Las iglesias evangélicas de Bolivia intensificaron su rechazo al proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia y pidieron frenar su tratamiento en la Asamblea Legislativa. Sus representantes advierten que la iniciativa podría poner en riesgo a personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes en situación de vulnerabilidad, mientras exigen que el Estado priorice la atención médica y los cuidados paliativos.
Table Of Content
- Iglesias evangélicas advierten sobre riesgos para personas vulnerables
- ANDEP pide defender la vida y fortalecer los cuidados paliativos
- ¿En qué estado se encuentra el proyecto de eutanasia?
- ¿Qué contempla la propuesta de ley?
- La Iglesia Católica también rechaza la eutanasia
- El debate también divide a los legisladores
- La muerte de Aldrin Ichuta reactivó la discusión
- Un debate entre autonomía, protección y atención médica
El pronunciamiento se produce en medio de un debate nacional que volvió a cobrar fuerza tras el fallecimiento de Aldrin Ichuta, el joven que padecía cáncer avanzado y que había solicitado públicamente la aprobación de una norma que permitiera acceder a la eutanasia para evitar sufrimientos extremos.
La discusión enfrenta dos posiciones: por un lado, quienes defienden la autonomía de los pacientes para decidir sobre el final de su vida y, por otro, quienes consideran que el Estado debe garantizar el alivio del dolor y el acompañamiento médico sin permitir procedimientos destinados a provocar la muerte.
Iglesias evangélicas advierten sobre riesgos para personas vulnerables
El presidente del Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas, Luis Aruquipa Carlo, expresó un rechazo contundente al proyecto de ley. Su principal argumento es que la vida es un don de Dios y que ninguna persona debería decidir deliberadamente poner fin a la existencia de otra.
Aruquipa advirtió que una eventual legalización de la eutanasia podría generar situaciones de presión sobre personas que dependen de sus familias o que atraviesan enfermedades graves.
Entre sus principales preocupaciones mencionó la posibilidad de que pacientes con discapacidad, adultos mayores y enfermos terminales lleguen a sentirse una carga económica o emocional para sus familiares.
También cuestionó que la eutanasia pueda convertirse en una alternativa frente a los costos que implica el cuidado de personas con enfermedades irreversibles.
Estas advertencias corresponden a la posición de la dirigencia religiosa y no constituyen hechos demostrados sobre el contenido o la aplicación de la propuesta legislativa.
El representante evangélico sostiene que el Estado debería concentrar sus esfuerzos en garantizar atención médica, medicamentos, alivio del dolor y acompañamiento integral para los pacientes.
ANDEP pide defender la vida y fortalecer los cuidados paliativos
La Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (ANDEP) también reiteró su oposición a la eutanasia. Su secretario ejecutivo, Henry Nogales, expresó el jueves 19 de noviembre su rechazo a la reapertura del debate legislativo.
Entre los planteamientos de la organización están defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, garantizar el derecho a la objeción de conciencia y fortalecer las políticas públicas de cuidados paliativos.
Nogales también planteó que los pacientes terminales reciban apoyo espiritual, material y hospitalario, en lugar de que la eutanasia sea considerada una respuesta a las deficiencias del sistema sanitario.
El dirigente aclaró, además, que la presidencia oficial de ANDEP corresponde al pastor Belfo Gutiérrez y cuestionó que otras personas se atribuyan la representación institucional de la organización.
La postura evangélica coincide en varios puntos con el rechazo expresado por la Iglesia Católica, aunque ambas instituciones mantienen sus propias estructuras y argumentos religiosos e institucionales.
¿En qué estado se encuentra el proyecto de eutanasia?
La propuesta fue presentada el 11 de agosto de 2026 por el diputado Diego Andrés Brañez, de la alianza APB-Súmate, bajo el nombre de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia.
Su tratamiento legislativo atravesó varias etapas y suspensiones:
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15 de octubre: la Comisión de Constitución tenía previsto tratar el proyecto.
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28 de octubre: la comisión suspendió su tratamiento después de recibir solicitudes de fundaciones provida e iglesias que pidieron socializar la propuesta.
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16 de noviembre: falleció Aldrin Ichuta, quien había impulsado públicamente la aprobación de la norma.
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17 de noviembre: Brañez anunció que repondría el proyecto ante la nueva Comisión de Constitución y buscaría respaldo de distintas fuerzas políticas.
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20 de noviembre: la iniciativa volvió al centro del debate público por el rechazo de organizaciones religiosas.
La eutanasia todavía no está legalizada en Bolivia. El proyecto debe seguir el procedimiento legislativo correspondiente y conseguir los respaldos necesarios para avanzar.
La discusión no se limita a la aprobación o rechazo de la eutanasia: también incluye el alcance de los cuidados paliativos, la atención a pacientes con enfermedades irreversibles y las garantías que debe ofrecer el sistema de salud.
¿Qué contempla la propuesta de ley?
