De entrada, sin aceptar argumentos ni debates la Iglesia Católica, cerró las puertas para un gran debate que tanta falta nos hace en Bolivia sobre temas tabús, como el aborto y ahora la eutanasia, que hay que mirarla desde la perspectiva política y de reivindicación de una persona que sufre una enfermedad mortal o de personas adultas mayores que son internadas y los médicos deben hacer lo imposible para prolongarles los minutos de vida.
“Mar adentro” es una de esas películas que te parten el alma. El protagonista, Javier Barden, sufre una embolia, que lo manda a la cama. Postrado, consciente, inicia una lucha por acabar con su vida, a través de su derecho a morir en paz y sin mayores sufrimientos. Le administran la sustancia para dormir eternamente.
Es la historia de vida del español Ramón Sampedro, quien libró una campaña de 30 años para ganar el derecho a acabar con su vida con dignidad.
En marzo de 2026, Noelia Castillo Ramos de 25 años, ganó la batalla legal para que la justicia de España le autorizara la eutanasia que había solicitado en el 2024. Fue víctima de varias agresiones y abusos, una violación colectiva y un puñado de intentos de suicidio.
Así la eutanasia se pone al descubierto como un factor de vida, de evitar el vía crucis de personas que tienen enfermedades mortales o cargan traumas difíciles de superar.
En Bolivia, Aldrin Inchuta, un joven de 20 años, con cáncer está pidiendo que lo dejen morir, por varias razones: no tiene recursos económicos para afrontar tan grave enfermedad y no quiere sufrir con cada quimioterapia y ver el dolor de su madre, que debe peregrinar y buscar recursos económicos.
Así como el aborto que se lo practica de forma ilegal y con riesgos en consultorios médicos, en centros clandestinos, e incluso habiendo una sentencia constitucional, que autoriza a la víctima de alguna violación a decidir la interrupción de su embarazo, pero que es rechazada, así la eutanasia se lo hace en varias familias que deciden de forma secreta darles una muerte más digna a algún familiar de edad avanzada o con enfermedades terminales.
Eso lo vivimos con mi madre, que, a sus 92 años, los médicos dijeron que harán todo lo posible para prolongarle la vida, ¿pero a qué precio? Con dolor para ella y con grandes costos económicos. Ella hubiera preferido morir rodeada de sus hijos, nietos, yernos en su hermosa Camiri.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y con la mente abierta la eutanasia debemos encararlo como un tema complejo y dinámico, que debe ser objeto de debates éticos, políticos, sociales y jurídicos en todos los niveles, pero principalmente, de la sociedad civil, que nos plantea un desafío enorme frente a otros derechos fundamentales, precisamente cuando una persona padece de una enfermedad incurable o que es víctima de sufrimientos insoportables.
Es así que en Bolivia se debe abrir el debate sobre la eutanasia, pero hay que hacerlo sin maquillajes sin tapujos, sin dogmatismos, sin fanatismos, sin violencias, sin agresiones y descalificaciones.
Este tema, como el aborto asumiendo como un derecho humano, se lo debe encarar y que no vengan las iglesias de todas las órdenes a evitar el mismo, así como hacen con el aborto a nombre de la vida, del derecho a nacer, sin tomar en cuenta la situación de la muer embarazada que ha decidido no tener ese hijo porque es fruto de una violación, de un abuso o de otras circunstancias extremas.
El diputado de APB-Súmate, Diego Brañez, ha planteado un proyecto de ley sobre la eutanasia, que plantea fundamentalmente que las personas adultas con enfermedades terminales puedan solicitar la muerte asistida mediante una decisión individual y completamente autónoma. Significa que ni los familiares, ni los médicos, ni los abogados podrán impedir u obligar el procedimiento, dejando la última palabra exclusivamente al paciente afectado.
Los médicos lo que más temen son procesos o sanciones si aplican este recurso a los pacientes. Por ello, el proyecto de ley plantea liberar de toda responsabilidad penal, civil o administrativa al médico que aplique el fármaco, aunque se respetará la objeción de conciencia de los profesionales de salud.
La Iglesia católica y demás ramificaciones de la fe ya han fijado posiciones, sin importarles, el dolor, el costo alto de las enfermedades, el tratamiento y la yesquera de quienes deben hacer rifas, kermesses, extender la mano para conseguir un fármaco. Pero ellos no se ponen en el lugar del que sufre y de los que gastan, hasta se hipotecan. Ya dijeron no y sin duda, sus posiciones pesan y a veces se imponen.
De modo, que es urgente iniciar un proceso de debates de ideas, proyectos, argumentaciones en función al derecho a tener una muerte digna, sin el vía crucis que significa afrontar una enfermedad terminal, que uno es consciente que se morirá, mientras los familiares deben hacer kermeses y rifas solidarias para conseguir fondos económicos y comprar medicamentos muy caros.
Dejar de lado las posiciones fundamentalistas, dogmatismos, fanatismos y pensar en la salud, la vida y la decisión autónoma de quien no quiere seguir sufriendo postrado en una cama.
Tomar en cuenta que cada vez hay un amplio clamor social, resultado de una mayor conciencia de los derechos de un enfermo, de un envejecimiento de la la población, y de que la misma medicina es capaz de prolongar la vida en condiciones muy poco humanas.
En Perú, Ana Estrada Ugarte, lideró una campaña intensa para someterse a un procedimiento de eutanasia, después de lograr que la Justicia peruana reconociera su derecho. Murió en abril de 2024 y nos dejó esta reflexión: Esta ha sido siempre una campaña por la libertad de elegir. NO ha sido una campaña por la muerte.
