El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) otorgó un plazo de seis días al magistrado Rómer Saucedo para que regrese a Bolivia y retome sus funciones. Si no cumple con esa determinación, su ausencia podría ser considerada abandono del cargo, en medio de una nueva crisis institucional en el Órgano Judicial.
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La decisión se produce después de que Saucedo anunciara públicamente que salió del país junto a su esposa y sus tres hijos, al declararse en el exilio por considerar que su vida y la de su familia están en peligro.
El conflicto obligó al máximo tribunal a analizar la continuidad de su conducción institucional y las consecuencias de la ausencia de uno de sus magistrados.
La advertencia del TSJ no significa que Saucedo haya sido destituido ni que exista una declaratoria definitiva de abandono. Se trata de un plazo para que retorne y una eventual consecuencia institucional si no lo hace.
Qué decidió el Tribunal Supremo de Justicia
La Sala Plena del TSJ debe analizar la situación del magistrado y definir cómo garantizar la continuidad de las funciones del máximo tribunal.
En ese contexto, la decana Rosmery Ruiz asumió temporalmente la conducción institucional y convocó a una sesión extraordinaria para tratar la situación.
La reunión, inicialmente prevista para las 09:00 de este miércoles 4 de noviembre, fue postergada hasta las 14:00 debido a la ausencia del magistrado Carlos Ortega, quien fue elegido presidente del TSJ para la gestión 2027.
El plazo de seis días concedido a Saucedo introduce un nuevo elemento en el conflicto, porque su retorno será determinante para establecer si puede continuar ejerciendo sus funciones con normalidad o si corresponde activar mecanismos institucionales ante una eventual ausencia prolongada.
Por qué Rómer Saucedo salió de Bolivia
Saucedo anunció que abandonó el país junto a su esposa y sus tres hijos y afirmó que se encuentra en el exilio por razones de seguridad.
En su pronunciamiento denunció que su libertad y la vida de su familia estarían en peligro. También aseguró que enfrenta una persecución política y judicial y expresó temor a que se construyan acusaciones o se fabriquen pruebas para abrir procesos penales en su contra.
El magistrado cuestionó lo que considera un intento de desacreditarlo y sostuvo que existiría una intervención del poder político sobre la administración de justicia.
Además, recordó el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, y cuestionó que ese crimen todavía no haya sido esclarecido.
Pese a su salida del territorio nacional, Saucedo afirmó que no renunciará al mandato que obtuvo mediante el voto popular en Santa Cruz.
También manifestó que tiene previsto regresar cuando existan garantías para su seguridad.
Sus declaraciones representan su versión sobre los motivos de su salida del país y las amenazas que denuncia.
La controversia sobre los procesos judiciales pendientes
Uno de los puntos de conflicto está relacionado con la existencia de procesos penales contra el magistrado.
Saucedo afirmó que salió de Bolivia sin tener procesos abiertos en su contra. Sin embargo, el fiscal general interino, José Armando Urioste, sostuvo que el magistrado tiene al menos tres procesos penales abiertos en Santa Cruz.
Urioste anunció que se procederá a citarlo por los conductos regulares para que preste declaraciones.
El fiscal no precisó públicamente los detalles de los tres procesos ni los delitos que se investigan en cada uno.
Esta diferencia entre las declaraciones de Saucedo y las del Ministerio Público añade otro componente a la crisis institucional, debido a que la situación judicial del magistrado podría tener implicaciones en su eventual retorno y en las actuaciones que deban realizarse.
Hasta ahora, las afirmaciones de ambas partes deben mantenerse diferenciadas y no permiten establecer por sí solas responsabilidades penales.
Quién asumirá la conducción del TSJ
La ausencia de Saucedo también abrió interrogantes sobre la conducción del Tribunal Supremo de Justicia.
La decana Rosmery Ruiz asumió temporalmente la presidencia institucional y convocó a Sala Plena para analizar la situación.
Por otra parte, Carlos Ortega fue elegido el 15 de octubre como próximo presidente del TSJ. Su gestión debía comenzar el 4 de enero de 2027.
En cuanto a la eventual sustitución de Saucedo como magistrado, la información difundida señala que la suplente que le sigue en la votación judicial es Míriam Rosell.
Sin embargo, deben distinguirse dos situaciones: la conducción temporal de la presidencia del TSJ y la eventual sustitución de un magistrado. La ausencia de Saucedo no implica automáticamente que pierda su mandato ni que otra autoridad pueda ocupar definitivamente su puesto.
Cualquier decisión deberá ajustarse a los procedimientos institucionales correspondientes.
Los cuatro puntos que están en juego en la crisis judicial
La situación de Saucedo plantea varios desafíos para el funcionamiento del Órgano Judicial.
1. La continuidad institucional del TSJ. El tribunal debe garantizar que sus actividades y decisiones no queden paralizadas por la ausencia de uno de sus integrantes.
2. El mandato obtenido mediante voto popular. Saucedo sostiene que no renunciará al cargo para el que fue elegido en Santa Cruz. El debate está en cómo se aplica la normativa ante una ausencia prolongada.
3. La independencia judicial. El magistrado denuncia persecución política y cuestiona una presunta intervención del poder político en la justicia. Estas afirmaciones requieren ser examinadas y contrastadas.
4. La sucesión institucional. El TSJ debe determinar qué mecanismos corresponden si el magistrado no retorna dentro del plazo establecido y quién podría asumir las funciones que eventualmente queden vacantes.
Qué puede pasar si Saucedo no regresa en seis días
El plazo otorgado por el TSJ abre un escenario institucional que dependerá de la respuesta del magistrado y de las decisiones posteriores de Sala Plena.
Si Saucedo retorna, deberá reasumir sus funciones y continuar ejerciendo el mandato para el que fue elegido, de acuerdo con las determinaciones institucionales.
Si no regresa, el TSJ podría considerar que su ausencia constituye abandono del cargo y analizar las medidas que correspondan conforme al procedimiento legal.
Por ahora, no existe una destitución definitiva ni una pérdida automática de su condición de magistrado.
La controversia mantiene abiertas dos cuestiones centrales: las garantías de seguridad que reclama Saucedo para regresar al país y las obligaciones institucionales que debe cumplir como autoridad judicial.
Los próximos seis días serán determinantes para conocer si el magistrado retorna a Bolivia o si el Tribunal Supremo de Justicia avanza hacia una decisión sobre su ausencia.
