Presidenta de la ALP denuncia “grupos armados” en San Julián y anuncia acciones penales

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, María René Álvarez, denunció la existencia de grupos armados durante los conflictos registrados en distintas regiones del país y afirmó que estos hechos derivaron en la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público.

En declaraciones a medios de comunicación, la legisladora señaló que las movilizaciones recientes han estado acompañadas de hechos de violencia que, según dijo, han impedido el traslado de personas a centros de salud y han provocado fallecimientos en ciudades como La Paz y El Alto.

“Todos los hechos que se vienen dando a raíz de estas movilizaciones altamente violentas”, indicó Álvarez, al referirse al contexto general de las protestas.

Respecto a los hechos ocurridos en el municipio de San Julián, la autoridad legislativa afirmó que se evidenció la presencia de “grupos armados totalmente organizados” que habrían utilizado armas de fuego de alto calibre, generando heridos entre efectivos policiales.

“Se pudo evidenciar que las heridas que tenían eran por bala”, señaló, al referirse a policías que, según indicó, fueron evacuados y se encuentran en proceso de recuperación.

Álvarez añadió que la situación en esa región continúa generando preocupación debido a la persistencia de grupos irregulares que, según su versión, mantienen acciones de intimidación contra autoridades y la población.

Asimismo, mencionó que el alcalde de San Julián habría ingresado en situación de clandestinidad tras recibir amenazas, un hecho que, según dijo, agrava el escenario de conflictividad en la zona.

En ese contexto, informó que se presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. El abogado Juan Carlos Camacho explicó que la acción busca la identificación de los presuntos responsables de los hechos.

“Lo que busca la denuncia es justamente esta investigación se inicie”, señaló, al precisar que el proceso apunta a la identificación de autores materiales de los hechos denunciados.

Camacho indicó que la denuncia contempla los delitos de alzamiento contra la soberanía del Estado y terrorismo, y que el objetivo es que el Ministerio Público inicie las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades.

“El uso de armas de fuego (…) busca justamente un daño a la democracia”, afirmó, al señalar que los hechos denunciados formarían parte de acciones destinadas a generar zozobra e incertidumbre en la población.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa informó que, además de las acciones penales, se han impulsado proyectos normativos en el ámbito departamental, entre ellos una ley antibloqueos y una propuesta de creación de una guardia departamental en Santa Cruz.

Álvarez señaló que estas iniciativas buscan fortalecer la gestión autonómica y mejorar la capacidad de respuesta institucional en el departamento.