La Asamblea de la Cruceñidad aprobó cinco resoluciones y fijó el 10 de octubre como plazo para que el Gobierno atienda sus principales demandas. Los pedidos abarcan la recuperación de competencias y recursos para las regiones, la aplicación del modelo 50-50 y cambios en la política de combustibles.
Los cívicos advirtieron que, si hasta esa fecha no existen respuestas, se activarán medidas de presión escalonadas y no se descarta la convocatoria a un cabildo. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, fue facultado para coordinar estas acciones con otras instituciones.
Recuperación de competencias y recursos
La primera resolución exige la restitución de las competencias asignadas por la Constitución a gobernaciones y municipios. También reclama la devolución de recursos que, según la Asamblea, fueron reducidos o trasladados al nivel central del Estado.
Modelo 50-50 desde 2027
Otra de las determinaciones plantea incorporar el modelo 50-50 en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027. La propuesta busca que el 50% de los recursos generados en las regiones permanezca en los departamentos y sea administrado por gobernaciones, municipios y universidades.
La finalidad, según lo expuesto en la Asamblea, es que estos recursos sean destinados a obras y servicios como escuelas, hospitales y caminos.
Cambios en la política de combustibles
En materia energética, los cívicos exigieron la liberación total de la importación, distribución y comercialización de combustibles, además de la eliminación de impuestos que permitan reducir los precios para la población.
La resolución también plantea terminar con el monopolio en la distribución de carburantes y promover una mayor participación privada y el desarrollo de biocombustibles.
Reclamo contra la corrupción
La quinta resolución apunta a la erradicación de redes de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), instituciones vinculadas al manejo y regulación del sector de hidrocarburos.
Octubre, el límite
Con estas demandas, los cívicos establecieron el 10 de octubre, Día de la Democracia, como fecha para evaluar el cumplimiento de sus pedidos. De no existir avances, Cochamanidis deberá coordinar con las instituciones cruceñas las medidas de presión que se asumirán.
