Tras una audiencia de siete horas marcada por tensión, empujones y fuertes reclamos, la justicia concedió tutela al Ministerio Público sobre la derogación de un artículo de la ley municipal que promulgaba que el predio conocido como la plaza cívica fuera destinado exclusivamente a ese uso. Sin embargo, en la resolución también se dejó sentado que la Fiscalía no podrá construir inmediatamente en ese espacio sin el cambio formal de uso del suelo, lo cual abre la puerta a negociaciones y posibles alternativas.
La audiencia de Acción de Amparo Constitucional se realizó en el Palacio de Justicia de Santa Cruz. Durante el desarrollo de la misma, se registraron momentos de confrontación física leve: empujones entre asistentes, gritos en contra de fiscales y dirigentes cívicos, y amenazas verbales que obligaron al tribunal a tomar pausas para restablecer el orden. El Comité Cívico pro Santa Cruz y concejales mantuvieron una postura firme frente al Ministerio Público, que presentó su argumento de necesidad de contar con una sede institucional en ese terreno, alegando su derecho propietario.
Al finalizar, el concejal Fede Morón emitió una declaración pública para explicar el alcance de lo logrado: “… como Concejo Municipal y junto al comité cívico hemos podido dejar claro y establecido en la complementación de que no se puede cambiar el uso de suelo. Es decir, que la fiscalía no va a poder construir en un tiempo como ella quisiera”. Morón explicó que sin poder hacer la modificación de uso de suelo, no se podrá edificar nada como un edificio de varios pisos, “así que se logró y felicidades a los abogados, felicidades al Concejo y al Comité que estuvo muy firme en la defensa de este espacio vital para los cruceños.”
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, reaccionó con firmeza ante la decisión judicial. En declaraciones de hoy dijo que “Si la justicia no actúa, será el pueblo cruceño quien decida”, ya que podría convocar a un cabildo o una asamblea de la cruceñidad, además denunció que “la Fiscalía actúa contra la población cruceña” al insistir en una construcción para la que, según él, existen cuatro terrenos alternativos, incluso con predios más grandes, que podrían haberse utilizado. El dirigente afirmó que el terreno cerca del Cristo Redentor es “un espacio histórico y simbólico” para Santa Cruz, motivo por el cual será defendido “hasta el final” por la institucionalidad cívica.
El Ministerio Público mantiene su argumento legal de propiedad sobre el predio. Se sabe que la Fiscalía podría presentar un recurso legal para que se deje sin efecto el artículo municipal que declaraba ese terreno como plaza cívica, argumentando que esa ley fue mal planteada y que no fue reglamentada en administraciones anteriores.
