La Fiscalía dispuso la anotación de los bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, en el marco de la investigación que se abrió en su contra por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, informó Correo del Sur.
Según investigación de la Fiscalía, Huaytari recibió 193 depósitos en una cuenta, cuyo valor supera los Bs 1,4 millones. En las últimas horas, una de las empresas mencionadas en el informe de la Fiscalía se pronunció para referir que le compró al legislador masista un equipo de cinema 7D.
Además de Huaytari, el Ministerio Público solicitó anotar los bienes y congelar las cuentas bancarias de otras tres personas: Raúl C.P., Rolando G.T.A. y Zulema C.P.
“Se emitió Resolución de Anotación Preventiva y de Congelamiento de cuentas a nivel nacional a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ‘ASFI’ Nro. 01/2024 de fecha 17 de enero de 2024, a fin de que se proceda al congelamiento de cuentas”, señala el requerimiento fiscal.
El 26 de enero de este año, el Banco Unión reportó a la fiscal asignada al caso Jenny Benitez que se dio curso a la solicitud. En el caso de Huaytari, se le congelaron dos cuentas: una individual y la otra mancomunada.
“La Autoridad del Sistema Financiero ASFI, mediante carta circular ASFI/DAJ/CC-930/2024 de 24 de enero de 2024, recibida en nuestra institución el 25/01/2024, ha remitido el oficio mediante el cual nos hace conocer su instrucción de la retención de fondos, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Cabezas Pantoja Raúl y otros”, señala el informe de la entidad bancaria.
Entre el 2020 y 2022, se realizaron 193 depósitos en la cuenta mancomunada de Huaytari y su esposa Elisa S. M. por Bs 1.407.429.
El Ministerio Público informó el viernes que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en un informe de inteligencia financiera y patrimonial, identificó “presuntos incrementos de bienes y movimientos económicos de Raúl C.P., Rolando G.T. A., Lizeth P.C.P. e Israel H.M., en distintos hechos, circunstancias y momentos”, por lo que derivó el caso a la Fiscalía.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que el proceso fue derivado a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz “a raíz de un incidente de declaratoria de competencia” interpuesto por una de las personas investigadas.
