Fiscalía anuncia nuevas citaciones en el caso de Johnny Fernández por presunta malversación de Bs 102 millones
Fiscalía investiga a Johnny Fernández por presunta malversación de Bs. 102 millones. Gary Flores anuncia nuevas citaciones y busca establecer si otros exfuncionarios tienen responsabilidad penal.
La investigación contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, por presunta malversación de recursos públicos continuará con nuevas declaraciones de exfuncionarios municipales, directores, secretarios y fiscales de obra. El fiscal Gary Flores informó que el Ministerio Público tiene seis meses para reunir pruebas y determinar si existen otros responsables en el caso.
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Durante una entrevista con Asuntos Centrales, Flores explicó que la investigación se encuentra en etapa preparatoria y que todavía quedan actuaciones importantes para establecer cómo fueron utilizados los recursos provenientes de un crédito público destinado a financiar proyectos municipales.
El fiscal señaló que las declaraciones pendientes permitirán identificar la posible participación de otros funcionarios de la gestión municipal de 2023 a 2025. Entre las personas que serán convocadas figuran trabajadores de la Dirección de Administración y Finanzas y otras áreas administrativas del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
“Del análisis integral de toda esa información que se vaya a recabar durante toda esta etapa se va a determinar si se encuentra responsabilidad penal en otros exfuncionarios”, sostuvo Flores.
Fiscalía investiga el destino de Bs 191 millones
El proceso está relacionado con el presunto uso irregular de aproximadamente Bs 191 millones provenientes de un crédito contratado con el Banco Unión.
Según explicó Flores, las leyes municipales 1622 y 1648, además de los contratos suscritos con la entidad financiera, establecían que esos recursos debían destinarse específicamente a determinados proyectos municipales.
El fiscal sostuvo que la investigación busca establecer si esos fondos fueron utilizados para otros gastos de la administración pública, pese a las restricciones establecidas en las normas y los contratos.
La Fiscalía investiga el caso por el presunto delito de malversación de fondos, tipificado en el artículo 144 del Código Penal.
El exalcalde Johnny Fernández argumentó que los recursos fueron utilizados para atender necesidades urgentes del municipio, como educación, salud y pago de salarios, debido a problemas de liquidez financiera.
Sin embargo, Flores explicó que la investigación debe determinar si el destino de esos recursos se ajustó a las disposiciones legales que regulaban el crédito.
Bs 102 millones bajo observación por presunto uso irregular
Uno de los datos centrales de la investigación es el monto que, según un informe técnico de la actual Secretaría Municipal de Finanzas, habría sido destinado indebidamente a otros gastos.
Flores indicó que aproximadamente Bs 102 millones están observados por presunto uso irregular. Esta cifra surge del análisis técnico presentado por la administración municipal actual.
El fiscal relacionó esos recursos con el bajo nivel de ejecución de los proyectos que debían financiarse mediante el crédito.
De acuerdo con los datos expuestos durante la entrevista, 17 proyectos contemplados en la Ley Municipal 1622 registraban un avance inferior al 30%. En el caso de la doble vía a La Guardia, la ejecución era menor al 20%.
Estos indicadores forman parte de los elementos que sustentan la investigación del Ministerio Público.
Es importante distinguir entre los Bs 191 millones del crédito total y los aproximadamente Bs 102 millones observados por presunto uso indebido. La investigación todavía debe establecer las responsabilidades penales correspondientes.
Nuevos exfuncionarios podrían ser investigados
La Fiscalía prevé convocar a declarar a personas que participaron en diferentes áreas de la administración municipal.
Entre ellas están directores, secretarios, fiscales de obra y funcionarios vinculados con la ejecución de los proyectos financiados con el crédito.
Flores explicó que, una vez recibidas las declaraciones y analizada la documentación, el Ministerio Público podrá determinar si corresponde ampliar la investigación contra otros exfuncionarios.
En caso de encontrar indicios suficientes, también podría solicitarse la aplicación de medidas cautelares personales.
El fiscal aclaró que todavía existen diligencias pendientes y que la investigación debe avanzar bajo el principio de objetividad.
Fiscalía busca bienes y cuentas para una eventual reparación
Otro aspecto abordado durante la entrevista fue la posibilidad de recuperar los recursos públicos si se establece responsabilidad penal mediante una sentencia condenatoria.
Flores confirmó que el Ministerio Público solicitó información a diferentes instituciones públicas para identificar los bienes y las cuentas bancarias del principal imputado.
La finalidad es evaluar medidas como la anotación preventiva de bienes que permitan garantizar una eventual reparación integral del daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
El fiscal explicó que de toda acción penal puede surgir una acción civil destinada a reparar los daños ocasionados.
La eventual reparación dependerá de lo que se establezca durante el proceso y de una posible sentencia condenatoria.
Otros procesos contra Johnny Fernández
Consultado sobre otras investigaciones relacionadas con el exalcalde, Flores indicó que existen entre seis y siete procesos abiertos en el Ministerio Público.
Precisó que algunos se encuentran en etapa preliminar, otros en etapa preparatoria y algunos ya llegaron a juicio.
Sin embargo, aclaró que no conoce el estado específico de cada uno, debido a que tienen diferentes fiscales titulares encargados de dirigir las investigaciones.
El fiscal también se refirió al proceso abierto después del allanamiento realizado para encontrar a Johnny Fernández y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.
Durante ese operativo se encontraron recursos económicos en poder de uno de los hijos del exalcalde. Según Flores, los antecedentes fueron remitidos al fiscal de turno y se abrió una investigación por presunta obstrucción a la justicia y legitimación de ganancias ilícitas.
Aclaró que ese proceso está bajo la dirección funcional de otro fiscal.
Seis meses para definir si existe acusación
Con la notificación de la imputación formal contra Johnny Fernández comenzó a correr un plazo de seis meses para que el Ministerio Público reúna elementos de convicción.
Al concluir esa etapa, la Fiscalía deberá evaluar si existen pruebas suficientes para presentar una acusación formal o si corresponde emitir una resolución de sobreseimiento.
Mientras tanto, las declaraciones de exfuncionarios y el análisis de la documentación financiera serán fundamentales para establecer el destino de los recursos y determinar si otras personas tuvieron participación en los hechos investigados.
La investigación busca esclarecer el manejo de uno de los créditos municipales más importantes observados en la gestión de Johnny Fernández y establecer si corresponde atribuir responsabilidades penales por el presunto desvío de recursos públicos.
