El análisis surge en un contexto en el que las exportaciones de minerales alcanzaron los $us 5.751,8 millones durante el primer semestre, mientras el valor de la producción minera bordea los $us 6.000 millones, según los datos mencionados durante la entrevista. Para Zaconeta, la magnitud de esas cifras contrasta con los recursos que efectivamente quedan en el país.
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“Lo que queda es muy poco”, afirmó el investigador del CEDLA Alfredo Zaconeta, al referirse a la diferencia entre el valor de las exportaciones mineras y la recaudación que obtiene el Estado por concepto de impuestos y regalías.
El oro concentra gran parte del valor
Uno de los principales puntos señalados por Zaconeta es el peso que tiene el oro dentro de la producción minera. Según explicó, cerca de la mitad del valor de la producción minera nacional corresponde a este mineral y el 99,2% del oro explotado en Bolivia está en manos del sector cooperativo.
El investigador sostuvo que las cooperativas mineras tienen un régimen tributario diferenciado y no pagan impuestos como el Impuesto a las Utilidades, el IVA o el Impuesto a las Transacciones, por lo que el principal aporte directo al Estado se concentra en la regalía minera.
En el caso del oro, señaló que las cooperativas pagan una regalía del 2,5% bajo la clasificación de producción marginal. De acuerdo con sus cálculos, sobre un valor cercano a los $us 3.000 millones generado por este mineral, las regalías habrían representado alrededor de $us 62 millones.
La distribución de esas regalías contempla un 85% para las gobernaciones y un 15% para el municipio productor, explicó Zaconeta, quien considera que el esquema actual limita el beneficio económico que el país podría obtener de la explotación aurífera.
El desafío de dejar de exportar materia prima
Para el investigador, el problema no se limita a la tributación. Bolivia también enfrenta una limitada capacidad para transformar sus minerales antes de exportarlos, lo que mantiene al país dentro de un modelo primario exportador.
El zinc es uno de los principales ejemplos. Zaconeta señaló que Bolivia produce alrededor de 500.000 toneladas al año, pero el 99,8% sale sin valor agregado. En ese proceso también se pierden oportunidades para aprovechar otros minerales asociados al zinc, como el indio y el renio, utilizados en distintas aplicaciones tecnológicas.
El investigador recordó que desde 2010 se planteó la construcción de dos refinerías de zinc, una en Oruro y otra en Potosí. Sin embargo, cuestionó que el Gobierno haya dejado sin efecto un crédito de $us 350 millones destinado a una de esas instalaciones.
“La normativa actual no permite este aprovechamiento”, sostuvo Zaconeta, al señalar que la falta de industrialización mantiene a la minería boliviana vinculada a la exportación de concentrados y limita la posibilidad de generar mayor valor dentro del país.
Cooperativas y presión sobre la política minera
Otro de los puntos de la entrevista fue la discusión sobre el régimen tributario de las cooperativas. Zaconeta consideró que el sector debería tributar y recordó que las propias cooperativas plantearon anteriormente un aporte del 4,8%, aunque bajo la denominación de “tributo” y no de impuesto.
Según explicó, esa propuesta buscaba agrupar diferentes obligaciones tributarias que sí alcanzan a otros operadores privados. El investigador cuestionó que se plantee un tratamiento preferencial para las cooperativas frente a otros actores de la minería.
A su juicio, cualquier modificación enfrenta además un componente político debido a la influencia que las cooperativas han tenido en la definición de las políticas mineras durante los últimos años. Señaló que representantes de este sector ocuparon cargos en el área minera durante anteriores gobiernos y que esa presencia permitió una incidencia directa en las decisiones públicas.
Una actividad con reservas y nuevas inversiones pendientes
Zaconeta también advirtió sobre otro problema estructural: la falta de nuevos proyectos mineros de gran escala. Señaló que San Cristóbal, que inició operaciones en 2006, es el último gran yacimiento que entró en producción después de un proceso de exploración.
Desde entonces, afirmó, no se ha desarrollado un nuevo yacimiento que actualmente se encuentre en explotación, mientras algunas minas tradicionales avanzan hacia el agotamiento.
Para el investigador, esta situación limita las perspectivas de crecimiento del sector y plantea la necesidad de una política minera que combine nuevas inversiones, exploración geológica, industrialización y una mayor participación del Estado en los beneficios generados por los recursos naturales.
“Sentir que la minería es la principal actividad productiva económica del país que ha reemplazado al gas, es una de las principales actividades u oportunidades que tenemos en el mediano y largo plazo”, sostuvo Zaconeta, aunque remarcó que ese potencial requiere una política pública que genere condiciones para desarrollar nuevas inversiones y aprovechar de manera más integral los recursos minerales.
