de cualquier decisión corresponde a lo establecido por el tribunal competente y a las actuaciones posteriores dentro del proceso.

El abogado también expresó críticas a la selección de algunos fiscales departamentales y manifestó dudas sobre su experiencia para enfrentar casos complejos. No obstante, reconoció que su desempeño deberá evaluarse a partir de los resultados de su gestión.

Las unidades élite no bastan sin recursos ni equipamiento

Sobre el despliegue de aproximadamente 240 policías de élite en Santa Cruz, Loma afirmó que la medida puede contribuir a las operaciones contra la delincuencia, pero consideró que no resolverá el problema si no está acompañada de mejoras estructurales.

Entre las principales limitaciones mencionó los salarios policiales, el equipamiento, las comunicaciones y la disponibilidad de vehículos adecuados para operar en zonas rurales de difícil acceso.

Según su análisis, estas carencias pueden afectar la capacidad operativa de los efectivos y aumentar su vulnerabilidad frente a organizaciones criminales que disponen de importantes recursos económicos.

El abogado sostuvo que el Gobierno debe asegurar que las unidades especiales cuenten con los medios necesarios para cumplir sus funciones y que su creación no se limite a reorganizar personal de grupos tácticos ya existentes.

También propuso investigar los movimientos financieros sospechosos que podrían estar relacionados con el crimen organizado. A su juicio, seguir el rastro del dinero es una herramienta fundamental para identificar las estructuras que financian y sostienen las actividades criminales.

Propone recuperar la policía de proximidad

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de fortalecer la presencia policial permanente en los barrios.

Loma recordó el modelo de policía comunitaria, basado en agentes que permanecen en una zona durante periodos prolongados, conocen a los vecinos e identifican los problemas de seguridad de cada sector.

Según explicó, la rotación frecuente de efectivos dificulta la construcción de relaciones de confianza entre policías y ciudadanos. Por ello, planteó recuperar esquemas de proximidad que permitan mejorar la prevención y facilitar el intercambio de información.

El analista consideró que la seguridad ciudadana requiere tanto capacidad de respuesta frente a delitos graves como una presencia cotidiana que permita detectar riesgos antes de que se conviertan en hechos violentos.

También pidió revisar la distribución del personal policial. Durante la entrevista mencionó cifras sobre efectivos asignados a oficinas y unidades operativas, aunque esos datos requieren contrastación con registros oficiales para establecer con precisión la cantidad de agentes disponibles para patrullar.

A su juicio, una mejor administración de los recursos humanos permitiría reforzar las estaciones policiales y mejorar la cobertura en las zonas con mayor demanda de seguridad.

Loma cuestiona la distribución del personal policial

El abogado afirmó que la asignación de policías entre tareas administrativas y operativas debe ser revisada para garantizar una mayor presencia en las calles.

Como ejemplo, señaló que en La Paz una proporción importante de efectivos estaría destinada a funciones de oficina, mientras que determinados sectores contarían con pocos agentes para patrullar áreas densamente pobladas.

También cuestionó la concentración de personal en unidades vinculadas con servicios de seguridad física, frente a las necesidades de las estaciones policiales que atienden directamente a la ciudadanía.

Estas afirmaciones forman parte del diagnóstico planteado por el entrevistado y requieren datos institucionales actualizados para determinar la distribución real de los efectivos.

Loma anunció que preparaba una comparación sobre los movimientos de personal policial entre distintas gestiones, con el objetivo de examinar cómo se asignan los recursos humanos y qué efectos tiene esa distribución sobre la seguridad ciudadana.

La investigación financiera debe ser parte de la estrategia

Además de fortalecer la presencia policial, Loma propuso crear o reforzar unidades especializadas en el seguimiento de movimientos financieros sospechosos.

Según su planteamiento, el combate al crimen organizado no puede concentrarse únicamente en capturar a los responsables de hechos violentos. También debe identificar los recursos económicos que permiten financiar las operaciones, corromper funcionarios y sostener redes criminales.

El analista sostuvo que una estrategia integral debe combinar investigación patrimonial, inteligencia, coordinación entre instituciones y cooperación entre departamentos.

Asimismo, consideró necesario regionalizar las acciones de emergencia en zonas con problemas específicos, como Santa Cruz, Beni y Pando, sin abandonar la planificación nacional.

El Gobierno necesita una estrategia sostenida contra la inseguridad

Para Loma, el principal desafío consiste en pasar de medidas puntuales a una política de seguridad ciudadana con objetivos verificables y continuidad institucional.

El abogado consideró que las unidades especiales pueden ser útiles, pero advirtió que no reemplazan una estrategia que incluya prevención, investigación, equipamiento, control financiero y una mejor distribución de los policías.

También pidió recuperar la confianza ciudadana mediante una presencia policial más cercana y mecanismos efectivos para investigar posibles irregularidades dentro de las instituciones encargadas de combatir el delito.

La discusión sobre la seguridad en Bolivia, según el análisis expuesto en Desayuno Informado, no se limita al despliegue de más efectivos. Incluye la capacidad del Estado para coordinar sus instituciones, proteger a la población y evitar que las organizaciones criminales amplíen su influencia.

El planteamiento de Loma es que las medidas de emergencia deben integrarse en un plan nacional con responsabilidades claras, controles y resultados evaluables, en lugar de convertirse en respuestas aisladas frente a cada nueva ola de violencia.