En el marco de la implementación de la nueva tarifa de Bs 3,50 para el transporte urbano de adultos, desde el Concejo Municipal se advirtió que apenas el 30% de los micros operativos tributa en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. La cifra reavivó la discusión sobre las exigencias de formalización, fiscalización y mejoramiento del servicio de transporte público que abarca 126 líneas en la ciudad.
La Ley Autonómica Municipal GAMSCS N.º 1913, vigente desde el 5 de octubre tras su publicación oficial, establece que las líneas y operadores que presten servicios dentro de la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra deben regularizar su radicatoria vehicular y cumplir con sus obligaciones tributarias en el municipio en un plazo perentorio de 60 días.
Disparidad en las cifras de registro vehicular
Los reportes respecto al porcentaje de tributación del transporte público difieren según el periodo, la fuente institucional y la unidad de evaluación utilizada.
Estudios y datos municipales previos del año 2024 señalaban que cerca de 5.448 micros de una flota total de 10.000 (equivalente al 50%) tenían radicatoria local, mientras que registros de principios de 2026 estimaban que la tributación alcanzaba al 45% de los motorizados. Por ello, la afirmación del 30% expuesta en el legislativo municipal se toma como un elemento de posicionamiento que requiere ser cotejado con el padrón fiscal definitivo.
Condiciones del nuevo pasaje y plan de censo municipal
Para subsanar las imprecisiones entre la cantidad real de líneas, concesiones y unidades en circulación, el alcalde Carlos “Mamén” Saavedra anunció la realización de un censo de ordenamiento del transporte urbano. La medida buscará consolidar una base de datos pública con el total de micros activos, propietarios y municipios de origen de cada radicatoria.
Por otra parte, la normativa tarifaria fijó un periodo de 30 días para que las unidades mejoren sus condiciones físicas (asientos, pisos y ventanas). A partir del 2 de noviembre se iniciarán controles operativos, autorizándose el retiro de circulación de aquellos motorizados que presenten deficiencias técnicas o incumplimientos normativos.
