FMI fija la hoja de ruta del ajuste en Bolivia: subsidio a combustibles debe desaparecer en 2027
El Memorando de Políticas Económicas y Financieras plantea un ajuste fiscal equivalente al 8,5% del PIB hasta 2029, un tipo de cambio más flexible y el fin del financiamiento del Banco Central al...
El Gobierno de Bolivia formalizó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un plan de ajuste fiscal, monetario y estructural para los próximos tres años. El acuerdo se enmarca dentro del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con una vigencia de 36 meses. El Ejecutivo remarcó que las decisiones adoptadas corresponden a compromisos soberanos orientados a estabilizar la macroeconomía y no responden a imposiciones del organismo.
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Detalles del acuerdo bajo el Servicio Ampliado del FMI
El Memorando de Políticas Económicas y Financieras define la ruta económica que seguirá el país hasta 2029. El plan establece revisiones trimestrales por parte del FMI, fijando la primera evaluación para diciembre de 2026 sobre la base de los indicadores acumulados a septiembre.
Las prioridades de la estrategia incluyen consolidar la disciplina en las cuentas públicas, limitar el gasto corriente, frenar el financiamiento centralizado y reestructurar empresas estatales no rentables.
Fin gradual a las subvenciones de combustibles desde 2027
El esquema trazado para los hidrocarburos congela los precios internos de los combustibles durante todo el año 2026. No obstante, estipula que a partir de enero de 2027 los costos en el mercado nacional deberán nivelarse progresivamente hasta alcanzar montos de recuperación real.
En consecuencia, el Presupuesto General del Estado de 2027 no incorporará partidas del Tesoro ni de empresas públicas destinadas a subvencionar combustibles. Para amortiguar el impacto en la población vulnerable, se prevé implementar programas de asistencia social focalizada mediante la creación de un registro social unificado. Asimismo, se fomentará la participación de actores privados en la importación y comercialización de hidrocarburos, permitiendo que las refinerías adquieran crudo para su procesamiento local.
Ajuste fiscal del 8,5% del PIB y contención del gasto
La meta principal del programa es erradicar el déficit primario del sector público no financiero. Se proyecta una consolidación fiscal equivalente al 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, con el propósito de reducir el déficit global hasta cerca del 3,5% del PIB al cierre del periodo.
Las principales medidas para recortar el gasto público contemplan:
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Masa salarial: Contención y límite estricto a las contrataciones en el sector público.
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Inversión pública: Reducción o postergación de proyectos de baja prioridad.
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Gasto operativo: Racionalización en la adquisición de bienes y servicios, sumada a la revisión general de subsidios.
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Empresas públicas: Reestructuración operativa y financiera de estatales deficitarias.
Fin del financiamiento del BCB y régimen cambiario flexible
En el plano monetario, el Gobierno mantendrá en cero la concesión de nuevos créditos netos del Banco Central de Bolivia (BCB) al sector público no financiero. El documento señala que el uso de emisión monetaria para financiar el déficit estatal cesó formalmente a inicios de 2026, introduciendo salvaguardas legales para frenar este mecanismo.
Paralelamente, el país consolida la transición hacia un régimen de tipo de cambio determinado por el mercado. Las entidades bancarias comerciales operarán la compra y venta de divisas en tipos de cambio libremente negociados, restringiendo la intervención del BCB únicamente a situaciones de desorden severo o riesgos para la estabilidad del sistema financiero.
Proyecciones de inflación, deuda y apertura al sector privado
El programa prevé una inflación proyectada del 14% para el cierre de 2026, anticipando que la cifra retornará a un solo dígito hacia 2028 mediante el control estricto de la base monetaria. Respecto a la actividad económica, se estima un debilitamiento continuo durante 2026, con un piso en 2027 y una reactivación sostenida desde 2028.
En relación con la deuda pública, que superó el 80% del PIB al cierre de 2025, el memorando advierte un incremento inicial sobre el PIB debido a la depreciación del boliviano, fijando como meta reducirla por debajo del 90% para 2029. Finalmente, para atraer inversiones privadas, se revisarán los marcos regulatorios y tributarios en minería e hidrocarburos, y se retirarán gradualmente las restricciones a las exportaciones y los controles de precios.
