La importación privada de combustibles en Bolivia lleva cerca de dos años con la posibilidad de operar, aunque todavía requiere autorizaciones específicas. Según Stevo Ostoic, representante de la cadena Biopetrol, en las últimas semanas se habilito además que las estaciones de servicio puedan comercializar de manera paralela combustibles adquiridos de YPFB y productos importados por privados.
Ostoic explicó que Biopetrol ya cuenta con cuatro estaciones de servicio en Santa Cruz que comercializan gasolina y diésel bajo este esquema, incluida la ubicada en Viru Viru. Añadió que, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), existen más estaciones habilitadas.
Diésel importado llega a Bs 21,15
Respecto al precio del diésel, Ostoic señaló que el producto importado por privados se comercializa actualmente a Bs 21,15 por litro, frente a los Bs 17,95 del combustible comercializado por YPFB.
Explicó que el precio del producto importado está condicionado principalmente por tres factores: la cotización internacional del petróleo, el tipo de cambio y el costo del transporte desde el lugar de origen hasta Bolivia.
Sobre este último punto, afirmó que el incremento del precio del diésel generó un aumento cercano al 60% en el costo del flete utilizado para trasladar el combustible en cisternas.
Plantean eliminar temporalmente impuestos
Ostoic también se refirió a la propuesta de eliminar temporalmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) para los combustibles importados.
Según su estimación, una medida de este tipo permitiría reducir el precio del diésel importado desde Bs 21,15 hasta un nivel inferior a Bs 18, alrededor de Bs 17,50.
El empresario sostuvo que estos impuestos terminan trasladándose al consumidor mediante la estructura de costos y consideró que una eventual eliminación temporal tendría un impacto directo sobre el precio final.
La propuesta, dijo, coincide con un planteamiento realizado por el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, y está a la espera de una definición del Gobierno sobre su posible aplicación.
