¿Bolivia va camino a México? Juan Alberto Cedillo advierte sobre los riesgos del crimen organizado

Bolivia enfrenta señales de alerta por el avance de la violencia vinculada al crimen organizado. Un recuento periodístico citado en el programa Asuntos Centrales registró al menos 43 personas fallecidas en ataques armados atribuidos a sicarios hasta el 14 de septiembre de 2026. La cifra no incluye los casos reportados posteriormente durante octubre.

Durante una entrevista con Desayuno Informado de Asuntos Centrales, el periodista mexicano Juan Alberto Cedillo advirtió que la expansión de estas organizaciones puede acelerarse cuando las autoridades minimizan las primeras señales de violencia, extorsiones y amenazas contra funcionarios.

A partir de la experiencia de México, Cedillo explicó cómo el crecimiento de grupos criminales puede comenzar en comunidades pequeñas y extenderse progresivamente hacia las grandes ciudades, mientras sus integrantes acumulan poder económico y establecen posibles vínculos con funcionarios públicos.

La conversación planteó una pregunta central: ¿está Bolivia a tiempo de evitar una escalada de violencia similar a la que vivió México?

Para el periodista, la principal advertencia es que las autoridades no deben esperar a que el crimen organizado alcance niveles extremos para actuar.

Santa Cruz concentra la mayoría de las víctimas de ataques atribuidos a sicarios

De acuerdo con el recuento periodístico presentado durante la entrevista, Bolivia registró al menos 43 víctimas mortales de ataques atribuidos a sicarios hasta el 14 de septiembre de 2026.

La distribución mencionada en el programa sitúa a Santa Cruz como el departamento con más casos, con 26 víctimas. Le siguen Cochabamba, con cinco; Beni, con cuatro; Tarija, con tres; y Pando, con dos.

Estos datos corresponden a un recuento periodístico basado en publicaciones de medios de comunicación, no a una estadística oficial consolidada. Además, el registro todavía no incorporaba los casos reportados durante octubre.

Durante la conversación también se mencionaron cifras generales de denuncias por delitos contra la vida: 541 en 2023, 453 en 2024 y 273 en 2025. Sin embargo, estas cantidades no corresponden exclusivamente a sicariatos y no deben utilizarse como una serie estadística para medir la evolución de ese delito específico.

La distinción es importante porque los ataques atribuidos a sicarios, los homicidios y el conjunto de delitos contra la vida son categorías diferentes. Para establecer una tendencia precisa se necesitan registros oficiales comparables, con criterios de clasificación y periodos claramente definidos.

Pese a esas limitaciones, la concentración de víctimas en Santa Cruz y los ataques armados registrados en distintos puntos del país alimentan la preocupación por la capacidad de las organizaciones criminales para operar en Bolivia.

Juan Alberto Cedillo advierte sobre los errores que cometió México

Al comparar la situación boliviana con la experiencia mexicana, Cedillo explicó que la expansión del crimen organizado no se produjo de un día para otro.

Según su análisis, durante los primeros años del siglo XXI comenzaron a registrarse hechos violentos que causaron alarma, inicialmente en localidades pequeñas y zonas rurales. Sin embargo, la respuesta institucional no siempre estuvo a la altura del problema.

El periodista recordó que las autoridades mexicanas tendieron a prestar mayor atención a la violencia cuando esta alcanzó ciudades importantes, pese a que las amenazas, extorsiones y asesinatos ya se habían extendido en comunidades más pequeñas.

“Las señales, los acontecimientos que venían ocurriendo en zonas primero pequeñas de la población, donde las amenazas, donde las extorsiones y donde los asesinatos venían creciendo, fueron despreciados por las autoridades”, advirtió Cedillo.

A su juicio, ese retraso permitió que los grupos criminales consolidaran su presencia, ampliaran sus operaciones y acumularan recursos para ejercer un mayor control territorial.

El periodista sostuvo que la experiencia mexicana demuestra la importancia de actuar desde las primeras señales de violencia, en lugar de esperar a que el problema alcance dimensiones difíciles de contener.

La comparación no significa que Bolivia necesariamente seguirá el mismo camino. Sin embargo, plantea la necesidad de evaluar oportunamente las amenazas, la capacidad operativa de las organizaciones criminales y la respuesta de las instituciones encargadas de combatirlas.

Las capturas de criminales no garantizan el desmantelamiento de sus redes

Durante la entrevista se abordó el impacto de las detenciones de presuntos integrantes de organizaciones criminales en Bolivia, así como las investigaciones sobre posibles redes de protección institucional.

El contexto mencionado incluyó la captura de Sebastián Marset y operaciones contra presuntos integrantes de organizaciones criminales brasileñas. También se hizo referencia a la detención de una alta autoridad del Ministerio Público y a las investigaciones sobre posibles estructuras de protección al narcotráfico.

La conversación incluyó, además, las amenazas denunciadas por el presidente Rodrigo Paz Pereira y miembros de su familia, así como por otras autoridades.

Estos hechos fueron presentados como parte de un escenario de preocupación por la capacidad de intimidación de las organizaciones criminales. No obstante, cada denuncia, investigación y presunta vinculación delictiva debe evaluarse de manera individual, con información oficial y respeto al debido proceso.

Cedillo subrayó que detener a los principales integrantes de una organización no necesariamente elimina sus redes de apoyo, sus recursos económicos ni sus conexiones con otros grupos.

