El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que cualquier información vinculada a la seguridad nacional y a la aplicación de un estado de excepción se manejará bajo reserva por parte del Gobierno, asegurando que la administración priorizará la ejecución de acciones operativas antes de emitir declaraciones públicas.
El representante de la presidencia expuso que la coyuntura actual requiere diferenciar las demandas de las organizaciones sociales, respecto a las cuales manifestó el reconocimiento del Gobierno, de los intereses vinculados a sectores que impulsan movilizaciones violentas. El portavoz fundamentó esta postura tras destacar la firma de un reciente convenio de desarrollo vial e infraestructura con las autoridades de El Alto y diversas organizaciones matrices, señalando que ese acuerdo demuestra que la negociación sectorial es la vía elegida para solucionar las necesidades regionales sin recurrir a la paralización de actividades civiles.
Los antecedentes de la Guerra del Agua
Al evaluar las sugerencias de aplicar un Estado de Excepción planteadas por actores de la oposición para resolver la crisis, el vocero analizó las consecuencias de los instrumentos coercitivos aplicados a principios de la década del 2000.
El vocero señaló las decisiones de la gestión de Quiroga como un referente en la resolución de conflictos institucionales. “Jorge Quiroga insiste en aplicar el Estado de Excepción como él lo habría hecho; supongo que se refiere a la Guerra del Agua, en la cual su gobierno dictó un estado de excepción que se dio de tal manera que provocó muertes, cientos de heridos y se debe utilizar como un ejemplo del fracaso de cómo se maneja una crisis social”, declaró, explicando que el desarrollo de esa medida forzó una reversión de la acción gubernamental a los pocos días. Afirmó que ese escenario generó las condiciones para el crecimiento político de las dirigencias del trópico de Cochabamba. “No vamos a cometer los mismos errores; para ser enfáticos, estamos actuando sin repetir los errores del pasado y vamos a vencer al esquema narcoterrorista”, complementó.
Respecto a la posibilidad de activar medidas de emergencia en el territorio nacional ante la actual situación social, Gálvez precisó el criterio con el que operará el Ejecutivo. “Respecto al estado de excepción, también quiero ser enfático en decir que cualquier información sobre la seguridad nacional la vamos a trabajar con la mayor discreción y antes de informar, vamos a actuar”, detalló.
Datos técnicos sobre el cargamento investigado en Chile
Gálvez aclaró que el cargamento detectado en el vecino país responde a operaciones aduaneras consolidadas con anterioridad al estallido de las movilizaciones civiles. “Tuto no tiene toda la información al respecto, la incautación de la droga en Chile corresponde un periodo de 4 meses, según la información preliminar que tenemos y que el último embarque de madera que habría llegado a uno de los puertos había sido al principio del mes de mayo por lo cual no hay una relación”, precisó. El vocero añadió que las afirmaciones de la oposición carecen de vinculación con la coyuntura, aunque señaló que el hallazgo confirma el diagnóstico oficial sobre la presencia de organizaciones criminales que operan en el país y que han recibido impactos durante el mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Reporte de capturas y nexos atribuidos al financiamiento de protestas
Finalmente, el vocero repasó las acciones operativas ejecutadas por la actual administración como parte de la estrategia estatal en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, detallando el arresto y expulsión de ciudadanos extranjeros requeridos por la justicia internacional.
El vocero reportó que la gestión gubernamental logró la captura y expulsión del ciudadano uruguayo Sebastián Marset, así como de Gerzon Palermo, señalado como integrante del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, además de otros operadores identificados como Clever Noriega, alias “Keke”, Micaeli Santos y Mateus Nascimento. Gálvez concluyó manifestando que las agresiones registradas contra las fuerzas del orden y la infiltración en las protestas sociales constituyen una reacción de estas estructuras ante la pérdida de sus espacios de operación. “
