El analista económico y líder de Alianza por La Libertad, Jaime Dunn, hizo una evaluación crítica del primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz. Si bien reconoció algunas medidas iniciales para corregir los desequilibrios económicos, sostuvo que el Gobierno todavía no ha impulsado las transformaciones estructurales que, a su juicio, necesita Bolivia.
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“Cambiamos de presidente, pero no de sistema”, resumió Dunn durante una entrevista en el programa Desayuno Informado. Para el analista, el país cambió de autoridades, pero mantiene las estructuras políticas y económicas que, según su interpretación, favorecieron durante décadas el clientelismo, la distribución de privilegios y la corrupción alrededor del Estado.
Dunn recordó que Rodrigo Paz recibió un país con déficit fiscal, inflación, escasez de dólares, recesión y problemas de corrupción. Aclaró que el actual mandatario no originó esa crisis, pero consideró que llegó al Gobierno con el mandato de modificar el sistema que la produjo.
En su balance, dividió la gestión entre aspectos positivos, negativos y preocupantes. Entre los avances mencionó la flexibilización del tipo de cambio, la reducción de algunos subsidios, el reconocimiento de la necesidad de disciplina fiscal y la obtención de financiamiento internacional. También destacó acciones en materia de seguridad, entre ellas la captura de narcotraficantes.
Sin embargo, advirtió que esas decisiones representan apenas el inicio de un proceso de corrección económica y no una transformación del modelo. “Bolivia dejó de caminar hacia el precipicio, pero todavía no ha empezado a subir la montaña”, afirmó.
El costo del ajuste y las reformas pendientes
Uno de los principales cuestionamientos de Dunn apunta a quién está asumiendo el costo de las medidas económicas. Según su análisis, los ciudadanos ya sienten el impacto de la crisis, mientras que el Estado no habría reducido el gasto en la dimensión que considera necesaria.
“El pueblo ya pagó el ajuste y la pregunta es: ¿cuándo se va a ajustar el Estado?”, planteó.
El analista señaló que continúan pendientes reformas en sectores como hidrocarburos, justicia, legislación laboral y régimen tributario. A su criterio, las medidas aplicadas hasta ahora no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la economía boliviana.
También cuestionó la distancia entre las promesas electorales y las decisiones adoptadas por el Gobierno. Mencionó el compromiso del 50/50 y sostuvo que la oferta de una distribución de recursos del 1% refleja una diferencia entre las expectativas generadas y los resultados presentados.
La pérdida de respaldo político y el gradualismo
Dunn atribuyó parte de las dificultades para avanzar con las reformas a la estrategia gradualista del Gobierno. Consideró que postergar decisiones económicas tiene costos, porque aumenta las necesidades de financiamiento y reduce el capital político disponible para impulsar cambios.
En ese sentido, relacionó la caída de la aprobación presidencial con la pérdida de respaldo que, según su lectura, necesita el Ejecutivo para llevar adelante transformaciones de fondo.
También mencionó factores externos que alteraron el escenario económico, entre ellos el conflicto entre Irán y Estados Unidos y sus efectos sobre los precios internacionales de los hidrocarburos. Dunn afirmó que el ahorro esperado por los cambios en los precios de los combustibles se habría reducido y mencionó una previsión de Bs 11.000 millones en subvención para 2027.
A su juicio, Bolivia llegó a una etapa en la que debe encarar reformas más profundas, pero el Gobierno enfrenta un escenario político y social más complejo que al inicio de su mandato.
La relación con la Asamblea y la Vicepresidencia
El analista también cuestionó la forma en que el presidente Rodrigo Paz ha gestionado sus relaciones con otros órganos y actores políticos. Sostuvo que las reformas estructurales no pueden ejecutarse únicamente mediante decretos y requieren acuerdos con la Asamblea Legislativa y la Vicepresidencia.
Dunn observó que el vicepresidente Edmand Lara, en lugar de actuar como un aliado institucional del Ejecutivo, asumió una posición de confrontación. Al mismo tiempo, responsabilizó al presidente por no haber aprovechado el respaldo político que tuvo inicialmente en la Asamblea.
“ No se puede transformar un país cuando el presidente y el vicepresidente parecen gobernar desde trincheras opuestas”, señaló.
Para Dunn, la falta de coordinación política reduce las posibilidades de aprobar cambios legales e institucionales. Añadió que algunas reformas de fondo, especialmente las que podrían involucrar modificaciones constitucionales, no pueden resolverse mediante decisiones unilaterales del Ejecutivo.
Justicia, reducción del gasto y cambios en el Estado
Al plantear las prioridades para los próximos meses, Dunn sostuvo que el Gobierno debería comenzar por recuperar la confianza en las instituciones y enfrentar la corrupción. En su criterio, la crisis económica está relacionada con una crisis moral e institucional que afecta la credibilidad del Estado.
Propuso que el presidente impulse una reforma de la justicia y que su propia administración se someta a mecanismos de investigación y control. Consideró que el Gobierno necesita demostrar transparencia para recuperar la confianza ciudadana.
En materia fiscal, planteó una reducción del 30% en el costo de sueldos y salarios del Estado, además de suspender el financiamiento a empresas públicas deficitarias y evaluar cuáles pueden continuar operando. También propuso que las autoridades interinas designadas por el Ejecutivo renuncien en un plazo de 90 días, para que la Asamblea pueda avanzar en los nombramientos correspondientes.
Estas son propuestas planteadas por Dunn durante la entrevista y no medidas anunciadas por el Gobierno.
“Tiene muy poco tiempo”
Consultado sobre el margen que todavía tiene Rodrigo Paz para aplicar las medidas pendientes, Dunn respondió que el tiempo es limitado. Como argumento, mencionó el Presupuesto General del Estado para 2027 y afirmó que sus previsiones no cumplirían estrictamente con lo que, según él, solicita el Fondo Monetario Internacional.
El analista advirtió que el financiamiento internacional no garantiza por sí mismo la recuperación económica. Sostuvo que esos recursos permiten ganar tiempo, pero no sustituyen las reformas institucionales ni la disciplina fiscal.
“Los dólares nuevos” podrían terminar financiando, según su preocupación, las mismas estructuras estatales que deberían transformarse.
La advertencia de Dunn apunta a la relación entre financiamiento y reformas: considera que Bolivia necesita acompañar los recursos externos con cambios en el funcionamiento del Estado, las instituciones y la economía. De lo contrario, el país podría disponer de más financiamiento sin resolver los problemas que originaron la crisis.
