Los audios y denuncias sobre presunto tráfico de influencias en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) han destapado un escándalo que podría trascender a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y comprometer a funcionarios del Ejecutivo. ¿Quién autorizaba esas contrataciones?, ¿quién protegía a los parlamentarios involucrados?, ¿por qué fue apartada la funcionaria que afirma haberse resistido a las presiones? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llegaba el conocimiento de las autoridades del Gobierno de Rodrigo Paz?
Las grabaciones atribuidas a los diputados oficialistas Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), muestran presuntas exigencias y amenazas contra Daniela Quiroga, exdirectora de AISEM, para imponer nombramientos de recomendados políticos. Quiroga también señaló al jefe de bancada del PDC, Óscar García. Las acusaciones deben corroborarse individualmente, pero su gravedad impide tratarlas como simples discrepancias administrativas.
Según Quiroga, recibió entre 80 y 100 hojas de vida remitidas por parlamentarios, de las cuales unas 40 terminaron en contrataciones porque los postulantes cumplían los requisitos. El problema no es que un diputado recomiende a una persona calificada, sino que pretenda imponerla con amenazas o presiones políticas.
El escándalo adquiere otra dimensión por sus posibles conexiones con el Ejecutivo. Quiroga declaró que Medinaceli usaba una oficina en el piso 19 de la Casa Grande del Pueblo, donde habría sostenido reuniones sobre nombramientos. ¿Quién autorizó ese uso y qué funcionarios lo sabían? Una oficina no prueba complicidad gubernamental, pero exige explicaciones documentadas.
Más preocupante es su salida de la dirección de AISEM el 26 de octubre, tras amenazas de destitución por resistirse a contratar personas que no cumplían los requisitos. Denunció además que un postulante rechazado fue incorporado inmediatamente después. De confirmarse, corresponde investigar quién decidió su reemplazo y si hubo coordinación con los parlamentarios denunciados. Destituir a quien se niega a cometer irregularidades sería tan grave como las propias presiones.
Quiroga afirmó que intentó reunirse dos veces con el presidente Paz sin conseguir audiencia y que la ministra de Salud, Marcela Flores, conocía las presiones. Eso no demuestra que el presidente estuviera informado ni que la ministra participara en actos ilícitos, pero obliga a esclarecer quién recibió las solicitudes y qué se hizo. El Ministerio de Salud, además, promovió investigaciones contra Quiroga por presuntas irregularidades administrativas, que ella considera represalias. Ambas cuestiones deben investigarse por separado: sería inadmisible intimidar a una denunciante con una investigación legítima, pero también eximirla solo por haber denunciado.
La reacción del oficialismo tampoco ha estado a la altura. Óscar García defendió la recomendación de militantes para cargos estatales, reflejo de la cultura política que Bolivia debe erradicar: creer que ganar elecciones da derecho a repartir empleos públicos entre quienes contribuyeron a la campaña. El Estado no pertenece al partido gobernante; los funcionarios deben elegirse por capacidad y honestidad, no por su cercanía con diputados o dirigentes. Preocupa también que el presidente Paz no haya asumido una posición suficientemente clara sobre las responsabilidades de su bancada. No se le puede atribuir conocimiento sin pruebas, pero sí exigir que la verdad se conozca, aunque comprometa a sus colaboradores más cercanos.
La Fiscalía debe investigar de oficio, sin esperar autorizaciones políticas ni limitarse a los diputados: peritaje de los audios originales, comunicaciones, expedientes de contratación y registros de ingreso a la Casa Grande del Pueblo. La ley boliviana contempla prisión para el uso indebido de influencias, el cohecho y otras formas de corrupción; acreditada la responsabilidad, deben aplicarse las sanciones, incluida la pérdida del mandato, y no una mera suspensión temporal. El PDC debe abrir procesos disciplinarios independientes, incluso la expulsión si corresponde, y la Cámara de Diputados activar sus mecanismos de ética.
Este escándalo revela un problema que trasciende a los diputados y al Gobierno actual. Durante décadas, distintos partidos han usado las instituciones estatales como instrumentos de reparto político. Cambian los gobernantes, pero persisten el clientelismo, el favoritismo y la protección mutua.
No basta promulgar leyes anticorrupción si las instituciones que deben aplicarlas siguen sometidas a intereses partidarios. Bolivia necesita profesionalizar la administración pública, reducir la discrecionalidad en los nombramientos y establecer control ciudadano efectivo. El presidente Paz tiene una oportunidad decisiva para demostrar que su compromiso institucional no es solo discursivo: debe ordenar una auditoría independiente de AISEM, exigir explicaciones al Ministerio de Salud y garantizar plena cooperación con el Ministerio Público. La verdadera prueba de un Gobierno que dice combatir la corrupción no es perseguir los abusos de sus adversarios, sino permitir que se sancione a sus propios colaboradores.
Si se prueba que las presiones contaron con la colaboración de funcionarios del Ejecutivo, el caso dejará de ser un escándalo de diputados para convertirse en un problema de responsabilidad gubernamental, y ninguna jerarquía política debe impedir que se investigue a autoridades superiores.
Sin castigo a la corrupción, sin una administración meritocrática y sin control ciudadano permanente como los Consejos Ciudadanos Sectoriales (CCS) propuestos, Bolivia seguirá cambiando de gobernantes sin cambiar las prácticas que han destruido la confianza en el Estado. El escándalo AISEM debe ser un punto de inflexión: no solo para determinar quiénes abusaron de su poder, sino para impedir que cualquier gobierno vuelva a considerar las instituciones públicas patrimonio de su partido.


