Por: González Chávez
El estado de excepción era una medida largamente esperada por diversos sectores de la población, que observaban con creciente frustración cómo los bloqueos se prolongaban mientras el Estado parecía practicar una curiosa variante del inmovilismo activo.
Desde la perspectiva política, la decisión constituye un intento de recuperar credibilidad, autoridad y reputación gubernamental, activos que, como las reservas internacionales, resultan más fáciles de perder que de reconstruir.
Sin embargo, su éxito no se medirá por la contundencia de los decretos ni por la solemnidad de los discursos, sino por resultados concretos. En particular, por su capacidad para cumplir el objetivo central que justifica una medida tan excepcional: restablecer la libre circulación en las carreteras del país. Ojalá que ello se logre al menor costo posible en vidas humanas, porque incluso las victorias políticas más celebradas suelen volverse amargas cuando la factura la pagan los ciudadanos.
