El Gobierno nacional oficializó la intervención extraordinaria de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por un plazo de 180 días calendario, prorrogables por 90 días adicionales. La medida se formalizó mediante el Decreto Supremo 5699, promulgado el 2 de septiembre y ejecutado la mañana del jueves 3 de septiembre.
La intervención, calificada como temporal y de aplicación inmediata, busca atender “deficiencias, riesgos y vulnerabilidades” en los mecanismos de regulación, control y fiscalización del abastecimiento de carburantes. Según el texto oficial, parte de esta problemática responde a decisiones normativas y contractuales asumidas en gestiones pasadas.
Ejecución de la medida e inicio de la comisión gubernamental
La toma de control administrativo de las oficinas centrales de la ANH en La Paz estuvo encabezada por el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; el ministro de Producción Sostenible, Óscar Justiniano; y el viceministro de Transparencia, Yamil García.
Para la conducción del proceso se constituyó la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, integrada por los ministerios de Hidrocarburos, Producción Sostenible, Obras Públicas y el Viceministerio de Transparencia. Asimismo, se designó a Jorge Luis Gumucio como director ejecutivo interino de la entidad durante el periodo de intervención.
Los 10 objetivos clave del proceso de intervención
El Decreto Supremo 5699 fija diez tareas prioritarias para la comisión gubernamental:
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Relevamiento integral: Levantar datos para aplicar correcciones e identificar responsabilidades técnicas y operativas.
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Identificación de perjuicios: Determinar los daños económicos y operativos causados al sector en gestiones pasadas.
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Auditorías especializadas: Disponer auditorías técnicas y legales sobre los actuados de la entidad.
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Fortalecimiento institucional: Recuperar la capacidad regulatoria y de control del Estado sobre la cadena de carburantes.
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Evaluación de gestión: Fiscalizar la administración regulatoria y operativa de la ANH.
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Análisis de deficiencias: Detectar el origen de los riesgos y omisiones en la fiscalización del mercado.
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Revisión de licencias: Verificar los requisitos y efectos de las autorizaciones otorgadas a operadores.
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Medidas correctivas: Aplicar acciones inmediatas para estabilizar la fiscalización.
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Protección del patrimonio: Precautelar los recursos económicos e intereses del Estado.
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Control de prácticas nocivas: Frenar acciones que afecten el interés público y el suministro regular.
Contexto de crisis y antecedentes de reestructuración
La medida se ejecuta de forma simultánea a la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en un escenario marcado por la escasez de diésel y gasolina. De acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos, Bolivia importa el 60% de la gasolina y el 95% del diésel consumidos a escala nacional, lo que representa un desembolso semanal estimado de 90 millones de dólares.
Esta acción sigue al anuncio realizado el pasado 17 de agosto por el ministro Marcelo Blanco, quien proyectó el cierre definitivo de la ANH para dar paso a un nuevo ente regulador estructurado bajo criterios de meritocracia y transparencia. La intervención actual actúa como la fase de transición técnica e institucional previa a la disolución legal de la entidad.
