Róger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta fueron enviados a distintos centros penitenciarios en el marco de una investigación por presunta protección al narcotraficante Sebastián Marset. Estados Unidos anunció restricciones de visas contra 12 ciudadanos bolivianos y designó por separado al exfiscal general por presunta corrupción significativa.
Tres de los 13 ciudadanos bolivianos identificados públicamente en el anuncio estadounidense del 28 de septiembre de 2026 fueron enviados a detención preventiva, según reportes periodísticos publicados en octubre.
Se trata de Róger Mariaca, exfiscal general del Estado; Alberto Zeballos, exfiscal departamental de Santa Cruz; y Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
Los tres fueron aprehendidos en el marco de una investigación boliviana por presunta organización criminal y protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Un juez dispuso su detención preventiva por seis meses en distintos recintos penitenciarios.
¿Por qué aparecen en la lista de Estados Unidos?
El 28 de septiembre, el Departamento de Estado anunció la revocación de visas de 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos, en el marco de una política contra la corrupción y el narcotráfico.
Entre los nombres figuraban fiscales, jueces, un exministro de Justicia, un magistrado constitucional, un coronel de la Policía, un expresidente de la Aduana Nacional y un empresario.
Por separado, Washington designó públicamente a Róger Mariaca bajo una disposición legal estadounidense relacionada con presunta corrupción significativa. El Departamento de Estado lo acusó de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales a evadir la justicia. Esas afirmaciones corresponden a la posición del Gobierno estadounidense.
¿Qué pasó con los otros nombres?
Un informe publicado por El Post el 9 de octubre señaló que, además de los tres detenidos, otros cuatro integrantes de la lista enfrentaban procesos o investigaciones previas. También indicó que tres jueces seguían en funciones mientras el Consejo de la Magistratura revisaba sus actuaciones.
La situación judicial de cada persona es diferente y debe verificarse individualmente. La inclusión en una lista de restricciones migratorias no implica automáticamente que exista una causa penal abierta en Bolivia ni demuestra responsabilidad criminal.
Una distinción fundamental
Las medidas de Estados Unidos son de carácter migratorio y diplomático. Las detenciones preventivas, en cambio, fueron dispuestas por autoridades judiciales bolivianas dentro de una investigación penal.
El caso plantea interrogantes sobre los controles internos del sistema de justicia, la lucha contra el narcotráfico y la transparencia de las instituciones. La evolución de las investigaciones y las decisiones judiciales determinará las responsabilidades que puedan establecerse.
Nota de actualización: esta información se basa en reportes publicados entre el 3 y el 9 de octubre de 2026. No se ha podido verificar de manera independiente si hubo modificaciones posteriores en la situación penitenciaria de los tres detenidos hasta el 22 de octubre.
