Fiscalía emite orden de aprehensión contra Rómer Saucedo por presunto narcotráfico

La Fiscalía emitió una resolución de aprehensión contra Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dentro de una investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El documento, fechado el martes 3 de noviembre de 2026, fue conocido un día después de que el magistrado anunciara que salió de Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos.

La disposición fiscal fue firmada por Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, fiscales de la unidad especializada en delitos de narcotráfico de La Paz. En el documento, ambos fiscales consideran que existen indicios para investigar a Saucedo como probable autor de los hechos señalados.

La resolución no constituye una sentencia ni establece responsabilidad penal. Se trata de una actuación dentro de una investigación y de un requerimiento de aprehensión que deberá seguir el procedimiento correspondiente.

¿Cuáles son los delitos investigados contra Rómer Saucedo?

La resolución identifica dos figuras penales. La primera es el tráfico de sustancias controladas, previsto en el artículo 48 de la Ley 1008. La segunda es el delito de organización criminal, contemplado en el artículo 132 bis del Código Penal.

Los fiscales sostienen que existen elementos que justifican continuar las actuaciones y solicitar la aprehensión del presidente del TSJ. Sin embargo, la información disponible no detalla cuáles serían los hechos concretos que vinculan a Saucedo con esos delitos ni expone el contenido específico de los indicios mencionados.

Por esa razón, el alcance de la investigación debe distinguirse de una acusación probada. La existencia de una resolución fiscal no significa que el magistrado haya sido declarado culpable.

Fiscalía argumenta riesgo de fuga y posible obstaculización

Entre los fundamentos para solicitar la aprehensión, los fiscales mencionan posibles riesgos procesales relacionados con la fuga y la obstaculización de la investigación.

Uno de los argumentos apunta a que Saucedo no habría presentado documentación considerada idónea para acreditar un domicilio y una actividad laboral en Bolivia. A partir de esa observación, la Fiscalía advierte la posibilidad de que el investigado permanezca oculto o en la clandestinidad.

El requerimiento también menciona el riesgo de que pueda influir sobre testigos, afectar el desarrollo de las pesquisas o destruir elementos que podrían servir como prueba.

Para fundamentar esos argumentos, los fiscales invocaron los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, referidos a los riesgos de fuga y obstaculización.

Estos elementos forman parte de la justificación fiscal para pedir la medida. Su valoración y las decisiones posteriores corresponden a las instancias competentes dentro del proceso.

La resolución fue fechada un día antes de que Saucedo anunciara su salida

Uno de los aspectos centrales del caso es la cronología. La resolución de aprehensión tiene fecha del martes 3 de noviembre. Al día siguiente, miércoles 4, Saucedo comunicó que había abandonado el país junto a su esposa y sus tres hijos.

La coincidencia de fechas abre interrogantes sobre si el presidente del TSJ conocía la investigación o la disposición fiscal antes de salir de Bolivia. No obstante, la información disponible no permite establecer que hubiera recibido una notificación previa ni confirmar que conociera el requerimiento.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que Saucedo no tenía una alerta migratoria ni un arraigo que le impidiera viajar cuando se produjo su salida, de acuerdo con los registros conocidos por las autoridades.

Ante esa situación, Migración inició averiguaciones para establecer por dónde cruzó la frontera y bajo qué circunstancias dejó el territorio nacional.

Fiscalía gestiona una notificación roja de Interpol

El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó que se tramitan los mandamientos correspondientes para localizar a Saucedo y que comenzaron las gestiones para solicitar una notificación roja de Interpol.

Ese procedimiento requiere una solicitud a través de Interpol Bolivia y una posterior evaluación de la Secretaría General de la organización internacional.

La precisión es importante: hasta la actualización de la noche del miércoles 4 de noviembre, la notificación roja estaba en trámite. No se había confirmado que Interpol la hubiera emitido.

Una solicitud de este tipo tampoco equivale, por sí sola, a una orden internacional de captura. Se trata de un mecanismo de cooperación policial para localizar a una persona buscada por las autoridades de un país, conforme a las reglas de Interpol.

El Gobierno investiga cómo salió del país

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó de sorpresiva la salida de Saucedo y señaló que no existía una restricción migratoria que impidiera su viaje.

El Gobierno espera esclarecer la ruta que utilizó el magistrado y las circunstancias de su salida. Para ello, Migración realiza las verificaciones correspondientes, mientras la Fiscalía avanza con las actuaciones destinadas a localizarlo.

Por el momento, las autoridades no han informado públicamente una conclusión sobre el punto exacto por el que Saucedo abandonó Bolivia.

Saucedo denuncia persecución política y afirma que no renunciará

Saucedo sostuvo que salió de Bolivia porque considera que su libertad y la vida de su familia están en riesgo. El magistrado denunció una persecución política y judicial, y aseguró que no renunciará a su mandato como autoridad elegida por voto popular.

Hasta la información disponible durante la noche del 4 de noviembre, no se conocía una respuesta detallada de Saucedo sobre los delitos específicos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal mencionados en la resolución fiscal.

Su posición pública se concentra en denunciar que enfrenta amenazas y que tomó la decisión de salir del país para proteger a su esposa y sus tres hijos.

Cinco claves para entender el caso

La resolución fiscal está fechada el 3 de noviembre de 2026 y fue firmada por dos fiscales especializados en delitos de narcotráfico de La Paz.

La investigación menciona presunto tráfico de sustancias controladas, previsto en la Ley 1008, y organización criminal, contemplada en el Código Penal.

La Fiscalía fundamenta el requerimiento de aprehensión en posibles riesgos de fuga y obstaculización, además de la eventual destrucción de pruebas.

Saucedo anunció su salida de Bolivia el 4 de noviembre, un día después de la fecha consignada en la resolución. El Gobierno sostiene que no tenía arraigo ni alerta migratoria cuando viajó.

Finalmente, la Fiscalía gestiona una notificación roja de Interpol, pero hasta la actualización nocturna todavía no se había confirmado su emisión.

El caso abre un nuevo frente judicial y político para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Mientras la Fiscalía busca avanzar en la investigación y localizar al magistrado, Saucedo sostiene que su salida responde a razones de seguridad y rechaza renunciar a su mandato. La determinación de responsabilidades penales dependerá del desarrollo del proceso y de las decisiones de las autoridades competentes.