El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que la crisis registrada en el país durante más de 50 días de bloqueos y movilizaciones dejó en evidencia debilidades estructurales del Estado, más que una falta de fortaleza del Gobierno.
En entrevista, afirmó que el Ejecutivo enfrentó una situación compleja marcada por conflictos sociales, afectaciones a la circulación y consecuencias económicas, en la que, según dijo, la población asumió el mayor costo.
“La evaluación es que el mérito le corresponde a la población boliviana que ha soportado el flagelo. Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado lo que hemos visto en los últimos días”, señaló.
Gálvez rechazó las interpretaciones que atribuyen las dificultades durante la crisis a una debilidad del Ejecutivo y sostuvo que el problema central radica en la estructura institucional del país.
“El Gobierno es un gobierno fuerte, es un gobierno firme. Lo que es débil es el Estado”, afirmó.
Según explicó, los hechos recientes evidenciaron limitaciones acumuladas en el funcionamiento de las instituciones públicas, lo que, a su criterio, obliga a plantear reformas de fondo para mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de conflictividad.
El vocero defendió la estrategia del Gobierno de mantener el diálogo como principal mecanismo de solución durante el desarrollo del conflicto, antes de recurrir a medidas excepcionales como el Estado de Excepción.
Sostuvo que el Ejecutivo buscó diferenciar entre sectores con demandas sociales y grupos que, desde su perspectiva, impulsaban acciones de confrontación política.
“Era necesario optar por el diálogo y trabajar con todos y cada uno”, indicó.
Agregó que la declaratoria del Estado de Excepción se produjo cuando gran parte de los sectores movilizados había abandonado los bloqueos y los grupos más radicalizados quedaron aislados.
Consultado sobre el costo de mantener el diálogo durante más de 50 días antes de aplicar medidas de fuerza, Gálvez reconoció que la crisis tuvo consecuencias para toda la población.
“Todos perdemos. Y esa era su apuesta”, señaló.
Sin embargo, defendió la decisión gubernamental al afirmar que una intervención anticipada podía haber generado una escalada de violencia. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo priorizó la protección de la vida y la preservación del orden democrático.
“Hasta el último esfuerzo para hacerlo era justamente para salvar vidas, para no darles la razón y crearles el contexto donde ellos pudieran revertir y romper el orden democrático”, manifestó.
Gálvez afirmó que la situación vivida durante el conflicto confirma la necesidad de una transformación profunda del Estado, orientada a fortalecer su capacidad institucional y mejorar su funcionamiento.
Sostuvo que el país enfrenta el reto de reconstruir sus instituciones y avanzar hacia un sistema más eficiente, capaz de responder a las demandas sociales y políticas.
En ese marco, indicó que el Gobierno trabaja en una etapa de reflexión y reorganización tras la crisis, con miras a consolidar nuevas bases institucionales.
Desafíos posteriores a la crisis
El vocero señaló que, tras la normalización progresiva del país, el desafío principal será evitar la repetición de episodios similares y fortalecer los mecanismos democráticos de resolución de conflictos.
Afirmó que el conflicto dejó lecciones tanto para el Gobierno como para el sistema político en su conjunto, y que ahora corresponde avanzar hacia una etapa de estabilidad y fortalecimiento institucional.
El Ejecutivo, según Gálvez, busca encarar esta nueva fase con el objetivo de garantizar gobernabilidad y responder a las necesidades de la población en un contexto de reconstrucción tras la crisis.
