El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 denuncia la detención ilegal de opositores y, en particular, del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El documento advierte entre los “asuntos importantes” reportes sobre ‘torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales’.
Según el documento al que tuvo acceso Asuntos Centrales, señala que “pese a que la normativa boliviana prohíbe las detenciones ilegales y las torturas, organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos detectaron varias detenciones con motivos políticos, todas contras líderes opositores al Gobierno o miembros del anterior Ejecutivo”.
Menciona, en particular, “la detención de alto contenido político del Gobernador Luis Fernando Camacho ocurrida en diciembre de 2022, que es considerada por organizaciones de derechos humanos de haber sido motivada por motivos políticos”.
De la misma forma, “diversos abogados reportan de detenciones arbitrarias que se producen a diario contra individuos sin el debido proceso”.
En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.
En su sección de Respeto por la integridad de la persona, el documento establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.
Derechos humanos
“Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron, en gran medida, en la tortura para obtener información y extraer confesiones”, añade el documento publicado este martes.
“Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas”, señal.
El informe incluye una crítica a la “impunidad policial”, a la que califica como “un problema significativo”, debido a la “corrupción” y la “politización” del sistema judicial.
“Rara vez se hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas”, complementa la nota publicada por ANF.
