La caída del Hércules C130 hace una semana en El Alto hubiera sido una muy triste adición a la historia —me atrevo recordar no tan profusa— de dolorosos accidentes aéreos en Bolivia si no hubiera tenido tres componentes graves: el primero, la magnitud del suceso; el segundo, la reacción inhumana de un numeroso grupo de pobladores; y, tercero, la desnudez de mecanismos de control y reparación de la crisis. Empezaré por éste.
Un aeropuerto dentro (céntrico, a 12 minutos caminando desde la Ceja) de la segunda ciudad más poblada del país, bordeado (protegido) por una malla (¿olímpica?) y pista que termina adyacente a una concurrida avenida: factores potenciales para una tragedia de grandes proporciones —mayores incluso que la que sucedió. Calamidad anunciada que, a Dios gracias, no había sucedido… hasta ahora.
El Aeropuerto Internacional de El Alto es el aeropuerto principal del área metropolitana de La Paz y uno de los dos más importantes y transitados de Bolivia. (Como complemento, está a 4.061 msnm, lo que lo convierte en el segundo aeropuerto internacional más alto del mundo después del de Daocheng Yading (4.411 msnm), en el Tibet).
Estos datos nos dan, en cualquier momento, la suposición de que pudo —y puede, sin paliativos menores— haber una tragedia de grandes proporciones. Y el viernes pasado en la noche lo hubo: Un avión de carga —transporte militar, donación de EEUU a nuestra Fuerza Aérea en inicio de los años 90— se salió del final de la pista, atravesó la malla y atropelló a decenas de vehículos que transitaban por la carretera adyacente. El saldo fatal: 24 fallecidos, 37 heridos y cerca de una veintena de vehículos convertidos en destrozadas cajas de muerte.
Entre las no-explicaciones que se han dado —y así las denomino porque las versiones han sido variadas y aún no oficiales— están una tormenta en el cielo que transitaba el vuelo y la pista helada que impidió frenar a la aeronave al aterrizar. (También se dijo, sin corroborar, que los frenos fallaron per se). ¿De qué autoridad era la responsabilidad de prevenir sobre el mal tiempo y la dificultad de aterrizar? El pimponeo de pasar responsabilidades entre potenciales responsabilizados (NAABOL et alius) ha sido profuso y, aún al menos, indeterminado e incide directamente, también, sobre la magnitud de la crisis.
¿Cuánto dinero transportaba el avión? Si nos guiamos por el presidente actual del BCB, sólo se conocerá cuando el impresor de los billetes (un contrato del anterior gobierno con, supongo que la alemana Giesecke & Devrient según la página del BCB, contrato que Jaime Dunn denunció en 2024 como «medida para paliar déficit») deje de guardar el dato en su sancta sanctorum y, tras una larga semana, lo exponga. Si lo hace.
Tanta falta de definición en declaraciones (y comunicados) de cuánto volumen de dinero viajaba en el avión, se magnificó con la idas y venidas de si “los billetes estaban aptos para circulación”, si “los billetes no iban a circular” o si “sólo no circularían ese fin de semana y el lunes ya sí” o si “habría que revisar, billete a billete, si estaba autorizado en una web de dicha institución” (menudo trabajo en un país con inmensa mayoría de informalidad en el comercio).
Dejé para el final “la reacción inhumana de un numeroso grupo de pobladores” —vecinos alteños del aeropuerto— que en un número de ¿miles? ¿miles? (registrados por los medios de comunicación presentes) se lanzaron a recoger billetes atropellando a rescatistas, bomberos y policías, violentando heridos y muertos, en una muestra de la peor rapiña inhumana. Coincido con Robert Brockmann (“El dilema moral de El Alto” (Brújula Digital 01/03) y con Azucena Fuertes Mamani (“A propósito del accidente aéreo: deshumanización al descubierto”, El Deber 02/03) que es una muestra de deshumanización de una horda —llamaré tribal— sin principios ni moral. Coincido, además, con Pablo Mendieta (“Crimen y castigo a la tragedia monetaria”, El Deber, 05/03) cuando afirmó: «En un escenario caótico, con dinero visible y sin claridad inmediata sobre sanciones, la probabilidad percibida de castigo pudo parecer baja, mientras el beneficio era concreto y urgente. Se produjo lo que los economistas llaman un “shock de oportunidad”: […] El costo de delinquir fue casi nulo. [Y] la multitud diluyó la responsabilidad individual y generó un efecto contagio: cuando algunos actúan sin castigo inmediato, otros perciben menor riesgo y se suman».
Estos sucesos me recordaron anécdotas similares (en menor dimensión de rapiñadores) en desbarrancamiento de vehículos en carreteras peligrosas de nuestro país. O las hordas que, al grito de “¡Guerra civil ya!” llegaban a El Alto e intentaban agredir La Paz en los conflictivos días de noviembre 2019.
¿Es deficiencia de nuestra educación? ¿Es falta de inculcar valores? ¿Es economía? O ¿es todo ello y más? No se puede estigmatizar El Alto que trabaja y crece por este suceso o por Senkata en 2019 pero sí es urgente buscar las causas y prevenir nuevas consecuencias.
