La investigación por presuntas irregularidades en la compra e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (SIDACTA) alcanza a cuatro exministros de Defensa que ejercieron funciones durante tres gobiernos en Bolivia.
Table Of Content
- 1. Reymi Ferreira: firmó el contrato original con Thales
- 2. Javier Zavaleta: firmó la tercera y cuarta modificación
- 3. Luis Fernando López: suscribió la quinta modificación contractual
- 4. Edmundo Novillo: fue aprehendido el 29 de octubre
- ¿De qué trata el caso de los radares?
- ¿Qué situación judicial tiene cada exministro?
Los exministros denunciados son Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo. Este último fue aprehendido el jueves 29 de octubre, después de prestar declaración ante la Fiscalía.
La querella presentada por el Ministerio de Defensa también incluye a otras 15 personas, entre exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista francesa Thales.
El caso gira en torno a un contrato firmado en 2016 por más de 191 millones de euros para implementar un sistema de vigilancia y control del espacio aéreo boliviano. Una auditoría identificó observaciones técnicas, modificaciones contractuales y un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones.
La investigación deberá establecer qué responsabilidades corresponden a cada exautoridad y a los demás denunciados.
1. Reymi Ferreira: firmó el contrato original con Thales
Reymi Ferreira Justiniano fue ministro de Defensa durante el gobierno de Evo Morales, entre 2015 y 2018.
En agosto de 2016, durante su gestión, se firmó el contrato original con la empresa francesa Thales para la implementación del SIDACTA.
Ferreira también suscribió las dos primeras modificaciones contractuales. Según los antecedentes de la auditoría, entre los aspectos observados figuran elementos de la contratación, la designación de responsables y las garantías de los equipos.
Su participación en la firma del contrato y sus modificaciones lo incluye entre las exautoridades denunciadas en el proceso.
2. Javier Zavaleta: firmó la tercera y cuarta modificación
Javier Zavaleta López estuvo al frente del Ministerio de Defensa entre enero de 2018 y noviembre de 2019, también durante el gobierno de Evo Morales.
Durante su gestión firmó la tercera y cuarta modificación del contrato con Thales.
La auditoría cuestiona cambios relacionados con la modalidad de contratación llave en mano y aspectos vinculados con las exenciones tributarias.
Estos elementos forman parte de las observaciones que el Ministerio de Defensa incorporó en la denuncia. La investigación deberá determinar si las decisiones adoptadas durante su gestión ocasionaron perjuicios al Estado o incumplieron las obligaciones establecidas en el contrato.
3. Luis Fernando López: suscribió la quinta modificación contractual
Luis Fernando López Julio fue ministro de Defensa durante el gobierno de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.
El 17 de abril de 2020 firmó la quinta modificación del contrato del SIDACTA.
De acuerdo con la auditoría, ese documento incorporó nuevas definiciones sobre los procedimientos de entrega y recepción de los equipos. El informe observa que esos cambios habrían desnaturalizado la modalidad de contratación llave en mano.
Su inclusión en la querella responde a su participación en esa modificación contractual. La denuncia no equivale a una declaración de culpabilidad y será la investigación la que establezca si existieron responsabilidades penales.
4. Edmundo Novillo: fue aprehendido el 29 de octubre
Edmundo Novillo Aguilar fue ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Arce, entre 2020 y 2025.
En ese periodo firmó la sexta y séptima modificaciones contractuales del proyecto de radares.
El jueves 29 de octubre fue aprehendido después de declarar ante la Fiscalía. Es investigado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Su aprehensión representa una situación procesal distinta a la de los otros tres exministros, que figuran como denunciados en los antecedentes proporcionados. La definición de su situación judicial corresponde a las autoridades competentes.
¿De qué trata el caso de los radares?
El proyecto SIDACTA fue contratado en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales por un monto superior a 191 millones de euros.
El objetivo era implementar un sistema integrado de defensa aérea y control del tráfico aéreo, con 13 radares previstos y un plazo inicial de ejecución de 31 meses.
Sin embargo, el plazo se amplió hasta 82 meses y el contrato registró siete modificaciones durante las gestiones de los cuatro exministros investigados.
La auditoría presentada por el Ministerio de Defensa identificó observaciones en el funcionamiento de los equipos:
- Dos radares funcionaban sin observaciones.
- Nueve presentaban observaciones técnicas.
- Dos no estaban operativos.
Otro dato que forma parte de la denuncia es que la ejecución financiera reportada alcanzó el 97,85%, pese a las observaciones técnicas identificadas.
El Ministerio de Defensa señaló un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. Esa cifra corresponde a una estimación de auditoría y deberá ser examinada durante el proceso de investigación.
¿Qué situación judicial tiene cada exministro?
Los cuatro exministros aparecen en la querella del Ministerio de Defensa, pero no todos tienen la misma situación procesal.
Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Luis Fernando López figuran como denunciados. Edmundo Novillo fue aprehendido el 29 de octubre y su situación debe ser definida por las autoridades judiciales.
La investigación deberá establecer la participación individual de cada exautoridad en las decisiones contractuales, así como las responsabilidades de los otros 15 denunciados.
La inclusión en una querella, una denuncia o una investigación no constituye una condena. La Fiscalía deberá reunir y valorar los elementos de prueba para determinar si corresponde avanzar con imputaciones y otras medidas judiciales.
El caso SIDACTA pone bajo revisión decisiones tomadas durante tres gobiernos y siete modificaciones de un contrato millonario. El principal desafío de la investigación será establecer por qué el proyecto registró observaciones técnicas pese al elevado porcentaje de ejecución financiera reportado y quiénes tuvieron responsabilidad en esas decisiones.
