Lo que ocurre en la justicia boliviana debería provocar un escándalo nacional. Sin embargo, hechos de enorme gravedad parecen reducirse a conversaciones y comentarios en redes sociales. La detención del fiscal general Roger Mariaca, por presuntos hechos de corrupción y supuestos vínculos con actividades ilícitas, así como la situación de Romer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, investigado y señalado como prófugo, son acontecimientos de enorme gravedad que requieren investigaciones transparentes y conclusiones judiciales.
Ambos ocuparon responsabilidades centrales en instituciones fundamentales: la Fiscalía debe investigar los delitos y defender la legalidad; el Órgano Judicial, administrar justicia. Si las investigaciones confirman las acusaciones, estaríamos ante una grave degradación institucional: quienes debían garantizar el cumplimiento de la ley habrían terminado presuntamente vinculados con actividades contrarias a ella.
Bolivia conoce la corrupción, el sometimiento político, la retardación procesal y la falta de independencia judicial. Pero una cosa es tener instituciones ineficientes y otra descubrir que sus máximas autoridades podrían haber integrado redes de protección de actividades criminales. Esto compromete su finalidad y la confianza ciudadana en el Estado.
Hay un aspecto que merece especial atención: la relación entre el poder y la acumulación personal de beneficios. En determinados sectores de la política y la administración pública parece haberse instalado la idea de que alcanzar un cargo importante no significa asumir un servicio, sino acceder a una oportunidad para acumular influencia, obtener ventajas económicas y asegurar protección. El cargo deja de concebirse como una función temporal del Estado y comienza a percibirse como una propiedad de quien lo ejerce.
Esta mentalidad explica por qué algunas personas buscan determinados puestos por las oportunidades que ofrecen y no necesariamente por vocación o compromiso institucional. El problema se agrava cuando las relaciones de conveniencia pesan más que la capacidad, la honestidad y la trayectoria profesional.
También preocupa que grupos reducidos puedan comprometer instituciones enteras. No hace falta que todos los funcionarios sean corruptos para que una institución pierda independencia. Basta con que puestos estratégicos respondan a intereses particulares, existan intermediarios capaces de influir en decisiones y otros funcionarios prefieran callar. Las redes de protección pueden sobrevivir incluso cuando sus principales integrantes son investigados o apartados.
La ostentación de vehículos, propiedades y estilos de vida de algunas autoridades obliga a revisar los controles patrimoniales. No se cuestiona la riqueza legítima, sino la falta de correspondencia entre ingresos y patrimonio. Las declaraciones juradas no pueden ser formalidades: el Estado debe identificar incrementos injustificados y movimientos sospechosos.
La responsabilidad tampoco termina en quienes ejercen el poder. Existe un componente social y psicológico que ayuda a explicar la permanencia de estas prácticas. En una sociedad donde el poder despierta admiración, temor o interés, algunas personas buscan acercarse a quienes toman decisiones, no por coincidencia de principios, sino por las ventajas que esperan obtener. Mientras una autoridad conserva influencia abundan los respaldos, las fotografías, los elogios y las muestras de lealtad. Cuando pierde poder o enfrenta investigaciones, antiguos colaboradores se apresuran a distanciarse.
Esta conducta revela una relación utilitaria con el poder: la lealtad depende de los beneficios que una persona puede proporcionar. Incluso quienes conocen irregularidades pueden preferir callar mientras la autoridad mantiene influencia. El silencio puede responder al miedo, pero también a la conveniencia o al interés personal. Por eso, la corrupción no se sostiene únicamente por quienes la ejecutan, sino también por los entornos que la toleran y obtienen ventajas.
Otro comportamiento preocupante es la utilización de cargos judiciales como plataformas de posicionamiento político y personal. Mariaca y Saucedo tuvieron momentos de exposición pública que parecían superar la comunicación estrictamente institucional. Las declaraciones sobre asuntos políticos y los pronunciamientos regionales pueden confundir las responsabilidades judiciales con las aspiraciones de un dirigente. Las intervenciones públicas de Saucedo en torno al conflicto del mercado Mutualista de Santa Cruz también plantearon interrogantes sobre los límites entre su posición personal y la autoridad institucional que representaba. Ejercer derechos ciudadanos es legítimo; utilizar el peso de un cargo judicial para intervenir en controversias públicas es otra cosa.
Una justicia deteriorada también tiene un costo económico. Cuando una empresa no tiene garantías sobre sus contratos, un inversionista teme que sus derechos dependan de contactos o una persona necesita intermediarios para obtener una resolución, aumenta la incertidumbre y se encarece la actividad económica. Sin justicia confiable, se perjudica al empresario honesto y se favorece a quien tiene influencias. La justicia deja entonces de ser un derecho y se convierte en privilegio.
Las causas de esta crisis son estructurales: politización, sometimiento al poder, ausencia de una verdadera carrera judicial y fiscal, corrupción institucionalizada, impunidad y deficiente administración de justicia. A ello se suma un sistema de selección y elección de autoridades que no ha garantizado independencia, idoneidad e integridad. Cambiar nombres no resuelve el problema si permanecen los mismos incentivos y mecanismos de influencia.
Las investigaciones pueden abrir una oportunidad para recuperar las instituciones, pero deben desarrollarse con transparencia, independencia y respeto al debido proceso. No pueden convertirse en una disputa entre el Ejecutivo y quienes tuvieron poder o influencia. Deben alcanzar a todos los funcionarios que pudieran haber participado en redes de corrupción, sin excepciones ni protección política.
Bolivia no recuperará su justicia sustituyendo autoridades si permanecen los mecanismos que convierten los cargos públicos en instrumentos de acumulación personal, las relaciones de conveniencia y la falta de controles efectivos. El problema no es solamente quién ocupa los principales despachos judiciales, sino qué personas, incentivos y relaciones de poder produce el sistema. Mientras eso no cambie, unas autoridades caerán y otras ocuparán su lugar, sin que la justicia salga de su crisis.
