Reporte preliminar de la Defensoría: Conflictividad social deja un saldo de siete decesos
La Defensoría del Pueblo presentó su primer balance sobre las protestas y desbloqueos ocurridos en el país entre el 1 y el 24 de mayo. El reporte detalla que las intervenciones de la Policía y las...
La Defensoría del Pueblo presentó su primer balance sobre las protestas y desbloqueos ocurridos en el país entre el 1 y el 24 de mayo. El reporte detalla que las intervenciones de la Policía y las Fuerzas Armadas dejaron siete fallecidos, 23 heridos y 321 arrestados. La crisis comenzó por un pliego de 211 demandas de la Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Mario Argollo, que exige un aumento salarial del 20%, rechaza privatizaciones y objeta normas antibloqueos. A esto se sumaron las protestas indígenas contra la Ley 1720 de reconversión agraria —abrogada el 13 de mayo—, lo que derivó en fuertes operativos con gases y perdigones en La Paz, Cochabamba y Oruro.
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Bloqueos viales provocan decesos
El informe señala que cuatro de las siete muertes corresponden a pacientes con enfermedades de base que no pudieron llegar a un hospital debido a los cortes de ruta. Entre las víctimas están Jhelly Villanueva (40 años, enferma renal), un menor de 12 años (O.Ch.A.) atrapado en Potosí dentro de una ambulancia a la que se le negó el paso, y Ana Gabriela Mayta (20 años), quien falleció en El Alto tras sufrir demoras en su traslado. También se registró el deceso de la ciudadana beliceña Anna Enns (56 años) en Desaguadero por complicaciones viales. Esta crisis obligó a la Defensoría a coordinar un convoy de camiones para llevar 40 toneladas de oxígeno de emergencia a los hospitales paceños.
Investigan muerte por impacto de bala en operativo oficial
En el sector de los manifestantes se confirmó la muerte de Víctor Cruz Quispe (24 años) en Vilaque Copata, durante el operativo gubernamental “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”. Su certificado de defunción confirma que murió por un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”, caso que la Fiscalía ya investiga como presunto homicidio. El reporte también registra el fallecimiento de la autoridad indígena Martha Villca Sosa (50 años) por complicaciones de salud tras las marchas, y el de Alberto Cruz Chinche (71 años) en El Alto, cuyo cuerpo fue retirado por su familia sin autopsia, pese a que el Gobierno descartó bajas por armas letales o gases.
Diez detenidos reciben condena tras aceptar juicios rápidos
De los 321 arrestados en los desbloqueos —la mayoría concentrados en La Paz y El Alto—, 221 salieron libres tras cumplir el arresto policial y 89 pasaron a la justicia penal. Dentro de este grupo procesado, 43 personas recibieron libertad irrestricta, 19 detención domiciliaria, 12 prisión preventiva y cinco medidas sustitutivas. Además, diez personas se sometieron voluntariamente al “procedimiento abreviado”: admitieron su participación a cambio de un juicio rápido y recibieron una condena de tres años de prisión. Los diez sentenciados accedieron al perdón judicial bajo la prohibición estricta de portar explosivos o volver a bloquear.
Detalles de heridos
El monitoreo defensorial confirmó 23 heridos: 12 civiles, cinco transeúntes y tres policías. Los casos más graves incluyen a Gonzalo H.L., internado con destrucción maxilar y ocular severa en Río Seco, y a J.C.A.R., quien sufrió un trauma facial masivo tras explotarle accidentalmente un cachorro de dinamita. La violencia también alcanzó a dos periodistas en cobertura, quienes terminaron con heridas por esquirlas de dinamita, y al diputado Roger Labardens, agredido por manifestantes cerca del aeropuerto de El Alto. Las evaluaciones médicas generales detallan traumas en el rostro, impactos de perdigones y lesiones oculares por gases.
Piden frenar la fuerza y activar mesas de diálogo urgentes
Ante el panorama descrito, la Defensoría del Pueblo notificó al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana la obligatoriedad de ajustar los despejes de vías a los principios internacionales de proporcionalidad y legalidad. Asimismo, tras verificar el debido proceso de los detenidos y coordinar aclaraciones públicas con la Iglesia Católica, la institución exhortó formalmente al Órgano Ejecutivo y a las dirigencias movilizadas a deponer las actitudes de confrontación para instalar, de forma urgente, mesas de negociación de buena fe que frenen la violencia en el país.
