La inclusión de ciudadanos bolivianos en listas de Estados Unidos que restringen sus visas abrió dos frentes de tensión política e institucional: los pedidos para que los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Pacheco rindan cuentas ante el Parlamento, y los cambios registrados en la Justicia, especialmente en Santa Cruz.
Table Of Content
- Diputados López y Pacheco enfrentan pedidos de investigación
- ¿Pueden perder sus escaños por aparecer en la lista?
- Renuncia y cambio de presidencia en la Justicia cruceña
- El Consejo de la Magistratura revisa a tres jueces
- Fiscales y otros funcionarios también aparecen señalados
- Tres frentes que marcarán los próximos días
Al lunes 26 de octubre de 2026, las consecuencias son distintas según cada caso. Mientras los dos legisladores rechazan dejar sus escaños, en el Órgano Judicial ya se produjo la renuncia de una autoridad y se anunciaron revisiones de antecedentes y actuaciones de jueces incluidos en las listas.
La inclusión en estos registros estadounidenses no implica, por sí sola, una condena penal en Bolivia ni la pérdida automática de un cargo público. Cualquier responsabilidad debe establecerse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Diputados López y Pacheco enfrentan pedidos de investigación
El diputado Rafael Darío López Mercado, de la bancada Libre, fue incluido en la segunda lista difundida por Estados Unidos el 22 de octubre. Tras conocerse la decisión, el expresidente Jorge Quiroga y el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco pidieron que sea apartado de la Asamblea Legislativa y que se investigue su situación.
López señaló que analizaría los alcances de la medida y sostuvo que defenderá su honor y su presunción de inocencia. Hasta la información publicada el 25 de octubre, no se había confirmado que hubiera renunciado a su escaño.
El segundo legislador mencionado es Rolando Santos Pacheco Chávez, de Alianza Popular, quien también aparece en la lista estadounidense. Pacheco rechazó dejar su curul y afirmó que continuará ejerciendo sus funciones de fiscalización.
El diputado interpretó la medida como una represalia vinculada a sus denuncias de corrupción. Por su parte, la gobernadora en suplencia de Santa Cruz, Paola Aguirre, pidió que se investigue de oficio a ambos legisladores y consideró que deberían apartarse para evitar cuestionamientos sobre la independencia de las investigaciones.
Sin embargo, hasta los reportes consultados no se había confirmado una decisión de la Asamblea que retirara sus curules.
¿Pueden perder sus escaños por aparecer en la lista?
La inclusión de un legislador en una lista de restricciones de visa de Estados Unidos no supone automáticamente su expulsión del Parlamento boliviano.
Para que exista una sanción legislativa o judicial deben activarse los mecanismos previstos en la normativa nacional y establecerse los fundamentos legales correspondientes. La medida migratoria estadounidense, por sí sola, no reemplaza esos procedimientos.
Por ahora, el debate se concentra en las exigencias políticas de investigación, las respuestas de los legisladores y la posibilidad de que las instancias competentes adopten medidas formales.
Renuncia y cambio de presidencia en la Justicia cruceña
En el ámbito judicial, uno de los efectos más visibles fue la renuncia de Aldo Ismael Quezada Cerruti a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz y a su cargo de vocal de la Sala Constitucional Segunda.
Quezada presentó su renuncia irrevocable el 22 de octubre, después de aparecer en la lista estadounidense.
Tras su salida, Julio Nelson Alba Flores debía asumir la presidencia del tribunal por antigüedad, pero solicitó licencia. Alba también figura en la segunda lista difundida por Estados Unidos. Hasta los reportes consultados no se había informado de una renuncia suya.
La Sala Plena eligió el viernes 23 de octubre a Irma Villavicencio Suárez como nueva presidenta del TDJ cruceño. Al asumir el cargo, anunció que buscará mejorar la imagen del Órgano Judicial y combatir la corrupción.
El cambio de autoridades se produce en medio de cuestionamientos sobre la credibilidad de las instituciones y de pedidos para que se esclarezcan los casos relacionados con los funcionarios señalados.
El Consejo de la Magistratura revisa a tres jueces
La atención también está puesta en tres jueces de Santa Cruz que aparecieron en la primera lista, publicada el 28 de septiembre. El Consejo de la Magistratura anunció la revisión de sus antecedentes y actuaciones administrativas.
Albania Chane Caballero Saavedra continuaba en funciones mientras se revisaban sus antecedentes y afrontaba un proceso disciplinario por faltas graves.
Rosario Ximena Flores Paniagua también seguía en funciones. La Magistratura había solicitado información sobre sus antecedentes y posibles causas pendientes.
En el caso de Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, el juez continuaba en funciones y afrontaba un proceso disciplinario por una presunta falta gravísima. Según lo informado por el Consejo, el caso podía derivar en una destitución.
La institución instruyó, además, una revisión técnica y administrativa para verificar posibles irregularidades, incluidos viajes al exterior y la existencia de licencias o permisos correspondientes.
Hasta los reportes consultados no se había anunciado la destitución definitiva de estos tres jueces por el solo hecho de figurar en la lista estadounidense.
Fiscales y otros funcionarios también aparecen señalados
Las repercusiones no se limitan a los legisladores y jueces. Las dos listas estadounidenses incluyen a exautoridades y funcionarios de distintas instituciones del Estado.
Reportes del 24 de octubre indicaban que el exfiscal general Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio estaban con detención preventiva en procesos vinculados a una presunta estructura de protección al narcotráfico.
Por otra parte, el fiscal general José Armando Urioste informó sobre la desvinculación del Ministerio Público de Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras Velarde, fiscales mencionados en la segunda lista.
En esa misma lista figura Juan Lanchipa, también exfiscal general. Su inclusión, al igual que la de otros funcionarios, no constituye por sí misma una sentencia condenatoria.
Entre los demás nombres señalados están Fernando Ronald Velasco Soliz y Freddy Bismarck Pereira Molina, vinculados a la estructura policial antidroga; Katherine Calderón, exdirectora de Migración; Diego Barboza, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), y Óscar Mauricio Ortiz, director departamental del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en Santa Cruz.
Las consecuencias administrativas y judiciales varían de acuerdo con cada situación y deben evaluarse individualmente.
Tres frentes que marcarán los próximos días
La evolución del caso dependerá de las decisiones que adopten las instituciones bolivianas. En la Asamblea Legislativa, el seguimiento estará centrado en si se activan investigaciones formales contra López y Pacheco y si alguna instancia parlamentaria considera medidas disciplinarias.
En la Justicia cruceña, será clave conocer si el Consejo de la Magistratura abre nuevos procesos, dispone auditorías o adopta decisiones disciplinarias contra los jueces señalados.
El tercer frente corresponde a las investigaciones penales: qué hechos concretos se indagan en Bolivia, cuáles son las pruebas presentadas y qué determinan las autoridades competentes.
La distinción central es que una restricción de visa impuesta por Estados Unidos no equivale a una condena en Bolivia. Las responsabilidades individuales deberán establecerse mediante procedimientos legales, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
