El Gobierno del presidente Rodrigo Paz cerró una semana con avances en dos frentes de negociación, pero mantiene abiertos conflictos con sectores sindicales que cuestionan el alcance y la falta de consenso de algunas de sus reformas.
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Los acuerdos con alcaldes de ciudades capitales y representantes médicos permiten al Ejecutivo avanzar en una agenda de reorganización institucional y sanitaria. En contraste, el magisterio urbano continúa movilizado contra la propuesta de descentralización educativa, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) anunció una marcha nacional para el próximo 27 de noviembre.
El escenario refleja una estrategia gubernamental de negociación sectorial que obtiene resultados en algunas mesas, pero que todavía no consigue un entendimiento con organizaciones que advierten sobre posibles efectos de las reformas en la educación pública, los derechos laborales y la distribución de responsabilidades estatales.
Alcaldes y Gobierno avanzan en la agenda 50/50
Uno de los principales entendimientos se produjo entre el presidente Rodrigo Paz y los alcaldes de las ciudades capitales, además de El Alto, quienes acordaron avanzar en la denominada agenda 50/50.
La propuesta apunta a revisar la distribución de recursos y competencias entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos municipales. Entre los temas planteados figuran una mayor autonomía en la gestión local, la revisión de responsabilidades, el financiamiento de servicios municipales y la simplificación de trámites administrativos.
El acuerdo político fue suscrito el 29 de septiembre mediante el Acuerdo 002/2026. Sin embargo, el entendimiento no implica que los municipios reciban automáticamente el 50% de los recursos nacionales. Se trata de una agenda de negociación que requiere trabajo técnico y la construcción de normas para definir cómo se aplicarán los cambios.
Para avanzar en ese proceso, el Gobierno anunció la instalación de seis mesas técnicas entre el 23 de noviembre y el 11 de diciembre. En ellas se abordarán asuntos como el régimen laboral, la inspección técnica vehicular, la coparticipación tributaria y los recursos fiscales.
La propuesta también plantea revisar las normas que, según los municipios, limitan sus competencias y dificultan la sostenibilidad financiera de los servicios que prestan a la población.
Cinco acuerdos permiten bajar la tensión con los médicos
El segundo avance del Ejecutivo se produjo en el sector salud. El jueves 19 de noviembre, la ministra de Salud, Marcela Flores, y representantes del Consejo Médico Nacional firmaron un acta de entendimiento después de aproximadamente cinco horas de negociación.
El documento contiene cinco compromisos que permitieron encaminar una salida a la tensión que había llevado a los médicos a declararse en estado de emergencia.
Uno de los puntos centrales establece la ratificación de la vigencia de la Ley 3131, sin impulsar su modificación, derogación o abrogación. También se acordó mantener la estructura y el funcionamiento actuales de la residencia médica.
En materia de formación profesional, las partes plantearon trabajar en la creación del Consejo Boliviano de Educación Superior en Salud, que reemplazará al Comité Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CNIDAI).
Otro compromiso está relacionado con la institucionalización de cargos médicos mediante concursos de méritos y exámenes de competencia. Los colegios médicos participarán en los tribunales encargados de esos procesos.
Finalmente, se acordó instalar mesas técnicas para analizar una actualización del Código de Seguridad Social.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, destacó que se alcanzó un entendimiento y que el trabajo continuará de manera coordinada. Por su parte, el titular del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, señaló que el acuerdo brinda tranquilidad sobre la estabilidad laboral y los concursos de méritos.
Magisterio urbano mantiene el conflicto por la descentralización
Mientras el Gobierno consiguió acuerdos con alcaldes y médicos, el conflicto con el magisterio urbano continúa sin una solución.
El principal punto de desacuerdo es la propuesta gubernamental de descentralizar la administración de los institutos técnicos y tecnológicos, con la transferencia de responsabilidades a las gobernaciones.
Los dirigentes del magisterio consideran que la medida podría debilitar la educación fiscal y abrir el camino a una eventual privatización. El Gobierno, en cambio, sostiene que busca reorganizar las competencias administrativas.