Desde esa perspectiva, el desafío consiste en investigar también las estructuras que permiten a estas organizaciones mantener sus operaciones, financiarse y proteger a sus integrantes.

La infiltración de las instituciones, uno de los mayores riesgos

Uno de los puntos más enfáticos de la entrevista fue el riesgo de que el crimen organizado consiga establecer relaciones de protección con funcionarios públicos.

Cedillo explicó que, en México, la acumulación de recursos económicos permitió a determinadas organizaciones criminales ampliar su capacidad para influir sobre autoridades de distintos niveles.

Como ejemplo, mencionó la crisis política en Sinaloa, relacionada con acusaciones de vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. Según su explicación, las denuncias de presuntos pactos de protección evidenciaron el alcance que puede adquirir la penetración del narcotráfico en las instituciones.

“Esta complicidad de funcionarios de diversos niveles de gobierno” es, según el periodista, uno de los factores que facilita el crecimiento de estas organizaciones.

El problema no se limita a la posible participación directa de servidores públicos en actividades ilícitas. También incluye la filtración de información, la omisión deliberada de controles, la protección frente a investigaciones y la utilización de recursos institucionales para favorecer intereses criminales.

En el caso boliviano, Cedillo planteó que las investigaciones deben determinar si existen estructuras de protección y hasta dónde llegan sus posibles responsabilidades. Las sospechas o acusaciones, sin embargo, no sustituyen las pruebas necesarias para establecer responsabilidades penales.

Las amenazas contra autoridades deben tomarse en serio

La entrevista también abordó las amenazas denunciadas por autoridades bolivianas. Cedillo consideró que este tipo de hechos debe generar una respuesta inmediata y coordinada.

Explicó que, cuando una organización criminal comienza a desafiar públicamente a las autoridades, el problema deja de ser únicamente policial y pasa a convertirse en un desafío institucional.

“En el momento que ya el crimen organizado se pone al tú por tú, se tendrían que tomar todas las consideraciones”, sostuvo.

La advertencia apunta a la necesidad de evaluar las amenazas, proteger a las personas afectadas, investigar su origen y determinar si forman parte de una estrategia de intimidación vinculada a intereses criminales.

El periodista también destacó la importancia de involucrar a la sociedad en la prevención y respuesta frente a la violencia. A su juicio, la falta de una reacción amplia puede permitir que las organizaciones criminales amplíen progresivamente sus espacios de influencia.

En Bolivia, la respuesta requiere información verificable sobre los hechos denunciados, coordinación entre las instituciones competentes y una estrategia que no dependa únicamente de operativos aislados.

Cedillo plantea una respuesta regional contra el crimen organizado

El periodista mexicano sostuvo que el crimen organizado transnacional supera la capacidad de respuesta de un solo país cuando sus redes operan a través de fronteras, movilizan grandes recursos y mantienen vínculos entre distintas organizaciones.

Por ello, defendió la cooperación entre gobiernos latinoamericanos y el intercambio de información para enfrentar las estructuras criminales.

También consideró importante la colaboración con Estados Unidos, aunque advirtió que los acuerdos de seguridad pueden verse afectados cuando se convierten en instrumentos de confrontación política.

Al referirse a iniciativas de cooperación regional, señaló que las alianzas deben centrarse en objetivos concretos de lucha contra el crimen organizado y evitar que las diferencias políticas impidan acciones conjuntas.

La cooperación internacional, sin embargo, debe complementarse con instituciones nacionales capaces de investigar, procesar y sancionar los delitos, además de mecanismos de control que reduzcan las oportunidades de corrupción.

México plantea una alianza entre Estado y sociedad

Al evaluar las posibilidades de enfrentar una escalada de violencia, Cedillo consideró que la respuesta debe incluir a diferentes sectores de la sociedad.

Mencionó la participación de universidades, empresarios, iglesias y organizaciones sociales, además de las autoridades nacionales y los gobiernos de otros países.

Su planteamiento es que el combate al crimen organizado no puede depender únicamente de un gobierno o de una fuerza policial. Requiere acuerdos sostenidos, intercambio de información y una política de largo plazo.

También advirtió que no existen soluciones sencillas para revertir escenarios de violencia cuando las organizaciones criminales ya han consolidado su poder.

En ese sentido, la principal lección que dejó la entrevista es la necesidad de actuar antes de que las amenazas, extorsiones y asesinatos se conviertan en hechos cotidianos.

¿Está Bolivia a tiempo de evitar una escalada de violencia?

Las cifras presentadas en Asuntos Centrales y las amenazas denunciadas por autoridades forman parte de un contexto que requiere seguimiento, pero no bastan por sí solas para concluir que Bolivia repetirá la experiencia mexicana.

La comparación planteada por Juan Alberto Cedillo funciona como una advertencia sobre los riesgos de subestimar las primeras señales de expansión del crimen organizado.

La concentración de víctimas en Santa Cruz, los ataques armados y las investigaciones sobre posibles redes de protección institucional justifican una evaluación rigurosa de la situación. Para dimensionar el problema, será necesario contar con estadísticas oficiales consistentes, investigaciones transparentes y resultados verificables.

La experiencia de México, según el análisis expuesto por Cedillo, muestra que ignorar durante años la violencia en comunidades pequeñas puede permitir que las organizaciones criminales ganen terreno y capacidad de intimidación.

El desafío para Bolivia es evitar esa progresión mediante una respuesta temprana, coordinada y sostenida, que combine investigación criminal, control institucional, cooperación regional y protección efectiva de las autoridades y la población.