El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo “JP” Velasco, impulsa un proyecto para construir una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 5.000 personas privadas de libertad y una inversión estimada de entre US$ 20 millones y US$ 30 millones.
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La iniciativa, conocida provisionalmente como “La Tumba”, estaría ubicada en una zona aislada del Chaco cruceño y tomaría como referencia el modelo penitenciario de El Salvador. Sin embargo, todavía se encuentra en etapa de planificación y gestión de financiamiento: no se ha anunciado una contratación ni el inicio de obras.
Según los planteamientos iniciales del gobernador, el objetivo es impedir que personas consideradas de alta peligrosidad continúen dirigiendo actividades criminales desde los centros penitenciarios.
Para avanzar, la Gobernación deberá definir la ubicación definitiva, el diseño del complejo, el financiamiento y las condiciones legales y operativas necesarias para poner en marcha el proyecto.
¿Dónde estaría ubicada la nueva cárcel?
La Gobernación considera la región de Salinas, en la provincia Cordillera, como una posible ubicación para el recinto penitenciario. La zona es evaluada por su aislamiento y distancia de los principales centros urbanos.
No obstante, la ubicación definitiva aún debe confirmarse. La selección del terreno será uno de los pasos necesarios antes de avanzar hacia el diseño final y la ejecución de la obra.
La propuesta apunta a concentrar en un solo complejo a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Velasco ha cuestionado que algunos internos puedan continuar coordinando actividades criminales desde las cárceles actuales.
El proyecto busca responder a esa preocupación mediante un régimen de máxima seguridad, aunque todavía deben definirse sus características técnicas, los procedimientos de vigilancia y las reglas de funcionamiento.
Capacidad para 5.000 internos y comunicaciones restringidas
La cárcel proyectada tendría capacidad para 5.000 personas privadas de libertad. Entre las características anunciadas figuran la vigilancia permanente y restricciones a las comunicaciones con el exterior.
Según los planteamientos iniciales, las comunicaciones podrían limitarse a videollamadas. Sin embargo, los detalles del régimen penitenciario, los sistemas tecnológicos y los protocolos de seguridad todavía no están definidos públicamente.
La iniciativa toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La referencia al modelo de El Salvador no significa que Bolivia vaya a reproducir exactamente su infraestructura, su normativa o su régimen interno. El proyecto deberá adecuarse al marco legal boliviano y contemplar las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.
¿De dónde saldrán los hasta US$ 30 millones?
Velasco plantea conseguir financiamiento del exterior mediante una concesión o una alianza público-privada (APP). Según su propuesta, el mecanismo debería evitar un gasto directo para la Gobernación o el Gobierno central en la inversión inicial.
Hasta el momento, no se ha anunciado públicamente un inversionista con un compromiso confirmado para financiar la construcción.
El gobernador anunció que buscaría reunirse con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y el director nacional de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida Balderrama, para presentar formalmente la iniciativa.
También reconoció que será necesario revisar o modificar algunas normas para hacer viable el proyecto.
La definición del mecanismo financiero será determinante para establecer quién asumiría la inversión, bajo qué condiciones se ejecutaría la obra y qué obligaciones tendría el Estado durante su funcionamiento.
¿Qué incluye el presupuesto estimado?
El rango anunciado para la construcción oscila entre US$ 20 millones y US$ 30 millones. Sin embargo, todavía no se ha precisado públicamente si esa cifra contempla únicamente la infraestructura o también el equipamiento, la tecnología, los sistemas de vigilancia y otros componentes de seguridad.
Como referencia matemática, dividir ese presupuesto entre las 5.000 plazas previstas equivale a una inversión estimada de entre US$ 4.000 y US$ 6.000 por plaza penitenciaria.
Ese cálculo no constituye un costo técnico validado. Para evaluar el presupuesto será necesario conocer las características del complejo, los materiales, la infraestructura de servicios y los equipos que se incluirían.
También falta determinar cuánto costaría operar la cárcel, cuántos funcionarios necesitaría y qué institución asumiría los gastos de alimentación, salud, vigilancia, mantenimiento y administración.
Estos costos serán relevantes para conocer el impacto económico del proyecto a largo plazo, incluso si la inversión inicial se consigue mediante capital privado o financiamiento externo.
Los pasos pendientes para concretar el proyecto
La propuesta todavía debe superar varias etapas antes de convertirse en una obra ejecutable.
Entre los aspectos pendientes están la selección definitiva del terreno, la presentación formal del proyecto ante las autoridades nacionales, la definición de los requisitos legales y la identificación de una fuente de financiamiento con compromisos verificables.
También será necesario contar con estudios técnicos que precisen el costo de construcción y operación, además de definir el régimen penitenciario y los mecanismos de supervisión.
La eventual participación privada mediante una concesión o alianza público-privada requerirá establecer las responsabilidades de cada parte y las condiciones bajo las cuales se administraría la infraestructura.
Por ahora, el anuncio de JP Velasco plantea una cárcel de máxima seguridad para 5.000 internos, con una inversión estimada de hasta US$ 30 millones y una posible ubicación en el Chaco cruceño. Su ejecución dependerá de que se definan el financiamiento, el diseño, el marco legal y las condiciones operativas necesarias para hacer viable la iniciativa.
