EE.UU. impone restricciones de visas a 15 bolivianos, entre ellos el diputado Rafael López Mercado

El Departamento de Estado anunció medidas contra 15 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos, en el marco de una política contra la corrupción y el narcotráfico. Entre los alcanzados figuran legisladores, exautoridades judiciales, fiscales y jefes policiales. Washington afirma que respalda al Gobierno boliviano en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal de las instituciones.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visas a 15 ciudadanos bolivianos y a sus familiares directos, como parte de una campaña regional contra la corrupción y el narcotráfico. Entre los mencionados figura Rafael Darío López Mercado, diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, que señaló que las medidas forman parte de una política migratoria anunciada el 28 de septiembre, al amparo de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Según Washington, esta política está dirigida a ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan a gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio, independientemente de su afiliación política.

El Departamento de Estado sostuvo que la Administración del presidente Donald Trump respalda al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal de las instituciones, incluidos los tribunales, la Policía y la Asamblea Legislativa.

La declaración vincula estas acciones con los compromisos asumidos por los países participantes en la Cumbre de Doral, en marzo, y en la declaración de los líderes de Shield of the Americas, emitida el 22 de septiembre.

Los 15 bolivianos alcanzados por las restricciones

La lista difundida por el Departamento de Estado incluye a las siguientes personas:

1. Rafael Darío López Mercado, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
2. Rolando Santos Pacheco Chávez, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
3. Juan Lanchipa Ponce, exfiscal general del Estado.
4. Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni.
5. Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.
6. Diego Alejandro Barboza Zeballos, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
7. Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
8. Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el aeropuerto internacional de Viru Viru.
9. Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la FELCN.
10. Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental de Santa Cruz del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).
11. Katherine Calderón Valle, exdirectora general de Migración.
12. José Ayaviri Siles, exjuez de un juzgado penal.
13. Armando Rojas Toledo, exfiscal coordinador de La Paz.
14. Rony Suárez Milliet, ciudadano particular.
15. Julio Nelson Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Las restricciones también alcanzan a los familiares directos de las personas incluidas en la lista.

Una medida migratoria, no una condena penal

La decisión comunicada por Washington consiste en restricciones para obtener visas estadounidenses. El anuncio, por sí solo, no equivale a una condena judicial ni establece automáticamente la responsabilidad penal de las personas mencionadas.

La medida, sin embargo, representa una señal de presión diplomática de Estados Unidos en su agenda regional contra la corrupción y el narcotráfico, con referencias explícitas a instituciones bolivianas.

El anuncio abre interrogantes sobre los fundamentos específicos de cada restricción, las eventuales consecuencias diplomáticas y las respuestas que ofrecerán las autoridades y las personas incluidas en la lista.