Bolivia declara emergencia nacional por El Niño: 114.048 familias ya sufren los efectos de la sequía
El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5759 ante la sequía que golpea a seis departamentos y el riesgo de inundaciones, heladas e incendios. Hay 114.048 familias afectadas o damnificadas.
Bolivia se prepara para enfrentar uno de los desafíos climáticos más preocupantes de los próximos meses. El presidente Rodrigo Paz firmó el Decreto Supremo 5759, que declara Situación de Emergencia Nacional ante la sequía que ya afecta a miles de familias y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027.
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La decisión, promulgada el sábado 31 de octubre, busca anticipar los efectos de un escenario climático que podría combinar dos situaciones extremas: la falta de lluvias en algunas regiones y precipitaciones intensas, inundaciones y desbordes de ríos en otras.
El problema ya tiene cifras concretas. Según el reporte del Ministerio de Defensa, entre el 1 de junio y el 29 de octubre de 2026, la sequía afectó a 114.048 familias de 63 municipios en seis departamentos del país.
Del total, 78.217 familias están afectadas y 35.831 damnificadas. El impacto también alcanza al sector agropecuario: se registran 167.511 hectáreas afectadas, de las cuales 60.106 se reportan como perdidas, además de 75.013 cabezas de ganado perdidas.
Las regiones del Altiplano, los Valles y el Chaco figuran entre las zonas que enfrentan problemas por la falta de agua. La situación compromete no solamente el consumo humano, sino también la producción agrícola, la disponibilidad de forraje y la actividad ganadera, de la que dependen miles de familias.
Una emergencia que va más allá de la sequía
El Decreto Supremo 5759 también advierte sobre posibles heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes asociados al fenómeno de El Niño.
Esto significa que Bolivia deberá prepararse para enfrentar amenazas diferentes según la región. Mientras algunas comunidades necesitan agua para sus cultivos y animales, otras podrían requerir medidas de prevención frente a lluvias intensas y crecidas de ríos.
El Gobierno aclaró que estos escenarios representan riesgos identificados y no significan que todos los eventos necesariamente vayan a ocurrir.
La declaratoria fue recomendada por el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE), mediante la Resolución 014/2026, del 30 de octubre.
¿Qué cambia con la declaratoria?
La emergencia nacional establece un marco para que las instituciones públicas actúen de manera coordinada y fortalezcan sus capacidades de prevención, atención y recuperación.
El Ministerio de Defensa tendrá un papel central en la coordinación de la respuesta, con la participación de los demás ministerios, las gobernaciones, los municipios, las Fuerzas Armadas y otras instituciones que deban intervenir.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que entre las tareas inmediatas están identificar las comunidades con mayor riesgo, actualizar los planes de contingencia y organizar los recursos disponibles para atender a la población.
Sin embargo, hay un punto que todavía requiere respuestas: el financiamiento. El decreto no establece un monto específico de recursos nuevos ni detalla cuánto dinero se destinará a atender la emergencia. El Gobierno señaló que trabaja en mecanismos de financiamiento contingente para ampliar la capacidad de respuesta.
El desafío: que la emergencia se traduzca en ayuda efectiva
La declaratoria abre una nueva etapa en la gestión de riesgos del país, pero el verdadero desafío será convertir las decisiones administrativas en acciones concretas.
Las familias necesitan agua, alimentos para el ganado, asistencia técnica y apoyo para recuperar sus actividades productivas. También será fundamental preparar a las poblaciones expuestas a inundaciones y otros eventos climáticos.
La pregunta es si Bolivia cuenta con los recursos económicos, técnicos y logísticos necesarios para responder a una emergencia que podría extenderse durante los próximos meses.
El fenómeno de El Niño 2026-2027 pondrá a prueba la capacidad de prevención y coordinación del Estado. Esta vez, el reto no será solamente reaccionar cuando llegue el desastre, sino anticiparse para reducir sus consecuencias.