Entre las demandas de los maestros están el cumplimiento del acuerdo de mayo, que —según sus dirigentes— comprometía al Ejecutivo a no avanzar con la descentralización; la garantía de recursos económicos para las nuevas responsabilidades y el mantenimiento de los ítems docentes bajo responsabilidad del nivel central.
El sector también exige abrir un debate sobre la nueva malla curricular y reclama una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz.
El ejecutivo de los maestros urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, cuestionó que las gobernaciones deban asumir nuevas obligaciones sin contar necesariamente con presupuesto suficiente para infraestructura, equipamiento y servicios básicos.
La movilización prevista para este viernes 20 de noviembre forma parte de las medidas de presión. En Santa Cruz, la marcha fue anunciada para las 15:00, mientras que en otras regiones también se prevén protestas.
El sábado 21, un ampliado nacional del magisterio evaluará nuevas acciones, entre ellas la posibilidad de convocar a un paro de 72 horas. El sector plantea recuperar los días de clases perdidos mediante jornadas adicionales, pero rechaza que se apliquen descuentos salariales.
El antecedente más reciente es el entendimiento alcanzado el 11 de noviembre entre el Gobierno y el magisterio rural para suspender el anteproyecto de descentralización e instalar mesas técnicas regionales. Sin embargo, los maestros urbanos consideran que sus demandas todavía no fueron atendidas.
La COB anuncia una marcha nacional para el 27 de noviembre
La Central Obrera Boliviana también elevó la presión sobre el Ejecutivo. La organización, encabezada por Mario Argollo, anunció una movilización nacional para el viernes 27 de noviembre en respaldo a los sectores que mantienen conflictos con el Gobierno, particularmente el magisterio urbano.
La decisión fue adoptada después de un ampliado de emergencia en el que se analizó la situación del país y las demandas de las organizaciones afiliadas.
Argollo afirmó que la marcha tendrá carácter reivindicativo y pacífico, sin una finalidad partidaria. La convocatoria busca mostrar unidad entre los trabajadores de los nueve departamentos y respaldar las demandas de los sectores movilizados.
Entre los cuestionamientos de la COB están la falta de consenso en las reformas gubernamentales, las políticas que podrían afectar a los trabajadores, la descentralización educativa y el cumplimiento de compromisos asumidos con las organizaciones sociales.
La posición de la central obrera también se relaciona con el acuerdo de pacificación firmado en junio de 2026 entre Rodrigo Paz y Mario Argollo, después de 50 días de protestas y bloqueos.
En ese entendimiento, el Gobierno asumió compromisos vinculados con la no privatización de empresas públicas estratégicas, la no promoción de normas que criminalicen la protesta, la revisión de procesos contra dirigentes movilizados y la transparencia en las negociaciones de créditos internacionales.
Ahora, el magisterio sostiene que los compromisos con la COB deben ser respetados también en materia educativa. La controversia se concentra en si la descentralización representa una reorganización administrativa o si puede trasladar obligaciones a las gobernaciones sin garantizar los recursos necesarios.
Una semana clave para el Gobierno
Los próximos días serán determinantes para medir si los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo pueden traducirse en avances concretos y si existe margen para evitar que las protestas sindicales se amplíen.
El sábado 21 de noviembre, el magisterio urbano definirá nuevas medidas de presión. Dos días después, el 23 de noviembre, está previsto el inicio de las mesas técnicas con los municipios, que continuarán hasta el 11 de diciembre.
La COB, entretanto, mantiene en pie su convocatoria a una marcha nacional para el 27 de noviembre.
Por ahora, el Gobierno tiene dos acuerdos sectoriales que le permiten avanzar en su agenda con alcaldes y médicos, pero enfrenta un escenario distinto con los maestros urbanos y la principal organización matriz de los trabajadores.
La diferencia está en el alcance de los entendimientos: mientras los acuerdos con municipios y médicos quedaron plasmados en documentos y compromisos específicos, el conflicto educativo sigue abierto y la COB se prepara para llevar sus cuestionamientos a las calles.


