Caso Narcomaderas: ya quemaron seis cargamentos de madera boliviana y la defensa pide frenar la destrucción

La defensa de 15 de las 21 empresas madereras bolivianas involucradas en el denominado “Caso Narcomaderas” pidió a la Fiscalía Regional de Arica suspender cualquier procedimiento destinado a destruir los cargamentos incautados en puertos chilenos, mientras continúan las diligencias para establecer el origen y las características de las cargas.

Según una publicación de El Mostrador, 59 contenedores con madera enviada desde Bolivia fueron incautados en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso ante la presunta presencia de trazas de sustancias ilícitas.

La defensa sostiene que las mercancías no deberían ser destruidas antes de que concluyan las diligencias y argumenta que la medida podría impedir que los propietarios puedan ejercer sus acciones judiciales sobre las cargas.

La destrucción ya habría comenzado

Aunque la defensa solicitó detener la destrucción, el medio chileno Aquí Arica reportó que la incineración de los cargamentos comenzó el 3 de septiembre con un contenedor de prueba y que el procedimiento se habría retomado el 11 de septiembre con otros cinco cargamentos.

El reporte señala que esas primeras seis cargas corresponderían a contenedores cuyos propietarios no se habrían constituido legalmente en Chile dentro de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.

El medio aseguró además haber presenciado el segundo operativo de incineración, realizado el 11 de septiembre en la explanada destinada a la quema de sustancias ilícitas en Pampa Concordia, cerca de la Ruta A-13.

El Servicio de Salud de Arica, el Instituto de Salud Pública (ISP), Carabineros y la Delegación Presidencial Regional fueron consultados por el procedimiento. De acuerdo con la publicación, algunas de estas instituciones no entregaron información sobre el operativo debido a razones de seguridad o señalaron que el tema correspondía a otras autoridades.

Fiscalía dice que la destrucción está establecida por ley

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, negó que la Fiscalía intervenga directamente en la incineración de las maderas y explicó que existe un plazo legal para destruir las sustancias decomisadas.

“La ley obliga y otorga un plazo de 30 días desde el comiso”, afirmó Carrera, según El Mostrador. Agregó que la Fiscalía solicitó una ampliación de ese plazo debido a la dificultad para realizar el procedimiento dentro del periodo inicial y que este fue extendido por 120 días.

El fiscal también sostuvo que corresponde al Instituto de Salud Pública (ISP) determinar si existe droga y que, una vez acreditada su presencia, la legislación establece su destrucción.

La defensa cuestiona los análisis

Los representantes legales de las empresas afectadas mantienen una posición distinta y cuestionan los resultados de los análisis realizados sobre las maderas.

Según la defensa, los informes del ISP no habrían identificado una impregnación de droga en las cantidades que, a su criterio, permitirían sostener la existencia de una operación de narcotráfico, sino “trazas” que situaron entre un 5% y un 10%.

Además, presentaron informes de exagentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) que cuestionan la metodología y las acreditaciones del laboratorio chileno para realizar análisis forenses de drogas.

Uno de los expertos citados por la defensa, Scott Richard Oulton, sostuvo que el ISP no tendría acreditación del Instituto Nacional de Normalización de Chile para análisis forenses de drogas incautadas y tampoco contaría, según su revisión, con acreditación internacional de la ANAB para ese tipo de peritajes.

Estas observaciones corresponden a la posición de los expertos contratados por la defensa y no modifican, por sí mismas, la posición oficial de la Fiscalía, que sostiene que el informe válido para establecer la presencia de droga es el realizado por el ISP.

Empresas buscan evitar pérdidas

Las empresas madereras buscan impedir la destrucción de las cargas mientras continúan sus acciones judiciales, debido a que la eliminación de los contenedores podría representar pérdidas económicas y afectar los compromisos comerciales que mantenían con sus clientes.

Entre las empresas que recurrieron a la vía judicial se encuentran Andina Forestal SRL, Bolprow SRL, Bolivia S.A., Expres Wood, Manurini Eco Import Export, Multipando, Siempre Verde, Maderera Zalles, Realwood SRL y Río Yata Madera Import Export S.R.L.

El grupo es representado por el abogado Daniel Guevara, exministro presidente del Primer Tribunal Ambiental de Chile.

También se anuncia una visita de senadores bolivianos

El caso también ha adquirido una dimensión política. Tras la visita de cuatro senadores chilenos de la Comisión de Relaciones Exteriores a La Paz, se prevé una visita de parlamentarios bolivianos a Arica para conocer detalles del proceso y la situación de las cargas retenidas.

El material publicado por El Mostrador señala que todavía no existe una fecha confirmada para esa visita.