El diputado Diego Brañez sostiene que el proyecto no busca obligar a ninguna persona a solicitar la eutanasia, sino establecer un procedimiento voluntario para pacientes que atraviesan enfermedades irreversibles y sufrimiento extremo.
Entre los elementos planteados figuran la aplicación a personas mayores de edad, la evaluación de las condiciones médicas y la participación de una junta de profesionales.
La propuesta también contempla que la decisión sea personal y voluntaria, con la posibilidad de desistir. Además, incluye garantías relacionadas con la atención paliativa.
El proyectista sostiene que aproximadamente el 80% del contenido del proyecto está relacionado con cuidados paliativos y que las principales diferencias se concentran en la regulación de la eutanasia.
Este punto es central en la discusión: mientras sus impulsores consideran que la iniciativa busca ampliar las opciones de los pacientes y garantizar atención integral, sus detractores temen que la regulación de la muerte asistida abra espacios para presiones sobre personas vulnerables.
La Iglesia Católica también rechaza la eutanasia
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó su rechazo a la legalización de la eutanasia mediante un comunicado publicado el 15 de octubre, titulado El valor sagrado de la vida y el rechazo a la eutanasia.
La institución sostiene que la vida humana tiene un valor sagrado y que no se debe provocar deliberadamente la muerte como respuesta al sufrimiento.
En su posición, el Estado debe garantizar cuidados paliativos accesibles, fortalecer la atención médica y psicológica y ofrecer acompañamiento familiar, espiritual y sanitario a los pacientes terminales.
Monseñor Eugenio Coter cuestionó que el proyecto no desarrolle suficientemente alternativas para aliviar el dolor extremo, como la sedación profunda, sin provocar deliberadamente la muerte.
Por su parte, la asesora jurídica de la CEB, Susana Inch, advirtió sobre posibles incompatibilidades constitucionales y señaló que la Iglesia podría evaluar acciones legales si la norma llega a ser aprobada.
Así, las principales organizaciones religiosas del país coinciden en pedir que el debate priorice la protección de la vida y el fortalecimiento de los cuidados paliativos.
El debate también divide a los legisladores
Las posiciones dentro de la Asamblea Legislativa tampoco son uniformes.
El diputado Diego Brañez, de APB-Súmate, defiende la iniciativa y sostiene que los pacientes deben tener la posibilidad de decidir voluntariamente sobre el final de su vida, bajo condiciones médicas y legales específicas.
En contraste, el diputado Manolo Rojas, del PDC, pidió que la propuesta sea tratada con urgencia, pero que su análisis se realice desde criterios científicos y médicos, más allá de las creencias religiosas.
La diputada Milca Rojas, también del PDC, rechaza la eutanasia, aunque respalda una ley que garantice cuidados paliativos. Considera que la propuesta debe analizarse tomando en cuenta la protección constitucional de la vida.
Por su parte, Adriana Jiménez, de Libre, pidió que el proyecto sea estudiado con mayor tiempo y que se escuche a distintos sectores sociales y religiosos.
Las diferencias muestran que el tratamiento legislativo requerirá un debate que incluya criterios médicos, jurídicos, éticos, religiosos y de derechos individuales.
La muerte de Aldrin Ichuta reactivó la discusión
Aldrin Ichuta fue una de las voces más visibles a favor de la aprobación de la eutanasia en Bolivia. El joven padecía cáncer avanzado y había solicitado públicamente que se aprobara una norma que permitiera a pacientes en condiciones similares decidir sobre el final de su vida.
Su fallecimiento, ocurrido el 16 de noviembre, reactivó la discusión política y social sobre la iniciativa.
Tras su muerte, el diputado Brañez pidió que su lucha no quedara sin respuesta y anunció que insistiría en la reposición del proyecto.
El caso puso nuevamente sobre la mesa preguntas que van más allá de las posiciones religiosas o políticas: cómo garantizar medicamentos, cuánto cuesta atender a pacientes con enfermedades avanzadas, qué alternativas existen para aliviar el dolor y qué capacidad tiene el sistema público de salud para acompañar a las personas en etapas terminales.
Un debate entre autonomía, protección y atención médica
El rechazo de las iglesias evangélicas añade presión social a un proyecto que todavía debe recorrer el camino legislativo. Sus representantes piden detener su tratamiento y priorizar una política de cuidados paliativos que garantice atención integral a los pacientes.
Los impulsores de la iniciativa, en cambio, defienden la necesidad de reconocer la autonomía de las personas que atraviesan sufrimientos extremos y establecer procedimientos regulados.
La discusión plantea un desafío para la Asamblea Legislativa: analizar las garantías para los pacientes, las condiciones médicas, la objeción de conciencia y las obligaciones del Estado en materia de salud.
Por ahora, la eutanasia continúa sin estar legalizada en Bolivia y el proyecto permanece en el centro de una controversia que enfrenta convicciones religiosas, derechos individuales y demandas por una atención sanitaria digna.


