La fiscal Delmy Guzmán, quien intervino en las primeras actuaciones del denominado caso Maletas, fue destituida de sus funciones en el municipio de Cotoca, Santa Cruz. La decisión se conoció después de que el Gobierno la acusara de presuntamente obstaculizar las investigaciones sobre el ingreso de 31 maletas por el aeropuerto internacional de Viru Viru, en noviembre de 2025.
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Aunque su domicilio y una oficina vinculada a su entorno fueron allanados el viernes 6 de noviembre, hasta este lunes 9 no existe información pública que confirme su aprehensión o detención. Tampoco se informó oficialmente sobre una orden de captura en su contra.
La destitución fue confirmada por el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, y atribuida al fiscal general interino, José Armando Urioste. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, había cuestionado la actuación de Guzmán y la señaló por presuntos vínculos de confianza con el exfiscal general Roger Mariaca.
El caso abre nuevas interrogantes sobre las actuaciones iniciales del Ministerio Público, la cadena de decisiones dentro de la Fiscalía y las responsabilidades que podrían establecerse en la investigación.
¿Por qué destituyeron a la fiscal Delmy Guzmán?
Guzmán se desempeñaba como fiscal de materia en Cotoca y participó en las primeras actuaciones del caso de las 31 maletas que ingresaron por Viru Viru en noviembre de 2025.
El ministro Oviedo la acusó de presuntamente obstaculizar el avance de las investigaciones. Según la posición del Gobierno, la fiscal habría impedido que se realizaran oportunamente diligencias policiales relacionadas con un galpón donde posteriormente se encontraron sustancias controladas.
El ministro también cuestionó la relación de confianza que, según sus declaraciones, Guzmán habría mantenido con Roger Mariaca, quien ejerció como fiscal general del Estado.
Estas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos del Gobierno y no deben interpretarse como responsabilidades penales demostradas. La destitución de una funcionaria tampoco constituye, por sí misma, una declaración judicial de culpabilidad.
La decisión administrativa fue confirmada por Jimmy López, fiscal departamental de Santa Cruz. De acuerdo con la información conocida, la determinación fue atribuida al fiscal general interino, José Armando Urioste.
Allanaron su domicilio, pero no confirmaron su detención
Uno de los hechos que generó dudas sobre la situación de Guzmán fue el operativo realizado el viernes 6 de noviembre.
Durante esa jornada, las autoridades allanaron su domicilio, ubicado en la avenida Santos Dumont, entre el quinto y sexto anillo de Santa Cruz. También intervinieron una oficina vinculada a su hermano fallecido.
En los procedimientos se secuestró documentación relacionada con las investigaciones. Sin embargo, la fiscal no se encontraba en su vivienda cuando se ejecutó el allanamiento.
Hasta la actualización del 9 de noviembre, no se había informado públicamente de una orden de aprehensión contra Guzmán ni de su captura. Por ello, no corresponde afirmar que fue detenida.
La diferencia es relevante: un allanamiento es una diligencia destinada a buscar elementos relacionados con una investigación, mientras que una aprehensión implica la privación de libertad bajo las condiciones previstas por la normativa. La realización de un operativo en un inmueble no significa automáticamente que su propietario o residente haya sido arrestado.
La defensa de Guzmán rechaza las acusaciones
La exfiscal rechazó los cuestionamientos formulados por el ministro de Gobierno y defendió las actuaciones que realizó durante la primera etapa de la investigación.
Según su explicación, las solicitudes de allanamiento fueron presentadas ante las autoridades judiciales y las diligencias se ejecutaron con autorización jurisdiccional.
Guzmán sostuvo que en enero de 2026 recibió un informe de inteligencia sobre la presunta existencia de armas y que, a partir de esa información, se realizaron los procedimientos correspondientes.
Durante esos operativos, según su versión, no se encontraron las armas mencionadas en el informe. Sin embargo, sí se hallaron sustancias controladas en un galpón vinculado al exjuez Hebert Zeballos.
La exfiscal aseguró que sus actuaciones están documentadas en el cuaderno de investigación y que las decisiones adoptadas durante su intervención siguieron los procedimientos correspondientes.
También afirmó que había recibido amenazas y que solicitó medidas de protección. Este punto añade otra dimensión al caso, debido a que plantea interrogantes sobre las condiciones en las que desarrolló su trabajo y las garantías de seguridad que tuvo durante la investigación.
El Gobierno habla de una presunta estructura de encubrimiento
La posición del Ministerio de Gobierno es que las actuaciones de Guzmán habrían contribuido a retrasar o impedir diligencias importantes para esclarecer el caso Maletas.
Oviedo la señaló como parte de una presunta estructura de encubrimiento que, según la versión oficial, habría permitido que determinadas investigaciones no avanzaran oportunamente.
Uno de los puntos cuestionados está relacionado con las diligencias policiales en el galpón donde posteriormente se encontraron sustancias controladas. El Gobierno sostiene que la actuación de la fiscal habría obstaculizado procedimientos vinculados con ese inmueble.
No obstante, estas acusaciones todavía deben ser demostradas en las instancias correspondientes. Para establecer responsabilidades será necesario conocer los antecedentes documentales, las decisiones judiciales que autorizaron las diligencias y las actuaciones de cada funcionario involucrado.
La controversia también pone bajo observación la coordinación entre fiscales y policías durante la etapa inicial de la investigación.
Las preguntas que todavía debe responder el caso Maletas
La destitución de Guzmán y los allanamientos realizados el viernes no despejan las principales dudas sobre su situación jurídica ni sobre las responsabilidades dentro del Ministerio Público.
Entre los aspectos pendientes están la existencia de una investigación penal formal contra la exfiscal, si fue convocada a declarar en calidad de testigo o sindicada y si existe alguna orden de aprehensión que no haya sido comunicada públicamente.
También falta conocer qué documentos fueron secuestrados durante los allanamientos y qué información contienen. Ese material podría ser relevante para contrastar las versiones de la exfiscal y del Gobierno sobre las diligencias realizadas en enero de 2026.
Otro punto central es establecer por qué se cuestiona la actuación de Guzmán si ella sostiene que los procedimientos contaban con autorización judicial. La revisión de los antecedentes permitiría determinar qué decisiones fueron adoptadas, quiénes participaron y cuál fue la cadena de mando durante esa etapa.
El caso también plantea una pregunta institucional: qué responsabilidad corresponde a los superiores jerárquicos por las decisiones tomadas durante la investigación y qué mecanismos existen para revisar las actuaciones de los fiscales.
Por ahora, el dato confirmado es la destitución de Delmy Guzmán y los allanamientos de su domicilio y de una oficina vinculada a su entorno. Su detención, en cambio, no ha sido confirmada públicamente.
La distinción es fundamental para informar con precisión sobre un caso que involucra acusaciones graves, actuaciones fiscales y posibles responsabilidades todavía pendientes de esclarecimiento.
