Por: Miguel Ángel Amonzabel Gonzales
Las últimas reuniones entre los gobernadores y el presidente Rodrigo Paz abren nuevamente un debate fundamental para Bolivia: el futuro de la descentralización y la distribución de los recursos públicos. El acuerdo para avanzar gradualmente hacia el modelo 50 por ciento – 50 por ciento representa una oportunidad para corregir desequilibrios históricos, pero también obliga a discutir una pregunta incómoda: ¿las gobernaciones están preparadas para administrar mayores recursos con mayor eficiencia y responsabilidad?
La idea es que, a partir del Presupuesto General del Estado de 2027, las gobernaciones empiecen a participar en la recaudación del Impuesto a las Transacciones. Es un primer paso hacia una mayor autonomía financiera. Sin embargo, el debate no puede quedarse únicamente en cuánto dinero adicional recibirán las regiones. Una descentralización seria no pasa solo por definir cuánto dinero llegará a cada departamento, sino por establecer si las instituciones departamentales cuentan con la capacidad administrativa, técnica y de gestión para transformar esos recursos en resultados concretos para la población.
Los actuales gobernadores llegaron al cargo después de presentar sus planes de gobierno y promesas de desarrollo para sus departamentos. Durante la campaña electoral, no solo buscaban administrar una institución, sino asumir la responsabilidad de conducir entidades con problemas financieros acumulados, baja generación de ingresos propios y estructuras administrativas diseñadas para una realidad económica que ya no existe. Por ello, resulta difícil aceptar que hoy algunos planteen mayores recursos como la única solución, cuando quienes aspiraban a dirigir las gobernaciones debieron conocer previamente esas limitaciones y presentar propuestas para ordenar el gasto, reducir ineficiencias y mejorar la capacidad de gestión. La solución a los problemas acumulados durante años no puede depender exclusivamente de recibir más transferencias.
Precisamente, esta discusión obliga a mirar hacia atrás y evaluar cómo fueron administrados los recursos disponibles en el pasado. Durante la época de altos ingresos por hidrocarburos, muchas gobernaciones ampliaron su burocracia, incrementaron planillas, crearon nuevas dependencias y elevaron el gasto corriente. Cuando los recursos disminuyeron, quedaron estructuras con costos fijos elevados y menor capacidad para destinar recursos a inversiones que generen desarrollo.
Nadie niega que los gobernadores tienen parte de razón cuando señalan que recibieron competencias sin el financiamiento correspondiente. También es razonable plantear que determinadas decisiones pueden gestionarse mejor desde las regiones para lograr mayor eficiencia. Pero autonomía no puede significar solamente recibir más recursos. La autonomía real implica asumir obligaciones, mejorar la administración pública y rendir cuentas a la ciudadanía por los resultados obtenidos.
Además, cualquier cambio en la distribución de recursos afecta el equilibrio de las finanzas públicas nacionales. Bolivia enfrenta una etapa de menores ingresos y menor disponibilidad de recursos provenientes del gas, por lo que cada nivel de gobierno debe asumir responsabilidad sobre el gasto. No se trata únicamente de repartir recursos, sino de construir un sistema sostenible, con competencias, ingresos y obligaciones claramente definidos, evitando que los problemas simplemente sean trasladados de un nivel del Estado a otro.
El gran problema estructural de las gobernaciones durante los últimos veinte años ha sido su elevada dependencia del Gobierno central. La mayor parte de sus ingresos proviene de regalías, del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y de transferencias nacionales. La caída de las exportaciones de gas dejó en evidencia la fragilidad de este modelo y demostró que una economía regional no puede depender indefinidamente de una sola fuente de financiamiento.
A esta dependencia financiera se suma la dificultad de muchas gobernaciones para impulsar un desarrollo económico propio. En gran medida, se han concentrado en ejecutar obras y administrar programas, pero pocas han logrado promover procesos sostenidos de industrialización, atraer inversión privada o fortalecer cadenas productivas regionales. Después de dos décadas de descentralización, varias regiones todavía esperan que sea el Estado central el que impulse el crecimiento económico.
Otro aspecto fundamental del debate es la calidad del gasto público. Varias gobernaciones mantienen estructuras administrativas grandes en relación con sus ingresos disponibles, con presupuestos donde el gasto corriente tiene un peso importante frente a la inversión. Una institución pública no debe medir su éxito únicamente por la cantidad de funcionarios contratados o por el porcentaje de ejecución presupuestaria, sino por su capacidad de transformar recursos públicos en mejores condiciones de vida para la población.
La reforma necesaria no consiste únicamente en obtener más dinero, sino en administrar mejor los recursos que ya existen. Las gobernaciones requieren procesos de evaluación de personal, capacitación permanente, digitalización administrativa, eliminación de duplicidades y profesionalización del servicio público. Gran parte del problema no está solamente en la falta de recursos, sino en la ausencia de sistemas modernos de gestión que permitan utilizarlos con eficiencia.
Tampoco se debe olvidar que durante los años de bonanza existieron casos de corrupción, contrataciones cuestionadas y proyectos definidos más por criterios políticos que por criterios técnicos. Obras inconclusas, inversiones sobredimensionadas y decisiones sin suficiente planificación generaron costos económicos y sociales. La discusión actual debe servir para corregir esas prácticas y construir instituciones departamentales más transparentes, técnicas y orientadas a resultados.
El modelo 50-50 puede convertirse en una oportunidad histórica si se entiende como un nuevo pacto fiscal y no como una simple transferencia de recursos. Bolivia necesita gobernaciones con mayor capacidad, pero también con mayor responsabilidad. El verdadero desafío no es solamente contar con más presupuesto, sino lograr que cada recurso público se convierta en desarrollo, empleo y mejores servicios para la población. La descentralización debe dejar de ser una disputa por recursos y transformarse en una discusión sobre resultados concretos.
