Analista Ilya Fortún alerta que el crimen organizado busca penetrar las instituciones y la economía boliviana
El analista político de la Fundación Vicente Pazos Kanki sostiene que las organizaciones criminales ya no operan únicamente mediante el narcotráfico y la violencia, sino que también buscan controlar...
La decisión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de declararse en el exilio y salir del país es una señal más de la descomposición institucional que atraviesa Bolivia, especialmente en el sistema judicial, según el análisis de Ilia Fortún, analista político de la Fundación Vicente Pazos Kanki.
Table Of Content
Durante una entrevista en el programa Desayuno Informado, Fortún afirmó que la situación de la justicia llegó a niveles preocupantes y planteó la necesidad de una reforma profunda que incluya la reestructuración de la Fiscalía y del sistema judicial.
Advirtió que el país debe definir si los recientes acontecimientos abren el camino a una transformación institucional o si representan solamente un nuevo cambio en la captura del poder judicial.
“Hay que ver si detrás de esto existen las condiciones políticas para una reforma real, una reforma profunda de la justicia, que es lo que el país está demandando hace mucho tiempo, o si solamente estamos asistiendo a un cambio en la captura del poder judicial”, sostuvo.
El analista consideró que una reforma de fondo requiere acuerdos nacionales y pactos políticos, condiciones que, a su juicio, todavía no se están construyendo.
Crimen organizado: de la violencia territorial a la captura institucional
Fortún explicó que el avance del crimen organizado transnacional en Bolivia puede entenderse a través de distintas fases. La primera, señaló, está marcada por la disputa territorial y la violencia, fenómenos que, según su análisis, ya se observan en el país.
La segunda etapa consiste en la captura de espacios institucionales, tanto públicos como privados, mediante la penetración de estructuras criminales en diferentes instancias del Estado.
“Estamos en un vertiginoso avance hacia el intento de toma de control del crimen organizado de diferentes instancias estatales”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que el fenómeno no termina con la ocupación de espacios de poder político y económico. También puede extenderse a distintos sectores de la actividad privada, hasta generar una mezcla entre recursos de origen legal e ilegal.
Según Fortún, ese proceso puede llegar a un punto en el que resulte cada vez más difícil distinguir qué actividades económicas tienen vínculos con organizaciones criminales y cuáles operan dentro de la legalidad.
Narcotráfico, contrabando y minería ilegal: las distintas actividades criminales
El analista señaló que el crimen organizado transnacional no debe asociarse exclusivamente con el narcotráfico, los asesinatos o el sicariato. Explicó que estas estructuras también están vinculadas con actividades como el contrabando, la minería ilegal de oro y la trata de personas.
En ese sentido, destacó que las organizaciones criminales operan con lógicas empresariales, mediante mecanismos de cooperación que incluyen el lavado de dinero y el uso compartido de rutas comerciales.
“Es un todo que opera de una manera conjunta con una lógica de expansión comercial, empresarial y esa es la dimensión en la que hay que leer el crimen organizado”, explicó.
Fortún indicó que esta coordinación entre distintas actividades ilícitas hace más complejo identificar hasta qué punto las organizaciones criminales han penetrado en determinados espacios económicos.
Fundación Vicente Pazos Kanki plantea una mirada integral del crimen organizado
Durante la entrevista, Fortún explicó que estas reflexiones forman parte de un primer diagnóstico elaborado desde la mesa de crimen organizado transnacional y seguridad de la Fundación Vicente Pazos Kanki.
El trabajo busca ampliar la comprensión del fenómeno y analizar sus distintas formas de operación, más allá de los hechos de violencia asociados al narcotráfico.
El analista insistió en que la penetración del crimen organizado en instituciones públicas y actividades privadas representa un desafío que debe abordarse desde una perspectiva integral, considerando sus dimensiones políticas, económicas y sociales.
